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viernes, 11 julio, 2025

La Junta aplaza, por tercer mes consecutivo, el pago de impuestos

El Boletín Oficial de Castilla y León publica hoy la ampliación, por tercer mes consecutivo, de la moratoria fiscal en los impuestos autonómicos tras la nueva prórroga del estado de alarma y estima que más de 114.000 contribuyentes verán aplazados el pago de sus impuestos por aproximadamente 120 millones de euros.

De esta manera, la Consejería de Economía y Hacienda extiende a tres meses, sobre los plazos inicialmente fijados en la normativa aplicable, el plazo de presentación y pago de los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, así como de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados de personas físicas, pymes y autónomos.

Según se resalta desde la Junta, Castilla y León fue una de las primeras comunidades autónomas en aplazar los impuestos autonómicos tras la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, con el objetivo de retrasar el pago de los mismos y facilitar liquidez al contribuyente y evitar posibles tensiones en tesorería para familias, pymes, autónomos y personas físicas.

Este aplazamiento se suma a los aprobados el pasado 20 de marzo, y posteriormente el 20 de abril, por los que se retrasó el cobro de los impuestos a 70.000 contribuyentes por un impacto estimado de hasta 77 millones de euros. En este tercer mes de aplazamiento, se prevé que sean 40.000 contribuyentes más los beneficiados por importe de 43 millones de euros adicionales, aproximadamente.

Además, desde la Consejería de Economía y Hacienda se informa de que Esta moratoria de los tributos autonómicos, se extenderá si fuera necesario dado que la Junta mantiene su compromiso de seguir aplazando los impuestos propios mientras persista el estado de alarma.

Por otra parte, la Junta recuerda que los contribuyentes que necesiten efectuar algún trámite tributario durante el estado de alarma pueden efectuarlo de forma telemática en el portal tributario de la web del Gobierno Autonómico. Asimismo, se ha reforzado la atención telefónica en los Servicios Territoriales de Hacienda de todas las provincias, así como la atención a las consultas tributarias a través de correo electrónico: consultas.tributos@jcyl.es.

Un detenido en Carbonero el Mayor con la desarticulación de un punto de venta de droga

 

La Guardia Civil de Segovia detuvo, en la localidad de Carbonero el Mayor, a un hombre que fue sorprendido mientras realizaba una venta de sustancias estupefacientes a un menor de edad residente en esa localidad, portando en ese momento una gran cantidad de dinero en billetes de diverso valor.

Ante estos hechos la Guardia Civil inició una investigación que concluyó con la entrada y registro en el domicilio del detenido, desactivando un punto de venta de drogas a menores, que a pesar del estado de alarma seguía teniendo gran actividad. El detenido, junto con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Santa María la Real de Nieva, que decretó secreto de sumario.

Caja Viva anticipa el cobro de pensiones

Cajaviva ha sido una de las primeras del sector en lanzar medidas de protección específicas para sus clientes, anticipando los pagos de las prestaciones por jubilación o desempleo durante todo el estado de alarma, y contactando con los clientes para resolver sus dudas sobre el uso de banca online y de tarjetas.

Tras la declaración del estado de alarmapor la crisis del coronavirus, el pasado 14 de marzo, Cajaviva sigue potenciando el uso de suscanales digitales y telefónicos y poniendo en marcha medidas encaminadas a mitigar en la medida de lo posible los efectos de la pandemia.

Por ello Cajaviva sigue manteniendo la decisión de adelantar unos días el pago de las pensiones de la Seguridad Social, que la entidad abonará en la cuenta de sus clientes de forma automática el mismo día 22 de mayo, una semana antes de lo habitual.

Esta decisión que se adoptó ya en marzo, se repitió en abril y a pesar de la previsible situación de desescalada en el confinamiento, la entidad ha decidido seguir ofreciendo esta posibilidad de cara a mantener su apoyo hacia los colectivos más vulnerables y perjudicados por la pandemia.

Las entidades deportivas podrán optar a ayudas económicas

La Consejería de Cultura y Turismo publica hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a los clubes deportivos y sociedades anónimas deportivas que cuenten con un equipo en categoría nacional absoluta, así como las federaciones deportivas de Castilla y León, siempre que estén inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Castilla y León.

