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Segovia
jueves, 10 julio, 2025

La alcaldesa pide ponerse la mascarilla por “nosotros y por los demás”, no para evitar “una sanción”

Con motivo de la entrada en vigor del uso de mascarilla para los mayores de seis años, la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, sostuvo hoy que los ciudadanos deben hacerlo “no para evitar sanciones” sino para protegerse a ellos mismos y a los demás ante cualquier situación en la que no se pueda guardar la distancia social. Los agentes de la Policía Local orientarán y darán recomendaciones a los viandantes y se multará en caso de incumplimientos reiterados o si su actitud no es la adecuada.

Luquero se mostró muy satisfecha por el comportamiento de los segovianos que son “siempre muy cumplidores”, por la imagen que se ha encontrado esta mañana por las calles, además recordó que la normativa tiene excepciones para aquellas personas con enfermedades respiratorias u otros problemas que les impida llevar una mascarilla puesta, además de insistir en que su uso en espacios abiertos es obligatorio cuando no se pueda garantizar la distancia social de seguridad.

Novedades por la fase 1

Sobre las novedades por la entrada de Segovia en fase 1, si así lo confirma el Ministerio de Sanidad, la alcaldesa recordó que afecta a las terrazas de los bares y restaurantes que podrán abrir al 50 por ciento de su capacidad, el regreso de los mercadillos al aire libre, más aforo en los enterramientos en el cementerio y la atención en los programas de rehabilitación que ofrecen distintas asociaciones en los Centros de Servicios Sociales.

El Ayuntamiento de Segovia, dijo Luquero, descartó finalmente el servicio de cita previa en el cementerio para evitar que una persona o familia que tenga este permiso no pueda finalmente acceder por coincidir con un enterramiento. Lo que se hará es ir controlando el aforo en el interior del camposanto. En fase 1 en los enterramientos y velatorios, se permite que acudan hasta 15 personas.

Luquero explicó que la Concejalía de Obras y Servicios sigue trabajando con los hosteleros, desde hace días, para la instalación de las terrazas al 50 por ciento de su capacidad. Desde el área de Servicios Sociales también está listo ya el protocolo para el regreso de los mercados al aire libre con los puestos muy separados entre sí y primando los dedicado a la alimentación.

En los centros sociales también se permitirá, en la fase 1, la atención a los usuarios de programas de rehabilitación que se atenderá de uno en uno. Servicios que ofrecen muchas asociaciones para personas dependientes o con otras patologías. Lo que tendrá que esperar es la apertura de los centros cívicos para las actividades de carácter lúdico para los mayores. “No es todavía el momento”, subrayó Clara Luquero.

Zona ORA

En cuanto a la reactivación de la zonas de aparcamiento, azul y verde, reguladas por la ORA, la alcaldesa señaló que todavía no hay una decisión tomada de cara a la fase 1, ya que están pendientes de la decisión de la empresa concesionaria que fue la que solicitó la suspensión de servicio.

Luquero sostuvo que las limitaciones al tráfico en el casco histórico, cerrado todas las tardes y los fines de semana todo el día, no sería problema con la reactivación de la ORA porque el objetivo de esta medida es que sólo accedan con su vehículo las personas que tienen que ir al recinto amurallado y no se utilice como alternativa para transitar de una zona a otra dela ciudad.

Sin fallecidos en Segovia en las últimas 24 horas

En total, son ya 3.443 las personas diagnosticadas en Segovia. La cifra de contagios en las últimas 24 horas es de 3.

2.434 personas han sido confirmadas mediante pruebas PCR.

La Junta ha reconocido que el número de fallecidos no es posible darlo con exactitud ya que algunos residentes (sin especificar por las autoridades) fallecen en el Hospital. La realidad es que el número de residentes que ha fallecido diagnosticados como positivos asciende a 389. Una cifra que no ha aumentado en las últimas 24 horas.

De los fallecidos diagnosticados, 202 han fallecido en el Hospital y 187 en Residencias de Mayores y Centros de Personas con discapacidad, a los que hay sumar otros 196 fallecidos en residencias, relacionados pero sin hacer prueba diagnóstica, los probables del hospital y los domicilios. Es decir, una dramática e incompleta cifra.

En Residencias de Mayores hay confirmados 859 casos de coronavirus y 5 personas se encuentran aisladas, ya que presentan síntomas compatibles con el virus; 228 se encuentran en aislamiento preventivo sin síntomas. El número de personas que han superado la enfermedad en Residencias es de 773 y el número de altas en el Hospital es de 877, 4 nuevas altas en las últimas 24 horas.


