La Villa de Sepúlveda organiza sus XI jornadas de tapas micológicas. Nueve bares participarán durante los días 15, 16 y 17 de noviembre con sus mejores recetas.
El precio de la tapa es de 2€
El precio de la tapa con vino o cerveza 3€

En Segovia han sido detenidas 216 personas durante 2018
El número de detenidos e investigados en las carreteras de Castilla y León por delitos contra la seguridad vial se incrementó el pasado año un 13,6 por ciento, hasta los 1.952. Esta subida casi duplicó a la registrada en el conjunto de España, donde se contabilizaron 23.652 detenidos, un 7,5 por ciento más que en 2017.
A pesar de las campañas de concienciación y del incremento de los controles por parte de la Guardia Civil, los positivos por alcohol y drogas continúan siendo la primera causa de los delitos y el pasado año dejaron 985 detenidos -32 menos que en 2017-, que suponen el 50,4 por ciento del total.
La segunda causa, al igual que en los últimos ejercicios, fue la de conducir sin haber logrado el permiso o bien por hacerlo habiendo agotado todos los puntos del carnet. En este caso se contabilizaron 651 imputaciones, 209 más, que representan un tercio del total. Por su parte, el exceso de velocidad sólo supone el 0,7 por ciento de los casos de las detenciones. El pasado año se contabilizaron 15, casi la mitad de las 28 del pasado año.
Para el responsable del Sector de Tráfico en la Comunidad, el teniente coronel Rafael Aparicio Azcárraga, como explicó a Ical, este incremento en los delitos contra la seguridad vial pone de manifiesto el buen trabajo de los agentes en la carreteras de Castilla y León, pero también suponen una “profunda preocupación” al comprobar que todavía queda mucho trabajo por hacer en educación vial, en especial a la hora de erradicar el alcohol de las carreteras.
A su vez, también argumentó que los efectos del carné por puntos se han diluido, como demuestra el hecho de que cada vez sean más los conductores sorprendidos por circular sin permiso. “Hay una especie de relajación y consideró que habría que volver a revisar este tipo de medidas”.
Por otra parte, el teniente coronel Aparicio también explicó que junto a los controles de drogas, pruebas todavía minoritarias en comparación con las de alcoholemia pero que, poco a poco, se van generalizando, la lucha contra los delitos en la carretera cuentan también con herramientas tan eficaces como los helicópteros Pegasus y los drones, “herramientas que se están empleando de forma experimental pero que se convertirán en unos buenos aliados de los agentes”. “En materia de seguridad vial todo suma”, destacó.
A su vez, Aparicio resaltó que el Sector de Tráfico de Castilla y León, con una subida del 13,6 por ciento, fue el cuarto que más incrementó el número de investigados por delitos de seguridad del tráfico, sólo por detrás de La Rioja (24,5 por ciento), Extremadura (17,4 por ciento) y Aragón (14,6 por ciento). Por el contrario, en Asturias se registró una reducción del 2,2 por ciento y en Valencia el incremento fue del 2,7 por ciento.
“En lo referente a la detección de delitos, 2018 fue un año extraordinariamente productivo en el Sector gracias fundamentalmente al esfuerzo y buen hacer de todos los componentes del mismo”, destacó Aparicio.
De todas formas, los 1.952 detenidos e investigados el pasado año están muy lejos de los niveles de 2012, cuando fueron 2.872 las personas investigadas por delitos contra la seguridad vial, lo que supone un descenso del 32 por ciento (-920). No obstante, desde 2016, cuando se contabilizaron 1.696 detenidos, se acumulan tres años de incrementos consecutivos y una subida global del 15 por ciento.
Provincias
Por provincias, León se volvió a situar a la cabeza con 402 investigados (20,6 por ciento del total), por delante de Valladolid, con 306 (15,6 por ciento); Burgos, con 246 (12,6 por ciento), Salamanca, con 219 (11,2 por cinto) y Segovia, con 216 (11,06 por ciento). En el lado opuesto se encuentra Soria, con 94 detenidos, seguida de Zamora (149), Palencia (157) y Ávila (163).
