Segovia es una cuna de la convivencia de multitud de culturas muy diversas; aquí convivieron, por primera vez en la historia, musulmanes, judíos y cristianos, lo cual siempre ha dotado a esta ciudad de un espíritu abierto y armónico entre culturas dispares. Así lo recuerdan hoy en la comunidad musulmana.

Reconocen que, a raíz de la detención de un yihadista en la capital, se respira cierto clima de incertidumbre y miedo. «Fruto de la desinformación, muchos vecinos no saben que el detenido es de origen español, lo cual puede acrecentar la estigmatización a la que se ve sometida la comunidad», sostienen.

«No queremos que se vinculen estos hechos con todos los musulmanes ni árabes» nos cuenta Amir, un joven empresario marroquí, con un negocio desde hace varios años en la capital. «Muchos musulmanes vivimos felizmente en Segovia, en armonía con el resto de la comunidad».

Tras una visita a una mezquita de la capital, Segoviaudaz.es ha hablado con varias personas sobre este hecho. «No queremos que se vincule la religión con el terrorismo, es algo muy distinto» nos comenta Mohammed, afincado en España desde hace 6 años. «El Corán no dice nada de eso, un buen musulmán no dañaría ni a una mosca» nos apunta un compañero suyo.

Sobresaltados, asustados y con incertidumbre. Así se han despertado hoy los vecinos de Daniel Fernández Aceña ante la noticia de su detención como presunto yihadista, y ante la posibilidad de que pudiera preparar un atentado. Vivía en un cuarto piso del número 39 de la calle de la Plata de Segovia, en el Barrio de Santa Eulalia, en un bloque de ocho viviendas en el que habitualmente no residen todos los propietarios. Allí, se personaron en torno a las 4.30 horas de la madrugada efectivos de la Policía Nacional que procedieron a su detención.

La operación llevada a cabo por la Guardia Civil esta madrugada ha pillado por sorpresa a la mayoría de los vecinos. En declaraciones a Segoviaudaz.es, una vecina nos explicaba como al ir hacia el garaje de su casa para ir al trabajo, se veía sorprendida por los furgones de la Guardia Civil «No sabia que estaba pasando, hasta que entré en un bar cercano y vi la noticia por televisión». Lo más llamativo es que los vecinos nos describen la calle como un «pequeño pueblo» en el que todos se conocen, y en el que este hombre ha pasado totalmente desapercibido.

«No tengo ni idea de quien es, no me suena su cara», esta es la respuesta que en la mayoría de los casos hemos recibido al preguntar por él. «No me suena su cara.. ¡y eso que aquí nos conocemos todos!» nos dice el dueño de un establecimiento cercano. Ahondando un poquito más en el barrio, encontramos a algún vecino que nos indica vagamente que al parecer el detenido, habría estado internado en algún centro psiquiátrico de la zona.

Todos los vecinos se encuentran conmocionados tras conocerse la noticia: «no te esperas que pueda haber algo de eso aquí, tan cerca» nos cuenta Vitorio, un amable jubilado de la zona al que la noticia le sorprendió saliendo de casa para llevar a sus nietos al colegio, «seguramente estaba loco».

Una de las principales sorpresas para muchos vecinos es descubrir que el detenido tiene nacionalidad española: «por inercia todos lo asociamos a una persona árabe», confiesan.  A la espera aún de los resultados de los registros que se están produciendo, y a pesar de la desinformación que reinaba en la zona por momentos, después de mucha actividad, se respira tranquilidad en el vecindario.

Los vecinos de Daniel Fernández Aceña, detenido hoy en Segovia acusado de autoadoctrinarse en el extremismo religioso de carácter yihadista, mantienen horas después «sorpresa y asombro» por la noticia. Fernández Aceña vivía en un cuarto piso del número 39 de la calle de la Plata de Segovia, en el Barrio de Santa Eulalia, en un bloque de ocho viviendas en el que habitualmente no residen todos los propietarios. Allí, se personaron en torno a las 4.30 horas de la madrugada efectivos de la Policía Nacional que procedieron a su detención.