La aprobación del Decreto-Ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social de la COVID-19 prevé, entre otras medidas, la concesión de subvenciones para dotar de liquidez y adaptarse a la situación a las entidades deportivas de Castilla y León, por procedimiento de concesión directa. En virtud de este decreto, y centrados en el sector deportivo de la Comunidad, la Consejería de Cultura y Turismo suma a estas ayudas las que va a conceder para la modernización, innovación y digitalización del sector, que debe adaptarse a la situación creada por la crisis sanitaria, y cuyas bases reguladoras se publicaron en el BOCyL del pasado 15 de mayo.

Contenido de las ayudas

Los gastos subvencionables que cubren estas ayudas económicas, y que deberán haberse devengado en el período establecido en la convocatoria correspondiente, serán los salarios percibidos por las personas sujetas a una relación laboral permanente con la entidad deportiva; alquiler y conservación de la sede social y de instalaciones deportivas; luz, energía y material de oficina; asesorías fiscal, laboral, contable o legal relacionadas con la COVID-19; seguros generales, excluidos los asociados a las licencias y mutualidades; pagos a Seguridad Social y Administración Tributaria; gastos por comunicación, bancarios e intereses de financiación, excluidos los deudores de las cuentas bancarias; gastos derivados de celebración de asambleas generales y juntas directivas o asimilados para el tratamiento y adopción de acuerdos relacionados con la crisis; gastos de publicidad encaminados a conseguir recursos con los que paliar la crisis sanitaria y los directamente relacionados con actividades deportivas para la organización de actividades deportivas online como hosting, diseño, pasarela de pagos y pago a profesores y gastos destinados a implementar las medidas necesarias para la vuelta de la actividad deportiva; adquisición o alquiler de material deportivo; gastos farmacéuticos y médicos; licencias que deba abonar el club deportivo o sociedad anónima deportiva.

La cuantía individualizada de cada subvención se obtendrá en función del tipo de beneficiario con estos criterios: federaciones deportivas de Castilla y León, se subvencionará el 100 % de los gastos subvencionables acreditados con un máximo de 80.000 euros.

En cuanto a los clubes deportivos, así como a las sociedades anónimas deportivas, se subvencionará el 100 % de los gastos subvencionables acreditados, con importes máximos de 10.000 euros, en función de la modalidad deportiva y categoría, según el caso.

Segovia será una de las sedes de PhotoEspaña este verano

Medio centenar de ciudades españolas se han sumado a la convocatoria #PHEdesdemibalcón, promovida desde PhotoEspaña, en la que han concurrido más de 63.000 fotografías realizadas por los españoles durante el confinamiento por el estado de alarma. A partir de mediados de junio, los balcones y ventanas de ciudades como Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora (todas las capitales de provincia de Castilla y León salvo Ávila y Palencia) se convertirán así en sedes del proyecto, mostrando las imágenes que un jurado formado por expertos seleccione en cada ciudad. Estás exposiciones marcarán el pistoletazo de salida de PHotoEspaña 2020, “una edición muy especial con la que el Festival tendrá presencia en prácticamente todo el país con este relato ciudadano”, apuntan los organizadores.

La convocatoria fotográfica #PHEdesdemibalcón se puso en marcha el pasado 30 de marzo y se cerró el pasado domingo, 17 de mayo, con más de 63.000 imágenes en Instagram y 36.201 participaciones registradas en la web del Festival. PhotoEspaña quiso invitar a los ciudadanos a expresarse a través de la fotografía con imágenes tomadas desde sus balcones y ventanas, como un ejercicio colectivo en una situación tan excepcional como la que estamos viviendo.

“Como ya se viene haciendo a lo largo de la Historia del Arte, ventanas y balcones se han convertido una vez más y con más sentido que nunca, en instrumentos para explorar la creatividad, la imaginación y para compartir miradas individuales de una situación que más que nunca exige que actuemos como colectividad”, subrayan los promotores en un comunicado recogido por Ical.

