Los consejos de administración de Caja de Ávila y Caja Segovia votarán mañana el protocolo de integración de ambas entidades en el Grupo Banca Cívica, del que forman parte ya Caja Navarra, Caja Canarias y Caja Burgos, para constituir una entidad financiera que será la sexta de España por activos, con 59.226 millones de euros.

En la reunión, convocada de forma simultánea a las 17.30 horas, se estudiará un protocolo de integración negociado por los directores generales de ambas entidades con los responsables del Grupo Banca Cívica en el que se especifica un reparto de los ámbitos de actuación de las tres cajas de la Comunidad. De este modo, Caja de Ávila asumiría su provincia y extendería su área de influencia a Salamanca y Toledo, mientras que Caja Segovia lo haría a Guadalajara. Caja de Burgos operaría con ese nombre en el resto de Castilla y León, incluida la provincia de Valladolid, que ha sido uno de los caballos de batalla de la negociación.

 

 

En Ávila

Los consejos de ambas entidades son los que presentan un mayor peso político de todas las que caja de Castilla y León, que llega al 65 por ciento en ambos casos. Cargos públicos del PP conforman la espina dorsal del máximo órgano de administración de las entidades. Así, en el caso de Caja Ávila se sientan nueve representantes de este partido: Agustín González, presidente de la entidad, de la Diputación provincial y alcalde de Barco de Ávila; Miguel Ángel García Nieto, vicepresidente de la caja y alcalde de Ávila; Antonio Padró, alcalde de Gavilanes; Luis Pérez, alcalde de Muñana; Pedro Pablo Pascual, alcalde de Muñogalindo; Moisés Sánchez Vetas, alcalde de Lanzahíta; José María Manso, alcalde de El Barraco; Juan Díaz Jaro, alcalde de Higuera de las Dueñas. A ellos, hay que sumar a José María Monforte, que es presidente de la agrupación local del PP de Candeleda. Por parte del PSOE, figuran José Martín Jiménez, alcalde de Chamartín y Alberto Muñoz, concejal de Cebreros.

El Consejo de Administración de Caja de Ávila lo completan dos personas con vinculación directa con la iglesia católica: el delegado provincial de Cáritas, Fernando Carrasco, como vicepresidente segundo de la entidad y el presidente de la Casa Social Católica, Ángel Rodríguez. También, los dos representantes de los trabajadores, José Enrique Blanco, de UGT, y Miguel Ángel Gil López, de un sindicato independiente; José Gónzález San Agapito, perteneciente a la asociación de jubilados de la entidad y Juan José Encinar Herrero, trabajador de la Diputación provincial que entró en la lista de impositores apoyado por los socialistas. Ninguna mujer ocupa un asiento en el Consejo de Administración de la caja abulense.

 

En Segovia

En Caja Segovia, el peso de representantes políticos en el Consejo es muy similar, con once de los 17 representantes. En este caso, el PP se sienta en ocho asientos y el PSOE en tres. Entre los populares figuran Atilato Soto, presidente de la entidad y ex presidente de la Diputación que, curiosamente, se presentó como representante del Colegio Universitario, una entidad de interés general, que ya ha desaparecido y ha sido absorbido por la Universidad de Valladolid. También están Elena García, concejal en el Ayuntamiento de la capital; Miguel Ángel de Vicente, alcalde de Collado Hermoso y secretario provincial del PP; Fernando Aceves, concejal en Coca; Concepción Monte, alcaldesa de Sepúlveda; Javier Santamaría, presidente de la diputación; José Luis Sanz, ex concejal de Segovia y secretario territorial de la Junta en la provincia y Juan José Sanz Vitorio, procurador. Por el PSOE, se sientan en el consejo, Manuel Agudíez, alcalde de Cantalejo, que se distinguió en su partido por mantener que los parlamentarios no podían ostentar más de un cargo; Pedro Arahuetes, alcalde de Segovia y Juan Pablo Lozoya, secretario de la agrupación local socialista de Segovia.

Asimismo, son consejeros de la entidad dos empresarios, Pedro Palomo, presidente de la patronal segoviana y Juan Manuel de la Puente; dos representantes de los trabajadores; Eduardo Aguado (CCOO) y Fidel García (independiente) y dos miembros de los jubilados de la caja: Manuel Berzal y Bonifacio García.

Con la votación de hoy, que deberá ser refrendada en las respectivas asambleas generales de las entidades previstas para dentro de un mes, se pone fin a dos meses y medio de negociación oficial, después de que el pasado 9 de marzo, los consejos de administración de Caja de Ávila y Caja Segovia decidieran iniciar los estudios y análisis necesarios para sumarse al proyecto. En el caso de la caja abulense la decisión se tomó por unanimidad, mientras que en la segoviana no fue posible el acuerdo unánime.