Algunos reconocen haber escuchado música árabe en alguna ocasión cuando salían de casa, pero ni sus dos compañeros de piso, que no han sido detenidos y que apenas convivían con él, ni el resto sospechaban de sus presuntas intenciones yihadistas. De ahí, que la incredulidad sea la nota predominante.

Paquita es una profesora jubilada que reside en el inmueble desde hace 40 años. Explica a Ical que sintió “un ruido, pero no sabía lo que estaba pasando”. “Yo intentaba preguntarlo pero nadie me respondía”, dice. Paquita apenas mantuvo contacto con Fernández Aceña “porque era una de esas personas que no te dicen nada, que no te hablan ni nada”, asegura. Aunque reconoce no tener miedo, sí que asegura que en el barrio pasan cosas que no entiende: “Vive gente distinta que ni les conoces ni te cuentan nada”, sostiene.

Ivanka es otra vecina, que reside con su familia en el tercero. Explica que tanto el detenido como sus dos compañeros de piso “estaban siempre muy tranquilos”. “Llevamos dos años en esta casa y ellos ya estaban”. “Era una persona muy amable, si te lo encontrabas por la escalera te saludaba, no daba la impresión de ser alguien peligroso porque parecía un señor muy tranquilo”, apunta.

Mientras en Valsaín, donde se ha trasladado la investigación a una casa de la carretera de Villalba, en la Pradera de Navalhorno, residencia de un excompañero de Fernández Aceña, uno de los vecinos explica que el inquilino de la casa “ha estado en la cárcel por drogas”. Este mismo vecino asegura que se trata de una persona con la que “no se podía mantener ninguna relación”. “Hablabas con él y era como hablar con una pared”. “Eran frecuentes los ruidos y las visitas».

Otra de las vecinas de la vivienda de Valsaín tampoco asocia a Fernández Aceña con el lugar, pero de su compañero asegura “que no ha sido un vecino ejemplar”. “Hemos tenido muchos problemas, hemos tenido hasta ratas”. «Los problemas de convivencia han sido constantes», reconocen

Un gesto sencillo al alcance de tu mano.  En Segovia viven, según el censo canino, más de 2.600 perros. A sus amos va dirigida esta campaña cuyo objetivo fundamental es insistir en la importancia de realizar una correcta eliminación de las heces caninas y generar una actitud positiva hacia la recogida de este residuo, pero también animar a actuar a los dueños de las mascotas que presentan reticencias a recoger los excrementos.

Por último, pero no menos importante, se intentará hacer partícipe a los dueños de perros que ya recogen los excrementos en la búsqueda de soluciones para conseguir que este gesto tan sencillo se normalice.

Un gesto sencillo al alcance de tu mano consta de visitas a las clínicas veterinarias, tiendas de mascotas y peluquerías caninas abiertas al público, en las que se entregarán carteles y ejemplares del folleto de la campaña. Además, las educadoras visitarán las zonas más frecuentes de paseo de mascotas, repartiendo lotes de bolsas de recogida de excrementos y ofreciendo una breve charla distendida en la que se plantearán los argumentos más persuasivos en cada caso para mostrar la necesidad de recoger los excrementos. Se han seleccionado 34 zonas dentro de la ciudad, lugares que se visitarán en alguno de los horarios habituales de paseo, a primera hora de la mañana, a mediodía o a última hora de la tarde.

En total se distribuirán 800 paquetes de 15 bolsas cada uno entre los dueños y las clínicas veterinarias, así como dípticos y carteles. Por último, esta campaña servirá para hacer una sencilla investigación social, a través de un cuestionario, sobre las barreras que encuentran los propietarios de los perros que no colaboran en la recogida de excrementos, información que servirá para adoptar medidas al respecto y poder actuar en consecuenci

La operación continúa abierta. Los investigadores están procediendo a la práctica de los registros domiciliarios, en concreto, alguno de ellos en la Pradera de Valsaín, donde se espera que puedan obtenerse elementos que ayuden a reconstruir los planes que eventualmente pudiera estar desarrollando el detenido y si para su ejecución contaba con ayuda de terceras personas, ya sea en España o en otros países, así como si el mismo mantenía algún tipo de conexión con personas integradas dentro de la dinámica del DAESH.

