El funcionario de prisiones jubilado por incapacidad permanente total tras sufrir la agresión de un recluso en la cárcel de Segovia ha declarado ante el juez que estaba solo en el comedor cuando se inició el ataque, ya que su compañero había sido reclamado en la enfermería. Nadie lo presenció a través de las cámaras de seguridad y tampoco existen imágenes grabadas, por lo que la culpabilidad de los dos imputados como cómplices dependerá en buena medida de la declaración de otros dos internos cuestionados por las defensas.

El principal acusado, Abdelazuz A., de 33 años y nacionalidad marroquí, se negó a declarar en la primera sesión del juicio en la Audiencia de Segovia tras asegurar que no recuerda “nada” de lo ocurrido el 17 de octubre de 2008. Se enfrenta a una pena de 14 años por intento de asesinato en concurso con atentado y una falta de lesiones, pero su defensa pretende la libre absolución por eximente incompleta debido a la esquizofrenia que padece, ya que nadie niega que fuera el autor de la paliza y las heridas con un punzón casero, aparte de la fractura de una costilla y contusiones por todo el cuerpo.

Ahmed A.B. y Said H., también marroquíes, de 35 y 37 años, negaron cualquier implicación al asegurar que sólo presenciaron el ataque y sus defensas piden la absolución. La acusación particular, por su parte, solicita nueve años para cada uno de ellos por, presuntamente, animar a Abdelazuz y tratar de impedir que otros reclusos ayudaran a escapar al funcionario, para quien su abogado reclama también una indemnización de 116.980,46 euros con responsabilidad subsidiaria del Estado.

El destino penal de los supuestos cómplices depende en buena medida de dos reclusos que fueron testigos presenciales y les acusan. Uno de ellos, colombiano, ya está fuera de España y se tiene en cuenta su declaración previa al juicio, y el otro modificó su versión durante la vista al declarar por videoconferencia, desde la prisión de Villanubla (Valladolid), que sí recuerda como Ahmed y Said ayudaron al agresor.

Las defensas de ambos cuestionaron tales versiones al sugerir en el juicio que pueden estar condicionados por los habituales enfrentamientos entre etnias. Y el funcionario agredido, que estuvo arropado por casi una veintena de compañeros y tuvo que parar su declaración unos minutos por la impresión del recuerdo, señaló que sólo tiene “la sensación” de que fueron estos quienes ayudaron a Abdelazuz, dada la imposibilidad de identificarles con total certeza mientras recibía la paliza.

Los otros seis funcionarios de prisiones que prestaron declaración también apuntaron a Ahmed y Said como cómplices, aunque las defensas, para sostener la presunción de inocencia, se aferran al hecho de que estos se basen en la versión de un recluso, principalmente, e indagaciones posteriores.

Los hechos se remontan a las 13.30 horas del 17 de octubre de 2008, coincidiendo con una época de “masificación” de la prisión segoviana (unos 600 reclusos), según recordó la víctima, que apuntó que incluso había “problemas para sentarse en el comedor” y riesgo de conflictos, aunque no dijo que ello fuera causa de este suceso.Durante su relato, recordó como el acusado le atacó por detrás “sin mediar palabra siquiera” y le siguió “dando golpes con todo y por todo el cuerpo”. Recibió puñetazos, patadas, cabezazos y golpes con la bandeja de comida por parte del principal acusado, que sacó un punzón metálico de 19,3 centímetros de longitud que llevaba oculto en una muñeca, atado con un cordel.

Con el pincho carcelario le alcanzó en el rostro, el pecho y el costado. Para entonces, según su relato, los reclusos que estaban en el comedor habían formado un corro que le impedía escapar. Unos internos pretendían ayudarle pero otros, entre ellos los presuntos cómplices, justo lo contrario: animaban al agresor diciendo “máltalo, mátalo”, entre otras frases. Aun así, un interno de nacionalidad colombiana logró agarrar al agresor el tiempo suficiente para que el funcionario escapara del comedor, ganando los metros suficientes como para guarecerse en una cabina. El acusado le persiguió con el pincho en la mano, “amenazando con matar a los funcionarios que se encontraban en el lugar”, según añade la fiscal.

La víctima necesitó seis meses para recuperarse de las heridas, pero las secuelas psíquicas son irreversibles y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le concedió en abril de 2014 la jubilación por incapacidad permanente total. Sufre trastorno de estrés postraumático,  importantes síntomas ansioso-depresivos y fobias asociadas al ámbito penitenciario.

Fuente: Ical