Las Diputaciones de Albacete y Girona y el Ayuntamiento de Cuenca fueron las últimas en confirmar su participación en el proyecto, sumándose así a las siete ciudades castellanas y leonesas citadas, y a Madrid, Santander, A Coruña, Alcobendas, Alcalá de Henares, Badajoz, Sevilla, Barcelona, Córdoba, Logroño, Oviedo, Vitoria, La Laguna, Las Palmas, Zaragoza, Castellón, Elche, Gijón, Granada, Jaén, Melilla, Pamplona, Teruel, Toledo, Vigo, Albacete, Alicante, Cáceres, Getafe, Guadalajara, Hospitalet de Llobregat, Cartagena, Coslada, Ibiza, Muxía, Santa Cruz de Tenerife, Torrevieja, Valencia y Hervás.

Entre todas las imágenes presentadas, un jurado de expertos seleccionará un total de 2.450 fotografías que serán las que se expongan al aire libre en sus respectivas ciudades. Además, gracias al apoyo de Acciona, las diez mejores fotografías recibirán un premio de 500 euros cada una. En los próximos días se hará la selección de las imágenes finalistas y se coordinará con todas las ciudades la ubicación de estas muestras.

San Cristóbal de Segovia ofrece su término municipal para construir un nuevo hospital

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia aprobó una declaración institucional para solicitar a la Junta de Castilla y León la construcción de un nuevo hospital en la provincia que venga a cubrir las necesidades de los más de 153.000 habitantes y ofrece su propio término municipal “para realizar tan importante infraestructura”, poniéndose a disposición de la Administración regional para la búsqueda y cesión de los terrenos necesarios.

En el documento, los grupos políticos de San Cristóbal de Segovia, municipio con más de 3.000 habitantes, argumentaron que la crisis del COVID-19 “ha evidenciado la falta o la necesidad de una nueva infraestructura que mejore la ratio de número de camas y médicos por habitante”, al tener un sólo centro hospitalario. En su opinión, la solución no pasa por la rehabilitación de un edificio antiguo, con enormes dificultades de accesos, nula posibilidad de aparcamiento y propiedad de agrupaciones sindicales, en referencia al antiguo Policlínico.

Desde San Cristóbal de Segovia reclamaron un nuevo hospital, que cubra las necesidades de toda la provincia, que no se construya en la capital y ofrecen su termino municipal que cumple los criterios de tener: buenos accesos, buen aparcamiento y buenas comunicaciones al estar ubicado en la zona nordeste para una mejor comunicación con todos los municipios de este lado de la provincia, opuesto a la situación del actual hospital.

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, por unanimidad de los miembros que integran la Corporación Municipal, pidió que, en los próximos presupuestos autonómicos, se incluya una partida económica que permita acometer la construcción de un nuevo hospital, del que sea titular la Junta para dotar de unos mejores servicios a toda la provincia y “estudie la posibilidad de realizar dicha infraestructura en un municipio del alfoz o cercano a Segovia capital, en el lado nordeste, para una mejor corresponsabilidad y cercanía en el reparto sanitario”.

Además solicitaron que las autoridades autonómicas competentes en la materia, adopten todas las medidas sanitarias necesarias, para cumplir todos los parámetros requeridos, que permitan a esta provincia cambiar de fase y avanzar en el proceso de desescalada.

Las bibliotecas públicas de la Junta reorganizan su funcionamiento

Imagen de una biblioteca.

Todas las capitales de provincia de Castilla y León continúan en la fase 0 de la desescalada de la pandemia del COVID-19 pero el Gobierno central permite, desde ayer lunes, algunas actividades contempladas en la fase 1 como la apertura de comercios de menos de 400 metros sin cita previa y con limitaciones de aforo, visitar los centros de culto y la reapertura de los museos y las bibliotecas. La Junta ha anunciado que los trece centros museísticos dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo abrirán el próximo 29 de mayo. En el caso de las nueve bibliotecas públicas -una por capital de provincia-, su reapertura se prevé entre finales de mayo y principios de junio cuando se complete la reorganización de estas instalaciones y sus espacios, con la prioridad de garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores y el público en general.

La ‘nueva normalidad’ cambiará los hábitos de acceso a la biblioteca porque solo se podrán prestar obras incluidas en el catálogo, previa solicitud por correo electrónico o por teléfono. Y es que estará prohibida la entrada a las salas de los libros así como las de consultas y de lectura de las bibliotecas. Además, los libros devueltos por los usuarios serán sometidos a una cuarentena de 14 días antes de volver a prestarlos, como medida de precaución para evitar posibles contagios.