En comparación con el pasado año, se registraron incrementos en todas las provincias a excepción de Segovia, donde se registraron 13 denuncias menos, y en Ávila (-7). El mayor incremento, un 29,5 por ciento se registró en Burgos, por delante de Soria (28,7 por ciento), Palencia (27,6 por ciento), Valladolid (25,4 por ciento) y Zamora (22,1 por ciento). En León los detenidos pasaron de 353 a 402 (+13,9 por ciento), mientras que Salamanca se contabilizaron cinco más (2,3 por ciento).
Penas
Conducir bajo los efectos del alcohol es un delito cuando se supera una tasa de 0,60 miligramos por litro de aire espirado. Las penas que establece el Código Penal van desde tres a seis meses de prisión, multa de seis a doce meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días y, en cualquier caso, la privación de conducir entre uno y cuatro años.
Las mismas penas conlleva el ser condenado por un delito por exceso de velocidad. Para que rebasar la velocidad permitida pase de ser una sanción administrativa a un delito el conductor debe superar en más de 60 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en vía urbana o rebasar en más de 80 la máxima permitida en vía interurbana.
Por su parte, la persona que se niegue a realizar la prueba de alcoholemia se enfrenta a una pena prisión de seis meses a un año y privación del carné de conducir por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.
En el caso de conducción temeraria, el código penal determina penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho de conducir por tiempo superior a un año y hasta seis años. Según el Tribunal Supremo, el dolo de este tipo de delito “requiere de conocimiento de que con la anómala conducción se pone en concreto peligro la vida o integridad física de las personas”. Un ejemplo de este delito es cuando una persona que, bajo los efectos de las drogas, circula por calles peatonales abarrotadas de gente a alta velocidad. También se juzgarán como conducción temeraria los casos en los que de forma simultánea se cometa un delito por superar los límites de velocidad y otro por conducir bajo los efectos de las drogas o el alcohol.
En el delito de conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás (conducción homicida o conducción suicida) se establece una pena de prisión de dos a cinco años, multa de 12 a 24 meses o la retirada del carné durante un periodo de 6 a 10 años.
En el caso de delitos contra la circulación -colocar obstáculos imprevisibles, derramar sustancias deslizantes o inflamables, sustraer o anulando la señalización… o no restablecer la seguridad de la vía cuando hubiera obligación de hacerlo- la pena es de prisión de seis meses a dos años, o multa de 12 a 24 meses, o trabajos en beneficio a la comunidad de diez a 40 días.
Por último, conducir sin carné pasó a ser delito en mayo de 2008 después de que entrara en vigor el artículo 384 del Código Penal, donde se establecen penas prisión de tres a seis meses, o multa de 12 a 24 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días. Hasta entonces, conducir sin licencia sólo implicaba una sanción administrativa.
El próximo día 15 de noviembre se lanzará de manera oficial la plataforma web Summitify. Se trata de uno de los proyectos ganadores de las becas de emprendimiento de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno 2019 otorgadas por el Observatorio Activo 1.131 de Ávila.
Es el primer buscador de clases y cursos de esquí y otras disciplinas de montaña que existe en nuestro país. Los usuarios que visiten la página podrán encontrar la mayor oferta de profesionales de este sector y la posibilidad de contratar sus servicios de manera sencilla.
Actualmente ya están firmados acuerdos con las mejores escuelas de esquí españolas de las principales estaciones nacionales como Baqueira Beret, Sierra Nevada y Formigal.
Cabe señalar que entre las escuelas más destacadas se encuentran Mamut y la escuela La Española de esquí.
Para que se pueda entender mejor este proyecto, el funcionamiento será similar al buscador de reservas Booking. El usuario selecciona un rango de fechas, una estación donde esquiar y el curso de esquí que esté buscando en función de su nivel.
Hasta el citado 15 de noviembre los usuarios pueden acceder a la página de lanzamiento de la web y dejar su correo electrónico para recibir información sobre las novedades.
El proyecto está liderado por un equipo de profesionales de Castilla y León de entre 25 y 40 años, formados en la Universidad de Salamanca, Universidad de Valladolid (Campus de Segovia) y Universidad Católica de Ávila.
La Comunidad cuenta con un total de 257.520 hectáreas reguladas para el aprovechamiento micológico, gestionadas a través del programa de Micología de Castilla y León (Micocyl) de cuyo funcionamiento se encarga el Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor).