Dos empresarios segovianos donan 12 termómetros digitales al Ayuntamiento

Los empresarios Javier Gala Enjunto y Rufino Gómez Santos, propietarios de Universo Digital Segovia y Talleres Rufino, entregaron hoy a la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, 12 termómetros digitales para colaborar con la Policía Local y agradecer su trabajo durante la crisis del coronavirus.

Los termómetros se localizarán en el Parque infantil de Tráfico; en el Cuartel de Policía Local y en en los vehículos patrulla, atestados, intervención rápida y policía de barrio. Estos dispositivos de seguridad serán un complemento perfecto a los equipos de emergencia con los que ya se cuenta, entre los que figuran los cuatro desfibriladores semiautomáticos DESA.

Desde el consistorio explicaron que la donación de estos 12 termómetros es la forma elegida por estos dos empresarios segovianos para colaborar con la Policía Local, agradecer su trabajo y poner su granito de arena con este instrumento que puede resultar de mucha utilidad teniendo en cuenta las circunstancias provocadas por la COVID-19 y las necesidades futuras. Al acto de entrega acudieron la concejala de Seguridad, Raquel de Frutos, y el intendente-jefe de Policía Local, Julio Rodríguez Fuentetaja.

Luquero quiere entrevistarse con Sanidad para abordar el segundo hospital para la ciudad

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, avanzó hoy su intención de solicitar una entrevista con la consejera de Sanidad de la Junta, Verónica Casado, cuando la pandemia esté controlada y finalice todo el proceso de la desescalada, para abordar el asunto de la segunda dotación hospitalaria para la ciudad, por ser prioritario.

Luquero argumentó que la agenda de la consejera está centrada en la desescalada y en una crisis que todavía “no está controlada absolutamente” y lo sensato ahora es priorizar, pero “a la mañana siguiente” tiene que estar como “tema urgente” la segunda dotación hospitalaria para Segovia, con la rehabilitación del antiguo Policlínico o en otro lugar que decida la Junta como el más operativo y adecuado.

La alcaldesa de Segovia reiteró que sólo están reclamando lo que ya tienen el resto de capitales de Castilla y León y de la que “nosotros carecemos”. Ante la postura marcada por el PSOE de Segovia de abrir opciones a puntos de la provincia, Luquero insistió en que tiene ser en la capital porque en esta provincia no ocurre como en otros territorios de Castilla y León con ciudades que no son capital de provincia que tiene hospital al superar su población los 50.000 habitantes.

Clara Luquero remarcó que es “muy prematuro” y que es el Gobierno autonómico el que tiene que ver las opciones pero la Junta tiene “mucho suelo de su propiedad en la zona de Las Lastras”, que a lo mejor por estrategia es conveniente que ambas dotaciones hospitalarias estén a poca distancia. Un suelo que no es dotacional, lo que se resolvería con “una modifación urbanística”

La alcaldesa insistió en que hay que ser prudentes y es la Junta la que tiene que “dar el primer paso”, reiterando su intención de pedir una cita con los responsables de la Consejería de Sanidad para trasladarles el asunto, una vez superada la crisis por la pandemia.

Situaciones extraordinarias

Luquero, a preguntas de los periodistas sobre la reunión con el presidente Mañueco, afirmó que es lógico que en las medidas que se pongan en marcha se equilibren los criterios del número de población y el nivel de afectación, de incidencia del coronavirus. “Lo justo es conciliar ambos aspectos”, resumió.

La alcaldesa de Segovia declaró que el Gobierno de la Junta no se puede quedar con el discurso de que garantizar a las entidades locales que “vamos a tener lo que había antes”, porque eso “sólo cubre lo que había antes no las situaciones extraordinarias que nos surgen ahora”, reiterando la reivindicación generalizada a la Junta para que movilice recursos económicos extraordinarios y no sea “un mero transmisor” de los recursos que le llegan del Gobierno Central.

Por último, recordó que los alcaldes y presidentes de las Diputaciones pidieron a Alfonso Fernández Mañueco que transmita al presidente Pedro Sánchez, en sus conferencias semanales, la petición de la FEMP para que las corporaciones locales puedan utilizar los remanentes de tesorería acumulado y se flexibilice el techo de gasto.