El jefe del Servicio de Bibliotecas de Castilla y León, José Lorenzo, aseguró a la Agencia Ical que su personal trabaja desde hace diez días en la adaptación al nuevo sistema ya que el uso de las bibliotecas experimentará un «cambio radical». No en vano, apuntó que, hasta ahora, la biblioteca era un lugar abierto, transparente y libre de movimiento como si fuera la casa de todos pero la epidemia ha provocado una nueva organización. «Solo nuestro personal tendrá acceso a los libros», precisó.

De esta manera, el usuario deberá rellenar un formulario en la página web de cada biblioteca y de la red de bibliotecas, en la que deberá poner toda la información que disponga sobre la obra. Lo ideal será poner el autor, el título y la signatura para facilitar la búsqueda al personal. «En función de los datos que nos faciliten, tardaremos más o menos tiempo en encontrar el material», explicó el también director de la Biblioteca Pública de Valladolid, ubicada en la Plaza de la Trinidad y conocida como San Nicolás. Además, se buscará potenciar el uso del servicio de reserva telemática, con acceso al catálogo de la red de Bibliotecas de Castilla y León, que ya funcionaba antes de la crisis sanitaria.

Posteriormente, una vez que esté localizada, se enviará un mensaje o se telefoneará para comunicar que la obra ya está disponible y a partir de qué fecha pueda pasar a recogerla, previsiblemente con cita previa. «Hay que evitar aglomeraciones por lo que la gente entrará a cuentagotas, con la previsión de que haya dos personas al mismo tiempo», afirmó. En este sentido, se tratará de que el periodo de apertura sea lo «más amplio posible». Lo que está claro es que habrá colas, al igual que las hay a la hora de entrar a cualquier establecimiento para que haya el distanciamiento social que reclaman las autoridades sanitarias.

Libros en cuarentena

De momento, se buscan ubicaciones en la propia biblioteca para guardar todos los documentos durante la cuarentena pero también se estudian los recursos humanos disponibles ya que la edad media de estas plantillas es elevada o tienen problemas médicos, por lo que tienen derecho a retrasar su vuelta al trabajo presencial. «Estamos con el recuento de personal para cubrir las necesidades», explicó.

José Lorenzo reconoció que existe «cierta necesidad» entre la ciudadanía por volver a las bibliotecas para acceder a la cultura, por lo que aseguró que harán todos los esfuerzos necesarios para abrir «cuanto antes», sin concretar ninguna fecha. «Desde el lunes, el BOE permite la apertura de las bibliotecas pero lo haremos cuanto todo esté preparado, como el cambio del sistema informático», apuntó, al tiempo que señaló que Madrid y Cataluña ya han anunciado que tardarán unos días en volver a la actividad.

«Nuestra prioridad es reabrir en condiciones seguras las bibliotecas de la Junta de las capitales de provinciales y que todo el material que salga de las bibliotecas esté limpio, estéril y desinfectado para descartar cualquier posible contagio», confesó. Eso, precisó, obligará a cambiar las rutinas de limpieza del propio centro aunque descartó la necesidad de mojar o usar sprays para la desinfección de los libros. «Es mejor esperar 14 días para que no haya la más mínima duda», aseveró.

El jefe del Servicio de Bibliotecas también se refirió a las rotulaciones en vinilo en el suelo para que los usuarios guarden la distancia de seguridad y la colocación de mamparas para proteger a los trabajadores y los usuarios.

Por otro lado, aseguró desconocer los planes de reapertura de las bibliotecas municipales que están integradas en la Red de Castilla y León, por que dependerá de cada ayuntamiento. «En una situación de pandemia, no se puede ser uniformes por lo que podría haber diferentes horarios de apertura o incluso que algunas abran días alternos, en función del personal que dispongan», expuso. Lo mismo ocurrirá con el servicio de Bibliobus, que dependen de las diputaciones provinciales.

