IU ha pedido en un escrito de acusación popular un total de 42 años de prisión y el pago de 18 millones de euros para los acusados por las prejubilaciones de Caja Segovia: Atilano Soto, Mariano Manuel Agudíez y Elena García Gil, según ha informado la organización, cuyo coordinador provincial, José Ángel Frías, el abogado Alberto López Villa y el portavoz en el Ayuntamiento, Ángel Galindo, dieron a conocer los detalles por el caso de las prejubilaciones millonarias de la extinta entidad.

La formación ha solicitado para los tres, como autores de un delito de administración desleal, la pena de ocho años de prisión, una multa de 24 meses con una cuota diaria de 50 euros y el abono de las costas de esta acusación popular. Asimismo, la organización solicita para Manuel Escribano, Luis Tapias y Enrique Quintanilla, como autores de un delito de apropiación indebida, la pena de seis años de prisión, multa de 18 meses con una cuota diaria de 60 euros, además de las costas.

Frías señaló que IU presenta esta acusación ejerciendo su responsabilidad “como único movimiento político y social que está personado en los casos de Caja España y Caja Segovia respectivamente”. “Esta acusación no se presenta en busca de venganza, ajusticiamientos, relevancia mediática, ni electoralismo populista. Se presenta en base a la línea política que de forma intacta Izquierda Unida ha mantenido a lo largo de los años”.

También afirmó que es el resultado judicial de la desaparición de una entidad que era participada por la propia sociedad segoviana y que contaba con beneficios superiores a los 30 millones de euros anuales. “Hoy somos los comunistas del PCE los que siempre defendimos la creación de una gran banca pública, los que estamos al pie del cañón. Hoy no está aquí la FES, el PP, el PSOE o la Cámara de Comercio. Por no estar no está ni la Fiscalía”, reprochó Frías. Añadió que IU “no quiere caer en ningún agravio personal, partidista, sensacionalista o cualquier otro fin que no sea esclarecer el proceso”. “Estamos aquí para exigir, entre otros aspectos, que Juan Luis Gordo y Francisco Vázquez expliquen por qué mantienen dentro de sus partidos e instituciones a los acusados”.

La organización sigue inmersa en la revisión de los 3.000 folios que conforman el expediente del caso, en el cual, señaló Frías, se observan “cosas extrañas”. Así, se refirió a un acuerdo con Royal Bank of Scotland que figura en un acta de 2009 del consejo de administración para la recompra parcial de 750 títulos, por un importe nominal de 75 millones, al 75 por ciento, operación que según el acta generó más de 18 millones de beneficio.

Izquierda Unida trasladará el escrito de acusación a las defensas, las cuales ahora han de preparar las conclusiones con las que, según vaticinó el abogado de IU, solicitarán la absolución. Sobre el posicionamiento de la Fiscalía hacia el sobreseimiento de la causa, declaró que “no tendrá más trascendencia que el alivio que supone para los acusados no tener ese peso, ya que la acusaciones del Ministerio fiscal suelen ser de las más duras que puede haber en estos procesos”.