Trabajo intensifica las inspecciones en las empresas segovianas

Al menos una decena de empresas han recibido una inspección de Trabajo en los últimos dos días, según ha podido conocer Segoviaudaz.es, cuyos empresarios han trasladado el malestar del empresariado al sentirse «perseguidos» en unos momentos tan complicados para la economía. Las inspecciones se han sucedido por distintos puntos de la provincia, desde locales de comida a domicilio en Segovia, pasando por empresas del Polígono de Valverde o de la localidad de Palazuelos.
El objetivo, controlar los ERTES que afectan a miles de segovianos, muchos de ellos aún sin cobrar del Gobierno su prestación.
La nueva ola de inspecciones se centra en la solicitud de documentación, documentación oficial en posesión de las adminstraciones, y que supone un gasto para las empresas de entre 300 y 400 euros, en honorarios de Gestoría y tiempo invertido en la recopilación de los requerimientos.

La Junta asegura que el trabajo no presencial ha venido para quedarse

La directora general de la Función Pública de la Junta de Castilla y León, Paloma Rivero, aseguró hoy en las Cortes que el trabajo no presencial ha venido para “quedarse”, por lo que será necesario que ese modelo esté regularizado, legal y con todos los “parabienes”. De esta manera, subrayó el sistema surtirá efectos en momentos de “extrema urgencia” y necesidad como ha ocurrido con el estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19 sino también de cara al futuro para la prestación de los servicios públicos de la administración. “Debemos mirar al futuro con optimismo porque ha quedado demostrado que somos capaces de trabajar de otra manera. El teletrabajo era desconocido porque había un sistema rígido y ahora es una oportunidad para repensar ir a algo atractivo para el empleado y la organización”, destacó.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presidencia en el Parlamento autonómico, Rivero apostó por llevar a una cabo una reflexión “sosegada” del impacto del trabajo no presencial en estos dos meses. “Estamos aprendiendo de lo que estamos haciendo”, declaró. Por lo tanto, manifestó que cuando esta situación de pandemia termine, su dirección general llevará a cabo una reflexión “tranquila” y “sosegada” para elaborar unas memorias y unos diagnósticos de evaluación de las medidas adoptadas, de su impacto, de los pros y contras y de las soluciones alternativas para lograr el mismo fin de continuar con su aplicación en la administración ante situaciones “semejantes”.

“Hasta que no se acabe la carrera no podemos dar la medalla. Pero hay que ser conscientes que cuando pase esto, hayamos sacado cosas muy buenas para la administración porque ha quedado demostrado que los empleados públicos son capaces de trabajar en sus casas con los sistemas alternativos a los ordinarios. Es con lo que nos tenemos que quedar”, reiteró. Además, recordó que todos los estudios que analizan el trabajo remoto constatan que es “eficiente”, tanto para la administración como para la sociedad, que es quien recibe los servicios públicos.

Expuso que, a partir de ahora, cuando un jefe de servicio tenga que informar sobre la petición de teletrabajo sabrá que es un sistema que ha funcionado. “Quizás, sean más reticentes a denegarlo porque ha quedado demostrado que el teletrabajo se ha llevado a cabo correctamente durante dos meses”, manifestó.

Rivero reconoció, según recogió la Agencia Ical, que muchas de la toma de decisiones, sobre todo al principio de la declaración del estado de alarma, fueron rápidas porque el momento “lo requería” y la enfermedad “lo exigía”. Eso sí, aseguró que esas decisiones no fueron irreflexivas, aunque afirmó que es posible que, en algún momento, hayan sido equivocadas. “Eramos conscientes de que no había horario porque muchos de ellos han trabajado más de cinco días hábiles y más de las siete, ocho o nueve horas que podía corresponder por puesto”, subrayó.

Además, destacó que la Junta siempre adoptó medidas para minimizar el impacto en la prestación de los servicios públicos, como efecto colateral de la pandemia. En este sentido, apuntó que la actuación de la administración quedó paralizada, desde un punto de vista ordinario como la suspensión de plazos. Pese a ello, declaró que se trató de buscar un “punto de equilibrio” para que los derechos de “terceros” -de carácter económico o social- no fueran afectados y no se podían dejar de prestar. “Se ha tratado de minimizar el impacto de la suspensión de los plazos y del daño de carácter social y sanitario”, añadió.

Por ejemplo, ofreció el dato de que se han concedido 8.826 licencias a trabajadores público de acceso remoto, además de asegurar que a nadie se le ha denegado una solicitud, sin olvidar que todos tenían correo electrónico. En todo caso, se negó a hablar de una reincorporación de los empleados porque han estado todo este tiempo. No en vano, precisó que la “misión” de este personal es sacar adelante los expedientes.