Esta semana pasada el Centro hizo entrar en vigor la expedición de permisos para el acotado micológico ‘Torozos, Mayorga y Pinares’ de Valladolid, que suma 27.353 hectáreas y para el de Montes de Zamora que contempla la regulación en 17.258 hectáreas. El técnico responsable del Programa Micocyl, Roberto Rubio, detalló que se espera que en los próximos meses se sumen otros montes zamoranos en los que será obligatorio expedir el permiso de recolección micológico, por lo que se prevé que este acotado aumente hasta las 20.000 hectáreas.
Además, desde el Cesefor avanzan que previsiblemente, para el Puente de Todos los Santos también entre en vigor la expedición de permisos para el acotado Río Cea en León.
Cada propietario del acotado micológico establece el precio de los permisos recreativo y comercial y el número máximo que se expiden para garantizar la sostenibilidad del recurso en esa zona.
Roberto Rubio recordó que la participación en la regulación micológica es voluntaria, y que actualmente todas las provincias de Castilla y León, a excepción de Palencia, forman parte del proyecto. “De las once grandes áreas reguladas a nueve se les presta un servicio integral de gestión. A la Asociación Montes de Soria solo se le presta la expedición de permisos y los servicios técnicos asociados, pero funciona de forma autónoma”, destacó.
En concreto León (acotado río Cea) cuenta con 24.793 hectáreas reguladas; Valladolid (Torozos, Mayorga y Pinares), 27.353; Sierra de Gredos (Ávila), 39.900 hectáreas; Montes de Oca (Burgos), 11.847 hectáreas; Demanda-San Millán (Burgos), 30.040; Valle de Mena (Burgos), 5.689; Guadarrama-Montes de Segovia, 40.524; Montes de Zamora 17.218 hectáreas; Sierra de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar (Salamanca), 54.853 y Montes de Soria, 120.000.
El Cesefor gestiona, además, la marca de Setas de Castilla y León en la que hay 18 operadoras inscritas que comercializan setas bajo este sello.
El técnico manifestó que la regulación evita la sobreexpolotación del recurso, ya que el sistema establece el máximo de permisos diarios que se pueden expedir en cada acotado. “Con este programa, que se inició en 1994, garantiza la sostenibilidad del aprovechamiento a largo plazo”, resaltó.
Asimismo, señaló que el programa, exportado en el ámbito nacional y también internacional, pretende también maximizar la rentabilidad de los montes de Castilla y León e impulsar actividades en torno a la micología y el micoturismo.
“El proyecto, que sigue desarrollándose en el ánimo de impulsar la regulación micológica en los bosques de la Comunidad. Se persigue apoyar el desarrollo económico desde las áreas productoras mediante la implantación de industrias que puedan comercializar y transformar el recurso”, dijo.
Por último, destacó que trata de garantizar la calidad del producto que los recolectores encuentran en los bosques de Castilla y León en términos de calidad y seguridad alimentaria, ya que Cesefor promueve actividades de formación para profesionalizar el sector.
El Área de Turismo de Segovia presenta la cuarta edición de las Jornadas de Turismo y Patrimonio Industrial, en las que reunirá, en las que reunirá, los días 5 y 6 de noviembre, instituciones y empresas relacionadas con el uso turístico de los recursos de patrimonio industrial de toda España.
La importancia del pasado industrial de Segovia es indiscutible. Prueba de ello es el patrimonio que ha llegado hasta nuestros días gracias al esfuerzo de particulares e instituciones por preservar esta parte de la ciudad. Gracias al importante legado existente en la ciudad, desde el Área de Turismo del Ayuntamiento de Segovia se está trabajando desde hace varios años en la revitalización de la zona de los valles, así como en la puesta en valor de cada uno de estos elementos que forman parte de nuestro pasado, de modo que Segovia llegue a convertirse en referencia en turismo industrial en nuestro país.
La Real Casa de Moneda será la sede de este evento dirigido a profesionales de la industria del turismo y la gestión cultural en la que están programadas distintas ponencias y visitas.
El plazo de inscripción de la matrícula gratuita permanecerá abierto hasta el lunes 4 de noviembre. Las plazas son limitadas.
Para asistir a las visitas guiadas del día 6 de noviembre es obligatorio asistir, al menos, a cuatro conferencias del martes 5 de noviembre.
La siniestralidad laboral se cobra la vida de 32 personas en Castilla y León hasta septiembre.
