La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se congratula de la resolución emitida por el Procurador del Común el pasado 4 de octubre de 2019, en la que insta a la Junta de Castilla y León a modificar el Decreto 67/2013, de 17 de octubre, para incorporar a su ámbito de aplicación al personal contratado laboral de las universidades públicas de Castilla y León, de manera que estos puedan percibir “en las mismas condiciones que el personal funcionario”, los complementos personales por méritos docentes y productividad por actividad investigadora”, atendiendo a “los principios de equidad e igualdad”.

La actual situación, en la que el personal contratado fijo percibe, y no en todas las universidades públicas, el 100% del primer quinquenio y del primer sexenio (aunque tenga reconocidos más), ha sido largamente denunciado por la organizaciones sindicales presentes en la Mesa Paritaria del II Convenio Colectivo de las Universidades Públicas de Castilla y León y en la Mesa Negociadora del III Convenio Colectivo, en los que CSIF está presente, por considerarla atentatoria al principio de igualdad.

Según el vicepresidente del sector autonómico de Educación en CSIF Castilla y León, y responsable de Universidades, Roberto Fernández, la resolución del Procurador del Común viene a corroborar el planteamiento, tantas veces trasladado desde CSIF a la Administración autonómica y a las universidades públicas de Castilla y León, de que la diferencia en el pago actual de los quinquenios y sexenios, entre funcionarios y contratados laborales, no se sostiene jurídicamente.

El Procurador del Común señala que el profesor PDI contratado laboral debería percibir, “en las mismas condiciones que el personal funcionario, los complementos personales por méritos individuales”, dado que “las características de los puestos de trabajo ocupados, la naturaleza del trabajo desarrollado, las tareas confiadas y la formación requerida son idénticas”.

Por ello, CSIF apoyó las iniciativas realizadas por los defensores de la comunidad universitaria a nivel autonómico, e instó a los interesados a presentar una queja ante el Procurador del Común.

Sobre la base de esta resolución, “la Consejería de Educación ya no tiene excusas y tiene una oportunidad de oro, para terminar con un tratamiento injusto tanto tiempo instalado en las universidades públicas de Castilla y León, modificando la norma reglamentaria y destinando los fondos económicos necesarios para cubrir dicha partida”, insiste CSIF.

Sin embargo, este sindicato independiente no se conforma con alcanzar dicho logro, sino que pide a la Consejería una modificación del Decreto 67/2013, de 17 de octubre, como pide el Procurador del Común, y una revisión completa del Decreto 132/2002, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los complementos retributivos autonómicos para el personal docente e investigador funcionario de las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León, en los siguientes términos:

1º.- La incorporación de los complementos por méritos personales, por méritos docentes y productividad por actividad investigadora para todo el personal contratado laboral, ya sea fijo o temporal, así como la equiparación en el reconocimiento de cualquier complemento, presente o futuro, entre personal funcionario y laboral.
2º.- La revisión de las cuantías del Decreto del año 2002, porque se han quedado obsoletas y, además, son una de las más bajas de todo el país, teniendo unas plantillas que son de las peores remuneradas de todo el Estado.
3º.- El desarrollo del procedimiento necesario para poner en marcha el complemento para incentivar a los profesores, que participen en programas de doctorado y en la dirección de tesis doctorales, pues desde la promulgación del Decreto ninguna iniciativa se ha desarrollado al respecto.
4º.- El compromiso presupuestario necesario por parte de la Junta de Castilla y León para sufragar estas partidas, así como para mejorar la situación retributiva del personal contratado laboral de las universidades públicas de Castilla y León, pues realizando unas funciones y asumiendo unas competencias similares que sus compañeros de otras universidades del resto del país, perciben unas retribuciones que, de promedio, son un 10% inferiores, lo que constituye una diferencia que resulta de todo punto inasumible.

Por todo ello, “más que nunca es necesario que la Consejería de Educación esté presente en las negociaciones, que afectan al personal docente e investigador, y al personal de administración y servicios de las universidades”, tal y como han reiterado una y otra vez los representantes de CSIF.

Para ello, CSIF emprenderá y participará en cuantas iniciativas se lleven a cabo, para solicitar y reivindicar que este colectivo tenga unas condiciones laborales dignas y, en particular, reciba unas retribuciones acordes con las funciones y competencias que vienen desarrollando en su día a día, que sin duda contribuyen en gran medida a mejorar la calidad del sistema universitario público en Castilla y León.