El Pleno ordinario del mes de julio en la Diputación de Segovia estuvo cargado de asuntos importantes para la institución provincial, pero también para los pueblos de la provincia. Muestra de ello ha sido la aprobación del reparto de las ayudas del Plan Extraordinario de Sostenibilidad y Eficiencia que dejará seis millones de euros en inversiones directas en los municipios. Este punto ha contado con los votos a favor del equipo de Gobierno y el diputado de Vox, mientras que la diputada de IU y el grupo socialista se han abstenido pues, aunque consideran que el reparto se ha realizado “de manera objetiva”, conforme a la información facilitada por la Institución, añaden, que ven necesario que la aportación de los ayuntamientos “desaparezca en futuras convocatorias”. Por su parte, el diputado de Acción Territorial, Basilio del Olmo ha destacado que, aunque ha habido 19 localidades que no han solicitado estas ayudas que tienen carácter bianual, “el 90% de los ayuntamientos van a recibir la cantidad total que han solicitado” considerándolo un reparto “estable y homogéneo”.
En otro orden de cosas, se ha aprobado una modificación presupuestaria de 1.337.922,66 euros, de los que un millón procede de los remanentes de Tesorería, cuestión que ha sido criticada por IU y Vox que han hablado de “grandes importante para dietas” y “planificación errónea e insuficiente”, respectivamente, y han votado en contra, mientras que el grupo socialista se ha abstenido y el diputado de Hacienda ha recordado que “los remanentes son para invertirlos y no pueden ser utilizados hasta que no se produce la liquidación del Presupuesto anterior”. Además, ante las acusaciones veladas de Ana Peñalosa, el presidente, Miguel Ángel de Vicente ha matizado que “las dietas las van a cobrar los diputados de la oposición, no el equipo de Gobierno y los remanentes tienen que estar en los servicios públicos y en los pueblos, no en las arcas de la Diputación”, explica el comunicado.
En la sesión de este viernes también se dio luz verde a la aprobación definitiva de la Memoria del Servicio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento con la abstención de PSOE, IU y Vox, así como la revisión de la Agenda Rural Sostenible de la Provincia de Segovia, con los votos en contra del grupo socialista y la diputada de IU y la abstención del diputado de Vox; y la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la institución provincial que, tal y como ha explicado el diputado de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General, Jaime Pérez persigue “dar respuesta al relevo generacional que se está produciendo en la Diputación, dotando a la estructura de puestos de apoyo intermedio para crear técnicos preparados para las jefaturas de Servicio en un futuro próximo”. La oposición se ha mostrado crítica porque “la forma de provisión de jefaturas debería ser por concurso específico de méritos y no como libre designación” y, antes las acusaciones veladas de Ana Peñalosa, el presidente ha enfatizado en que “las jefaturas de Servicio no son comisarios políticos, y de lo que se trata es de homologar a todos para salvar la dicotomía existente”.
Críticas del PSOE por la Agenda Rural Sostenible.
En el pleno de la Diputación el Grupo Socialista ha criticado la Agenda Rural Sostenible (ARS) de la institución provincial por tratarse de un plan estratégico que, lejos de aportar soluciones innovadoras, “básicamente repite actuaciones del pasado y malgasta fondos públicos en campañas de autobombo y promoción, está vacía de contenido y no apuesta por el desarrollo rural de la provincia”.
Así lo ha manifestado el portavoz socialista, Máximo San Macario, quien ha incidido en “la falta de compromiso del equipo de gobierno de la Diputación con la sostenibilidad”. Resulta que el presidente, Miguel Ángel de Vicente, presenta la ARS como una hoja de ruta para la sostenibilidad, digitalización y transformación del territorio, pero nada más lejos de la realidad. En la práctica, el PP ha votado en contra de mociones socialista que reforzaban los compromisos de sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, como ocurrió en la moción de febrero de 2024. Esta incoherencia demuestra la falta de compromiso real con los objetivos declarados.