La seguridad y la salud de los trabajadores deberían estar entre las prioridades de inversión de todas las empresas de la Comunidad y sin embargo, los obreros fallecidos no cesan y los siniestros siguen avanzando de forma imparable.
No obstante, entre enero y septiembre de este año, 32 trabajadores perdieron la vida (30 en su puesto y dos in itinere), once menos que en 2018. La mortalidad en jornada de trabajo descendió así un 9,09 por ciento, siendo especialmente intenso el descenso en los accidentes de trabajo in tinere mortales con una reducción del 80 por ciento. Por primera vez en muchos años, este tipo de accidente de trabajo se reducen un 10,55 por ciento.
Los datos que facilita el Ejecutivo autonómico revelan que en los nueve primeros meses del año treinta personas perdieron la vida en su puesto laboral en la Comunidad, un dato para la reflexión, que supone, sin embargo, una pequeña ventana a la esperanza, ya que representan tres menos que en los mismos meses del 2018. Sin embargo, los siniestros graves ascendieron a 172, lo que supone 20 más que un año antes en el mismo periodo, con una avance porcentual del 13,1 por ciento.
Asimismo, los accidentes leves sumaron un total de 19.664, con un aumento en 770, en cifras relativas, un cuatro por ciento más. Así, el global de accidentes, creció en Castilla y León entre enero y septiembre, un 4,1 por ciento, con 787 más, hasta una cifra de 19.866.
El informe, al que tuvo acceso Ical, indica que los siniestros laborales se elevaron en todos los sectores, excepto en los servicios, donde mermaron un 1,3 por ciento, hasta los 9.866 accidentes. La construcción tiró de la siniestralidad en los meses de análisis, con un total de 2.721 accidentes, que representan un importante aumento del 27,2 por ciento. Asimismo, la siniestralidad se elevó un 14,4 por ciento en el sector primario, hasta registrar la actividad agraria 1.526 sucesos. Por último, en la industria se contabilizaron 5.753 accidentes, un 2,6 por ciento más que en 2018.
Bajan in itinere
Otro datos para la esperanza está en los accidentes in itinere, ya que se produjeron entre enero y septiembre, un total de 1.866, con una merma en 220, y un descenso porcentual del 10,5 por ciento. Cabe destacar aquí, que sólo se registraron dos siniestros mortales, frente a los diez de 2018, es decir, ocho menos, un 80 por ciento de bajada.
Los accidentes in itinere provocaron asimismo, 22 heridos de gravedad, cuatro más que un año antes; y 1.842 leves, con un aumento en 216, con alzas porcentuales del 22,2 y 10,5 por ciento, respectivamente.
Por último, durante el periodo de análisis se declararon 415 enfermedades profesionales con baja, medio centenar más que el año pasado en los mismos meses, con un crecimiento relativo del 13,7 por ciento.
Plan de choque
Con estos datos de la mano, desde la Secretaría de Salud Laboral de UGTCyL exigieron adoptar un plan de choque centrado en la mejora de las condiciones de trabajo y empleo, y en la recuperación de las inversiones en prevención de riesgos laborales en Castilla y León. La organización constató que los trabajadores temporales sufren actualmente más del doble de accidentes que los trabajadores fijos; y casi la mitad de los siniestros (47 por ciento) se registran en centros de trabajo de menos de 25 empleados.
La central sindical lamentó que tras unos años de control y descenso de la siniestralidad laboral, desde el 2013 “volvemos a estar en una paulatina y gradual línea de ascenso en Castilla y León”. “Ascenso que no viene explicado únicamente por el incremento de la actividad económica, sino que responde a otros factores asociados a la calidad del empleo y a las condiciones en que se presta el trabajo”, destacaron.
Para UGT, detrás de buena parte de los accidentes de trabajo se esconde la precariedad laboral y la inestabilidad en el empleo, por lo que apostó por puestos “indefinidos, cualificados y bien remunerados, en definitiva, empleos de calidad”.
Además de la calidad en el empleo, la ausencia de inversiones en prevención de riesgos laborales explica para el sindicato muchos de los accidentes de trabajo acaecidos en Castilla y León. Y es que, como denunció, “desde que comenzó la crisis, las empresas han reducido extraodinariamente las inversiones en prevención de riesgos laborales, reduciendo los contratos con los servicios de prevención a mínimos”.
