Los órganos de gobierno de las nuevas entidades con sede en Castilla y León que salgan del proceso de reordenación del sistema de cajas de ahorro tendrán que renovarse a partir del mes de noviembre, cuando empezará un proceso electoral que quedó paralizado por los cambios normativos del primer semestre del año, según se recoge en el Decreto-Ley aprobado hoy por el Consejo de Gobierno de Castilla y León que establece para el inicio de las elecciones un periodo de tres meses desde la constitución de sus órganos.
De este modo, las actuales entidades financieras que decidan trasladar su negocio a un banco –todas menos Cajacírculo- tendrán dos opciones: mantenerse como una caja de ahorro, si bien todo el negocio financiero quedará en manos del banco, o bien constituir fundaciones para la gestión de la obra social, única actividad que quedará en manos de cada una de las entidades. Tanto en uno como en otro caso, el Decreto Ley aprobado hoy, que entrará en vigor mañana con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, regula el funcionamiento.
Así, si las entidades optan por mantenerse como cajas de ahorro, el texto de la Junta, que será convalidado en el primer Pleno de las Cortes del mes de septiembre, reduce sus órganos de gobierno y establece que sólo serán obligatorios la asamblea, el Consejo de Administración y la Comisión de Control y deja también reducida la obligatoriedad de convocar la asamblea a una al año y no dos como hasta ahora. Asimismo, se establece que los miembros de las cajas que participen también en la administración de la entidad bancaria instrumental no puedan percibir dos emolumentos, sino que sólo cobren del banco.
Asimismo, el decreto da entrada a los integrantes del Consejo del Diálogo Social de forma paritaria en la asamblea, dentro de las entidades de interés general y sus miembros deberán ser elegidos conjuntamente por Cecale y los sindicatos UGT y CCOO. También, establece la necesidad de que los presidentes de las cajas tengan dedicación exclusiva siempre y cuando tengan funciones ejecutivas y refuerza las exigencias de profesionalización de los miembros del Consejo. De este modo, todos los representantes de las Cortes y, en su caso, del capital privado que pudiera entrar en la entidad y la mitad de los representantes de las Cortes, ayuntamientos, impositores, entidades de interés general y fundadoras deben presentar experiencia en el sector financiero.
En el caso de que las entidades opten por convertirse en fundaciones, el Decreto Ley establece que se debe elegir un patronato de 20 miembros, cuya composición es proporcional a los grupos que en la actualidad conforman el Consejo de Administración. En este sentido, se entenderá por impositores, trabajadores y ayuntamientos con derecho de representación aquellos que todo el grupo en el que se hayan incluido las cajas tenga en el territorio natural de las entidades.
En su exposición, el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, justificó este Decreto Ley en la necesidad de adaptar la legislación autonómica a la estatal, clarificar los procesos que se derivan de la nueva regulación, dar seguridad a las entidades financieras en las decisiones que se están produciendo y apoyar y facilitar los procesos que se están desarrollando en estos momentos en el sector y “de muchos de los cuales depende el futuro de estas entidades”.
Villanueva explicó que el Ejecutivo aprueba este Decreto-Ley de modificación de la Ley de Cajas de Castilla y León, como parte del proceso de reestructuración del sistema financiero, que comenzó en el año 2008. Desde entonces, este proceso de reestructuración ha supuesto sucesivos cambios normativos marcados por el regulador estatal y que han ido acompañados de instrucciones del supervisor para su implementación, indicó.
En este sentido, recordó que en julio de 2010, se aprobó por el Gobierno de España un primer Real Decreto-Ley que marcó importantes novedades respecto a la orientación de las entidades financieras ante la grave situación nacional e internacional, como fueron la capitalización de las cajas, su profesionalización o la facilitación de nuevas figuras jurídicas para acometer un proceso de concentración del sector.
Castilla y León, en el ámbito de sus competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía, aprobó en septiembre de 2010 un Decreto-Ley para incorporar estas novedades, en cumplimiento de lo previsto en la legislación estatal, e incidiendo en aquellos aspectos que apostaban por el futuro de las entidades de ahorro basados en la profesionalización y su captación de financiación. Sin embargo, continuó, en febrero de 2011 el Estado Español aprobó un nuevo Real Decreto-Ley que profundiza en la reforma del sistema financiero, planteando incluso cambios de criterios en algunos aspectos.
Por último, el consejero, a preguntas de los periodistas, confió en que el proceso abierto entre Caja España-Caja Duero y Unicaja “avance y culmine con un acuerdo”, aunque no mostró sus preferencias sobre si la mejor opción era la formación de un banco o la fusión entre ambas entidades.