Bibliotecas municipales

En este sentido, el Ayuntamiento de Valladolid prevé la reapertura de sus 18 bibliotecas entre finales de mayo y primeros de junio, una vez que se terminen de colocar las mamparas de seguridad entre el personal y los usuarios. Fuentes consultadas por Ical reconocieron los problemas de suministros de las mamparas, con un mercado colapsado por el exceso de demanda. «Es muy complicado encontrar empresas que las instalen en poco tiempo», afirmaron.

El personal de las bibliotecas públicas de la capital vallisoletana también lleva unos días, de manera presencial, en sus centros de trabajo para readaptar los espacios con el objetivo de garantizar la seguridad, tanto para los profesionales como los usuarios. «Lo imprescindible es contar con unos espacios seguros», explicaron. De esta manera, estará prohibido el acceso a las salas de lectura y para coger libros.

Los docentes exigen la regulación del teletrabajo ante “jornadas excesivas”

Una encuesta realizada por el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT revela que el 96,3 por ciento de los docentes no universitarios considera “imprescindible” regular el teletrabajo. Y es que el 69 por ciento de los trabajadores del sector considera que la jornada realizada desde el domicilio durante la pandemia sanitaria “ha sido excesiva y ha generado una notable insatisfacción”. No obstante, un 64,2 por ciento da un aprobado a su experiencia de teletrabajo, pero solo un 6,6 por ciento la calificaría de sobresaliente. El resto, un 35,8 por ciento, valora negativamente esta experiencia.

El sondeo, desarrollado por vía online entre trabajadores de la Enseñanza Pública, Concertada y Privada entre el 11 y el 18 de mayo, pretendía conocer su opinión respecto a una práctica laboral a la que el profesorado se ha visto abocado de un día para otro con motivo de la pandemia del Covid-19 y el cierre de las aulas.

El desarrollo de la actividad docente a distancia ha provocado igualmente la aparición de dolencias específicas asociadas al teletrabajo, corroborado por un 71 por ciento de docentes, y que se traducen en una sintomatología caracterizada por la aparición de problemas de visión, dolores cervicales, así como por ansiedad, estrés o insomnio, derivadas del exceso de trabajo.

Aumento de los gastos

Además de las cuestiones de salud, el teletrabajo ha supuesto, siempre según la encuesta, un incremento de los gastos para el 87 por ciento de los consultados, que citan el consumo extra de electricidad (75,4 por ciento), la compra de equipos o accesorios informáticos (46 por ciento) y la contratación de nuevas conexiones o tarifas de telefonía (25 por ciento), además de otros gastos añadidos.

Un dato importante que revela el estudio es el referente a la seguridad informática. Un 65 por ciento ha tenido que hacer uso de su imagen, y sin embargo tan solo un 43,2 por ciento ha recibido información de su centro educativo sobre la seguridad y los riesgos que podían entrañar las plataformas y aplicaciones utilizadas.

En relación con la seguridad informática, solo el 27,1 por ciento dice tener unos niveles necesarios para el teletrabajo. Por otra parte, el 60,3 por ciento admite no disponer de equipos adecuados para un uso profesional. Estos datos confirman que los equipos informáticos y la seguridad de los trabajadores estaban preparados para un uso doméstico, alejado de cualquier consideración profesional.

En el análisis destaca la sensación de reconocimiento que los trabajadores dicen tener de sus equipos directivos, por la capacidad de gestión e improvisación mostrada en una situación laboral tan inesperada. Un 76,6 por ciento la aprueba con una calificación de cinco o más; y un 47,5 por ciento, con una calificación sobresaliente (8 o más, en una escala hasta 10). Similar porcentaje es el recogido en reconocimiento, comprensión y satisfacción percibidos hacia su trabajo por parte de alumnos y familias.

Los principales aspectos positivos resaltados mayoritariamente por los encuestados sobre el teletrabajo han sido la flexibilidad, suscrito por un 68 por ciento, y la posibilidad de conciliar (46,7 por ciento), así como una cuestión transversal como es la de que se ha contribuido a generar menos contaminación al cancelarse los trayectos hasta el centro educativo, señalado por un 48 por ciento.

Mucha más actividad han tenido los aspectos negativos de respuesta múltiple, entre los que cabe destacar el aislamiento social (73,6 por ciento), el exceso de trabajo (68,7 por ciento), la pérdida de calidad y cercanía en el trabajo (51,3 por ciento), la falta de confidencialidad (42,8 por ciento), la pérdida de trabajo en equipo y la desvinculación con el centro educativo (55 por ciento).