En este sentido, la organización reclamó intensificar la función de control y vigilancia de la Inspección de Trabajo; mayor control de la Administración para que aquellas empresas que han sido sancionadas con carácter grave; crear la figura del delegado territorial en Castilla y León, que cubra el vacío de representación específica que en estos momentos hay en el 95 por ciento de las empresas; y acabar con el sistema Bonus, que sólo sirve para vaciar la caja de la seguridad Social sin la menor contraprestación en términos de mejora preventiva.
Provincias
Un análisis territorial, constata que los accidentes laborales mortales se registraron en mayor número en la provincia de León, siete, seguida por Burgos, seis; Valladolid, cinco; y Ávila y Segovia, con cuatro. Asimismo, en Zamora perdieron la vida dos trabajadores, y en Palencia uno y en Soria, otro. Sólo se libró de esta lacra en los nueve primeros meses del año, Salamanca.
En cuanto al global de siniestros, crecieron en todas las provincias, en Soria (946), un 11,1 por ciento; en Segovia (1.598), un 8,1 por ciento; en Zamora (1.207), un 7,3 por ciento; en Ávila (997), un 6,8 por ciento; en Salamanca (2.515), un 6,5 por ciento; en Palencia (1.432), un 2,7 por ciento; en Burgos (4.059), un 2,4 por ciento; en Valladolid (4.087), un dos por ciento; y en León (3.025), un 1,8 por ciento.
Esta primera sesión correrá a cargo de Antonio María Javato Martín, profesor titular de Derecho Penal
El seminario se celebra mañana martes, 29 de octubre, a partir de las 12 horas, en el Aula A-129, de la Facultad de CC Sociales, Jurídicas y de la Comunicación
«Claves de la sentencia del Procés» es la temática de la primera sesión que inaugura mañana martes, 29 de octubre, el ciclo de seminarios sobre Política Criminal, Derechos Humanos y Sistema Penal en el Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid en Segovia.
En esta primera sesión participará Antonio María Javato Martín, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid, cuya conferencia se va a celebrar a las 12 horas en el Aula A-219 de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación del Campus María Zambrano. En esta actividad, que dirige Patricia Tapia Ballesteros, colabora además del centro de la UVa y el propio Campus María Zambrano, el GIR Protección Jurídica de la Familia, Clínica Jurídica y Observatorio de Derechos Humanos de la UVa, GIR Garantías Procesales y de la Unión Europea, así como el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Junta de Castilla y León
Segovia se sitúa con 448 denuncias en el último año
Las denuncias por ciberdelitos se han triplicado en Castilla y León en el último lustro y de las 2.863 presentadas en el año 2014 se ha pasado a las 8.042 del pasado ejercicio. Este incremento fue superior al registrado a nivel nacional, donde los casos se duplicaron al pasar de los 50.000 a los 110.613, según datos del Ministerio del Interior.
Ademas, Castilla y León se convirtió el pasado año en la quinta comunidad autónoma con más denuncias, sólo por detrás de Madrid (20.134), Andalucía (20.089), Valencia (14.189) y Galicia (8.364). En el extremo opuesto se sitúan País Vasco (426) y La Rioja (808).
Las estafas cometidas a través de tarjetas bancarias constituyen la principal modalidad de ciberdelincuencia y el pasado año representaron cuatro de cada diez casos. Además, estas infracciones penales se ha quintuplicado en el último lustro, al pasar de las 719 contabilizadas en 2014 a las 3.201 denuncias del pasado año. Además, por engaños bancarios se contabilizaron 483 casos y 2.827 por otro tipo de estafas.
El jefe del Grupo de Investigación Tecnológica (GIT) de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, Víctor Panizo, asegura que, a pesar de la gravedad y el incremento de este tipo de estafas bancarias, los seguros de las entidades que emiten las tarjetas bancarias provocan que los perjuicios de este tipo de delito sean menores y se “diluyan”.