La directora general de Función Pública apuntó que, en todo momento, se trató de trasladar un mensaje de tranquilidad y responsabilidad a los 86.000 trabajadores de la administración autonómica, además de coordinación y colaboración con todas las estructuras administrativas. “Al surgir la pandemia y al ver los efectos de la crisis sanitaria en la prestación de servicios públicos, las decisiones que se tomaban y los criterios para orientar los trabajos no podían ser adoptados de manera unilateral por parte de la Función Pública, porque era algo transversal”. De ahí, el contacto con las secretarías generales de cada consejería.

Rivero ofreció el dato que ha habido 505 bajas por contacto con el COVID-19 y 787 bajas por enfermedad del coronavirus, sin incluir el personal de las consejerías de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades.

Conciliación

También se refirió a la conciliación de la vida familiar y laboral, Teresa Rivero expuso que la consigna por parte de la Función Pública fue que los jefes de servicio no podían permitir, establecer o abrir un sistema de trabajo que tuviera a los empleados públicos en permanente contacto con la gestión de sus expedientes. En este sentido, mencionó la emisión de correos electrónicos o las peticiones que debían hacerse en unas horas “lo suficientemente cabales” para garantizar que el empleado público cumpla con sus horas de trabajado y, por lo tanto, garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral, sobre todo para el cuidado de hijos. “Si no se respetan esos tiempos de trabajo, la conciliación no existe”, aseveró.

De cara al futuro, también apuntó que la Junta hará una valoración del impacto de la enfermedad y del impacto de la salud de los empleados públicos así como las herramientas en que se pueda prestar el servicio. Rivero señaló que, en la actualidad, se elabora una planificación “inmediata” de la incorporación de los trabajadores y valorar la forma de continuar con la prestación de los servicios públicos.

La directora general de Función Pública apostó por un “replanteamiento” del sistema en sí para luego “redimensionar el empleo público” porque, recordó, que está pendiente de adoptar varios pasos en la gestión. En este sentido, se refirió a la necesidad de modernizar “mucho” el funcionamiento de la Función Pública, que pasa por una modernización y una simplificación de la administración como la teletramitación. “Hay que cambiar la carcasa pero también las tripas y la gestión”, manifestó.

Plantillas «muy recortadas»

La portavoz socialista en la Comisión de Presidencia, Yolanda Sacristán, denunció que la crisis sanitaria ha dejado clara la falta de personal y de recursos para luchar contra la pandemia. A su juicio, la política de personal de la Junta en la lucha contra el coronavirus no se puede circunscribir al área de Presidencia sino que se han visto afectadas otras consejerías como Sanidad, Educación y Familia. A su juicio, las medidas implementadas por la Junta en el ámbito personal han demostrado que son “insuficientes, deficientes y con plantillas muy recortadas”, además de existir una falta de coordinación entre las consejerías.

Y es que Sacristán aseguró que se ha partido de un sistema público “muy debilitado” por los recortes llevados a cabo desde 2008. Fue entonces cuando se refirió a la recuperación de la jornada laboral de 35 horas para el personal público, que la Junta acordó con los sindicatos aplicar en octubre del año pasado, además del abono de los fondos adicionales de 2018 y 2019 y la recuperación gradual de las ayudas sociales. “Fue el enorme engaño del Partido Popular que tuvo como víctimas a los empleados públicos dependientes de la Junta. El único fin de ese acuerdo fue apuntalar a un candidato a presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco”, expuso.

A su juicio, el personal de la Junta se ha visto, una vez más, “desdeñado y engañado» pese a haberse dejado la piel y la vida para prestar los servicios públicos durante la pandemia. “Más de 88.000 trabajadores no solo pueden recibir bonitas palabras”, declaró. También se refirió a que la Junta no ha garantizado la seguridad de los sanitarios, a los que se ha enviado a la UCI con “mascarillas de mentira”. Por otro lado, criticó la “cascada” de ceses de trabajadores sanitarios que fueron contratados con un compromiso de larga duración. “La Junta habla de que no son despidos sino renovaciones o finiquitos de contratos pero debían ser mantenidos en la sanidad pública y en atención residencial ante la previsión de que se les pueda llamar ante un repunte de la epidemia en otoño. No se les puede llamar para jugarse la vida ayer, por un salario mínimo; despedirles, hoy, y esperar a que vuelvan mañana cuando les necesitamos. No es leal ni justo por parte de la Junta”, añadió.