El detenido, que cumplió condena por el asesinato del ferroviario francés Jean Pierre Leiba en Hendaya en 1984 encuadrado dentro de la banda armada GAL, es considerado como “muy peligroso” y no se descarta que pueda tener acceso a armas de fuego, por lo que se ha activado a la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil para la práctica de la detención del mismo.

La Audiencia Provincial de Segovia condenó a un hombre de 48 años, J.M.J.C., y con discapacidad mental, en un grado reconocido del 69 por ciento, a un año y siete meses de prisión y una multa de 100 euros como autor responsable de un delito contra la salud pública con dos días de arresto sustitutorio en caso de impago y costas.

Según recoge la sentencia, J.M.J.C, a las 00.50 horas del pasado día 26 de julio de 2015 “se encontraba en la calle Hermanos Martínez Aguilar de Segovia portando una bolsita con tres trozos de hachís de un peso de 1’53 gramos y una riqueza del 18,74 por ciento, y otra con 0,88 gramos de cocaína con una riqueza del 20,03 por ciento, que intentaba vender a los ocupantes de un vehículo, siendo sorprendido por Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, ante lo cual arrojó al suelo las citadas sustancias”. El valor total de la sustancia incautada asciende a 46,77 euros

El acusado carece de antecedentes penales y padece una discapacidad mental, diagnosticado en 1988, con un grado reconocido en el año 2004 del 69 por ciento, y al que la resolución judicial dictamina “que no le anula su capacidad de comprender la conducta cometida” puesto que, pese a ser diagnosticado en 1988 “no recibió atención alguna hasta 2003 en que fue nuevamente examinado sin que conste un tratamiento o seguimiento posterior ni pruebas clínicas al respecto.

La Audiencia Provincial de Segovia ha condenado hoy a A.B.G a quince meses de prisión como autor responsable de un delito intentado de homicidio contra su hijo C.B.P., al que agredió con una navaja durante una discusión. El acusado tendrá, además, que indemnizar al agredido con 4.200 euros más los gastos hospitalarios derivados de la atención de este último, así como a hacer frente a la mitad de las costas judiciales.

El juez ha impuesto a A.B.G, asimismo, una pena de alejamiento de la persona de su hijo, domicilio y lugar de trabajo a una distancia no inferior a 200 metros, así como la prohibición de comunicar con él durante veintisiete meses.

Los hechos juzgados se remontan a la madrugada del 6 de junio de 2015 en Nava de la Asunción (Segovia) cuando C.B.P en plena discusión “empujó a A.B.G. cayendo éste último al sofá de la habitación, sin que le ocasionara lesión alguna”. La sentencia considera probado que tras el empujón “A.B.G se dirigió a su hijo y le clavó una navaja que portaba en el tórax, que le provocó una herida de aproximadamente un centímetro y medio en región paraesternal izquierda a nivel de manubrio, así como en la cara lateral del brazo derecho, que le provocó hemotórax, con grave riesgo para su vida de no ser atendido médicamente”

Tras el incidente, C.B.P tuvo que recibir atención hospitalaria y ser sometido a una intervención quirúrgica para el drenaje de hemotórax y tratamiento rehabilitado, quedando como secuela una cicatriz en tórax y brazo. La sentencia también especifica que “tardó en curar ciento treinta y cinco días, de los cuales diecinueve fueron hospitalarios, y cincuenta y seis impeditivos”.

La sentencia señala que A.B.G “había consumido alcohol en el momento de los hechos”  permaneciendo en prisión provisional desde el 6 de junio de 2015 hasta el 9 de septiembre de 2016. La resolución también recoge la condena al joven C.B.P como autor responsable de un delito de maltrato de obra en el ámbito de violencia doméstica a la pena de sesenta días de trabajos en beneficio de la comunidad, así como a las penas de alejamiento de la persona de su padre, domicilio y lugar de trabajo, a una distancia no inferior de 200 metros, y la prohibición de comunicar con el mismo, durante seis meses, debiendo abonar las mitad de las costas procesales