De todas formas, Panizo, en declaraciones a Ical, alerta de que además de los medios convencionales para clonar tarjetas bancarias últimamente se viene registrando un incremento del denominado ‘SIM swapping’, método por el que los estafadores buscan lograr un duplicado de la tarjeta SIM. Aprovechando datos como la fecha de nacimiento o número de teléfono, los hackers pueden comenzar su plan y, una vez que disponen de todos los datos víctima, se hacen pasar por ella ante la compañía telefónica. Una vez logrado el duplicado de la tarjeta, el delincuente tiene acceso a la agenda de contactos, fotos, vídeos e información sobre la cuenta bancaria, primer paso para poder realizar operaciones y para suplantar la identidad del titular.
La primera consecuencia cuando se activa un duplicado de una tarjeta SIM es que la original se desactiva automáticamente, por lo que el teléfono se queda sin la posibilidad de hacer llamadas ni acceder a Internet. Ante este síntoma, lo primero es contactar con la operadora de turno para que confirme si se ha realizado un duplicado de la tarjeta SIM sin permiso y, enseguida, informar al banco.
Menores
Aunque cuantitativamente sólo supone el 0,7 por ciento de las denuncias, los casos de abusos a menores son los que más preocupan a la Policía. El pasado año se contabilizaron 38 denuncias por pornografía infantil, un 30 por ciento más que hace cinco años, mientras el delito por contactar con menores de 16 años con fines sexuales se multiplicó por tres y registró 13 casos. Además, hubo dos denuncias por abuso sexual y tres por acoso.
En este sentido, Panizo destacó la rápida y fluida colaboración internacional a través de Interpol para investigar este tipo de delitos. Esta colaboración fue clave en la detención el pasado mes de marzo en Valladolid de un pedófilo de 68 años al que se incautaron 300 vídeos de contenido sexual en los que aparecían bebés y niño. El detenido no sólo traficaba por internet con imágenes y vídeos de niños practicando sexo, sino que los llegaba a producir, para lo que viajaba regularmente a Sudamérica. El pedófilo contactaba con chicos latinoamericanos por medio de las redes sociales, se ganaba su confianza, les pedía que le enviara fotos y vídeos, y posteriormente viaja a esos países para consumar los abusos.
Para la prevención de ese tipo de delitos, el inspector Panizo pone el acento en el control y la responsabilidad de los padres, y asegura que la mayoría de los casos se pueden evitar “si estamos más pendientes de los móviles de nuestros hijos, algo que reconozco que no es fácil”
Tras las estafas, las amenazas son el delito que más se comete utilizando la red y el pasado año representaron poco más del 9 por ciento (727). Con relación a 2014 crecieron un 26,65 por ciento.
Por su parte, los casos de acceso ilegal informático, apartado se engloban los casos en los que el delincuente accede a una cuenta de correo o un perfil de redes sociales sin consentimiento del titular y difunde la información almacenada, registraron 87 denuncias. Por ataques informáticos se presentaron 91 denuncias; 105 por coacciones, 20 por calumnias y 33 contra la propiedad intelectual. La única modalidad delictiva que se ha reducido en estos cinco años han sido las injurias, que han caído la mitad al pasar de las 160 de hace cinco años a las 80 del pasado año.
A pesar del incremento de los ciberdelitos, que Panizo sitúa como consecuencia del uso generalizado de las nuevas tecnologías en la vida diaria, el jefe del GIT asegura que no hay motivos para la alarma y destaca que la Policía cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a las nuevas formas de delincuencia.
Provincias
Por provincias, León se situó a la cabeza y aglutinó casi una de cada cuatro denuncias presentadas en la Comunidad. En total fueron 1.969 casos, el 24,48 por ciento de Castilla y León. No obstante, esta cifra está lejos de la registrada en Madrid (20.134), Valencia (7.993), Baleares (6.277), Alicante (4.732) o Sevilla (4.442).
Tras León aparece Salamanca con 1.531 (19,03 por ciento), Valladolid con 1.201 (14,93 por ciento), y Burgos, donde se tramitaron 943 (11,72 por ciento). En el extremo opuesto se situó Soria, con 343 (4,26 por ciento); Zamora, donde se registraron 377 casos (4,26 por ciento), y Segovia, con 448 (5,57 por ciento). En Ávila se presentaron 560 denuncias (6,96 por ciento) y en Palencia, 670 (8,33 por ciento).
El BOCyL publica hoy la convocatoria de este reconocimiento que se enmarca en el desarrollo de la II Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León 2016-2020, y su objetivo es implicar a toda la comunidad educativa en la sostenibilidad e intensificar el intercambio de conocimiento entre los centros educativos y la extensión de sus buenas prácticas al conjunto de la sociedad.