Luquero confía en la palabra de Casado sobre la capacidad de Segovia para afrontar un rebrote

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, reveló hoy la llamada de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, para informar sobre el planteamiento de la Junta para que la ciudad pase a fase 1 el próximo lunes. Durante la conversación, Casado le aseguró que en la Sanidad segoviana está todo “mucho mejor engrasado” y se ha aprendido mucho para reaccionar “de inmediato” ante un posible rebrote del COVID-19.

Según Clara Luquero, la consejera de Sanidad le explicó que todo está listo y preparado, gracias a “lo aprendido por todo lo que se ha vivido” para controlar la pandemia. La alcaldesa de Segovia insistió en que los datos avalan una evolución positiva de la situación en los últimos días, por la incidencia de pocos casos nuevos. Para Luquero, en los test diarios que se realizan entre 900 y 1.000 al día, hay muchos positivos de los que ya se tenían constancia.

La propuesta al Gobierno de España para pasar de fase corresponde “lógicamente” a las autoridades sanitarias, argumentó Clara Luquero, calificando de “estupenda noticia” el pase de Segovia a fase 1 siempre que se cumplan los requisitos. “Nunca hemos querido correr más de la cuenta”, sostuvo la alcaldesa, para no tener que volver a situaciones vividas “tan duras”.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anuncio para mañana un encuentro de la consejera de Sanidad con los alcaldes y presidentes de las diputaciones provinciales.

CCOO pide que se mantengan durante la desescalada los medios de protección a las residencias

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclamó hoy al Gobierno que aclare qué inversión prevé en el plan para el inicio y desarrollo del próximo curso escolar que abordará en breve con las comunidades. El sindicato precisó que es necesario un incremento de medios y de plantillas para adaptar los centros escolares a la nueva situación.

En un comunicado, CSIF reiteró su reivindicación de consolidar una inversión mínima por alumno para evitar que una caída del PIB produzca recortes en el sistema educativo, como a su juicio ya ocurrió en 2008. Así lo plantearon este martes en la reunión telemática de la Mesa de Negociación del Personal Docente no Universitario.

El Ministerio les informo que espera cerrar el citado Plan antes del verano con las comunidades. Se centrará en cinco grandes bloques: organización escolar adaptada a la pandemia (dotación y equipamiento higiénico sanitario, previsiones para mantener distancias exigibles); programación didáctica (adaptación de currículum y programación alternativa para desarrollo mediante enseñanza a distancia si fuera necesario); dotación tecnológica (centros, docentes y alumnos); refuerzo de la competencia digital (formación a docentes, etc.) y plan tutorial para la actividad a distancia.

El Ministerio se comprometió a trasladar este documento a los sindicatos, al que CSIF adelantó que hará alegaciones. «Exigimos una negociación fluida con los representantes de los docentes porque hay muchas incertidumbres sobre el regreso parcial a las aulas en la fase 2 de la ‘desescalada’ y las condiciones de la vuelta el próximo mes de septiembre», apuntó.

En este sentido, advirtió de que las medidas que anticipa el Gobierno para preparar la reapertura parcial de los centros durante la fase 2 de la ‘desescalada’ no aclaran los aspectos que más inquietan a los docentes para afrontar un regreso seguro y que contienen ambigüedades e imprecisiones.

Así, tanto en el caso de la vuelta a las aulas como en el de las pruebas de acceso a la Universidad, recomendaron que el uso de mascarillas quirúrgicas debe ser obligatorio y que tienen que ser suministradas por la Administración educativa. «Hemos pedido que se dote a todos los centros de material sanitario y se hagan test a las plantillas, que se acuerde una reducción de ratios de alumnos por clase y cuánto profesorado se precisará a mayores en el próximo curso», añadió.

En ningún caso, aseguró, se puede permitir que un docente tenga que hacer trabajo telemático y presencial porque supone duplicar la carga de trabajo. Además, indicó que será necesario un plan de refuerzo educativo para apoyar al alumnado que no pueda comenzar al ritmo normal el curso y avanzó que se tendrá que negociar apoyos, desdobles y flexibilizaciones curriculares.

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