La concesión del sello ambiental ‘Centro Educativo Sostenible’ precisa de la participación tanto del alumnado y el profesorado como del resto de la comunidad educativa, así como de la utilización de metodologías activas y de la adecuación de los programas a los distintos niveles de enseñanza.
El plazo de presentación de las candidaturas se extiende desde el 15 de enero hasta el 17 de febrero de 2020.
El curso pasado resultaron acreditados con el distintivo ‘Centro Educativo Sostenible’ 24 centros repartidos por la toda nuestra geografía: Arenas de San Pedro, Lerma, La Bañeza, León, San Andrés del Rabanedo, Guardo, Palencia, Salamanca, Santa María Real de Nieva, Segovia, Soria, Mojados, Valladolid, Benavente, Fermoselle, Morales del Vino, Toro y Zamora.
Requisitos de los Centros para la obtención del Sello Ambiental
El distintivo está pensado para los centros docentes no universitarios de Castilla y León, públicos y privados, que cumplan una serie de requisitos, entre ellos, desarrollar un programa de educación ambiental, disponer de un programa de gestión ambiental y asumir los compromisos de difusión de las memorias sobre sus actividades, en los términos recogidos por la norma.
El programa de educación ambiental deberá estar aprobado por el claustro de profesores y por el Consejo Escolar o estar incluido en la programación general o en el proyecto educativo del centro y haberse ejecutado durante, al menos, los últimos dos años previos a la solicitud del Sello. Entre las temáticas del programa se incluyen acciones sobre prevención y adaptación al cambio climático, eficiencia energética y energías renovables, agricultura ecológica, ahorro y gestión del agua y calidad del aire, entre otras.
Sobre la gestión ambiental, el programa deberá tener en cuenta los principales impactos en el centro de aspectos como el agua, la energía, los residuos y las emisiones a la atmósfera; deberá contar con indicadores de seguimiento y un plan de mejora para paliar las consecuencias más importantes o de más fácil solución e implantar medidas que incrementen la sostenibilidad y la calidad de vida de la comunidad educativa.
Reconocimiento público y Compromiso de divulgación
La obtención del sello ambiental ‘Centro Educativo Sostenible’ supone reconocer públicamente los avances en la ambientalización integral del centro docente, quien podrá utilizar y exhibir la placa acreditativa de esta condición e incluirla en las publicaciones, material impreso y en la actividad promocional que realice.
Los centros acreditados con este Sello ambiental están incluidos en un directorio de centros reconocidos, que se publica en la página web de la consejería de Fomento y Medio. Además la obtención de este distintivo se valorará en la concesión de subvenciones de la administración de Castilla y León, cuyas bases reguladoras contemplen actuaciones encaminadas a promover el desarrollo sostenible.
Por su parte, los centros educativos que obtengan el sello ambiental se comprometen a mantener el programa por un periodo de cuatro años y a compartir su experiencia con otros centros docentes interesados en conseguirlo, cediendo materiales didácticos y promoviendo el conocimiento compartido.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Consejería de Educación organizaron el curso pasado 15 cursos de formación en todos los Centros de Formación e Innovación Educativa (CFIE) para promover el conocimiento del Sello Ambiental y facilitar la preparación de candidaturas, que se han reforzado este año con otros cuatro cursos más.
La Junta de Castilla y León actualizó hoy los datos del brote de parotiditis registrado en la provincia de Segovia con un con total de 86 casos entre el 12 de agosto y el 24 de octubre, la mayoría de ellos en la semana 38, del 16 al 22 de septiembre, con 48 casos de paperas. Los pacientes afectados son en un 57 por ciento hombres con una edad media de 25 años. Según estos datos recogidos por ICAL, en las últimas dos semanas, no se registraron casos nuevos de parotiditis.
Las Zonas Básicas de Salud más afectadas fueron Cantalejo con un 29 por ciento; en Segovia I, 17 por ciento y Carbonero el Mayor, con un 20 por ciento. Según remarcaron desde la Junta, todos los afectados por este brote de paperas han cursado “con buena evolución” y la mayoría son residentes en Segovia, cuatro en Madrid, dos en Ávila y uno en Zamora.