La directora general de Función Pública dejó claro que tanto la Consejería de Sanidad como las de Familia y Educación adoptan sus propias decisiones y tienen un sistema organizativo en materia de personal. “No tengo competencia en ese ámbito y no puedo contestar”, respondió. Además, recordó que la mayor parte del personal de Sacyl (Atención Primaria y Especializada) es estatutario y depende de la Dirección General de Profesionales de la Gerencia regional de Salud.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, aseguró que es el momento de dejar de “utilizar” al personal público, del que alabó su trabajo durante la crisis sanitaria del COVID-19. En este sentido, cargó contra la portavoz socialista por desmarcarse del Pacto de Comunidad que negocian el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, que apuesta, en un uno de sus puntos, en el sostenimiento de los servicios públicos, que se sustenta en los empleados públicos. “Ese el momento del consenso y lamento que no esté en la línea del señor Tudanca”, apuntó, en referencia a Yolanda Sacristán. A juicio de Leticia García, los empleados públicos no son un “ente” sino los responsables directos de la gestión sanitaria, la educación, los servicios sociales y otros servicios públicos.

Sin recortes

La procuradora de Podemos, Laura Domínguez, quien representó al Grupo Mixto, aseguró que los empleados públicos de la administración autonómica lo han dado “todo” durante el estado de alarma por la pandemia y consideró que ahora le toca dárselo “todo” al Ejecutivo. Consideró que la única manera de salir a las crisis sanitaria y económica que se avecina es que “nadie se quede atrás”. En este sentido, mostró su preocupación que los empleados públicos sufran, a partir de ahora, una mayor desigualdad laboral, más precariedad y más recortes, como se hizo en la crisis de 2008. Expuso que las plantillas son insuficientes, sobre todo en sanidad, educación y servicios sociales, que son deficiencias “de antes”.

Domínguez hizo referencia a la conciliación de la vida familiar y laboral de todos los empleados públicos y no solo para los que tienen hijos. No en vano, recordó que también está el cuidado de personas mayores y dependientes, y otros trabajadores tienen una red social.

Formación para directores de residencias de mayores para afrontar un posible rebrote

La directora general de Agencia de Protección Civil de Castilla y León, Irene Cortés, avanzó hoy que de cara al proceso de recuperación de la normalidad en la Comunidad, la Junta tiene previsto, en colaboración con la Delegación del Gobierno y la participación de la Gerencia de Servicios Sociales, ofrecer una formación a los gerentes y directores de las residencias de ancianos, voluntarios de Protección Civil y otros organismos, para poder hacer frente “con garantías” en los centros residenciales, a un posible rebrote de COVID-19.

Durante su comparecencia en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes, la directora de la Agencia de Protección Civil explicó que esta formación, que tendrá una duración de cinco horas, se desarrollará a partir del 19 de junio en todas las capitales de provincia, así como en Ponferrada (León) y Miranda de Ebro (Burgos), además de que se harán las gestiones que sean necesarias para que desde Aranda de Duero se viaje a Soria a recibir esta formación, que tendrá “una segunda ronda” en septiembre.

“Trabajar en prevención es muy importante”, declaró Cortés, quien recordó que la incidencia de la pandemia en Castilla y León ha tenido en las residencias de mayores una mayor incidencia, ya que ha sido “uno de los grupos que más ha sufrido esta emergencia sanitaria” tanto en el caso de los residentes como en el personal sanitario y sociosanitario. Además, aclaró que serán efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) quienes ofrecerán las ponencias en las que se hablarán de los protocolos de desinfección que llevan a cabo y que son los que se siguen “a día de hoy”.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, el procurador Eugenio Miguel Hernández lamentó que la Junta haya actuado “tarde” en algunos aspectos y el de las residencias de mayores “ha sido uno de ellos”. Los socialistas consideraron que las actuaciones de Protección Civil han resultado “insuficientes” en algunos aspectos y desvinculó esta “crítica constructiva” en relación a aspectos “mejorables” en la gestión de la pandemia, con la “lealtad” demostrada al Gobierno autonómico.

Dentro también de este proceso de recuperación de la normalidad tras la gran incidencia de la pandemia, Cortés explicó que ya se trabaja en varios ámbitos para la “paulatina normalización de la actividad y favorecer la actividad de los sectores afectados, como es el caso de los espectáculos taurinos, para lo que ya se ha contactado con empresarios para encontrar vías que favorezcan la puesta en marcha del sector “cuando el estado de alarma lo permita”. Para ello, ya se dispone de un borrador de medidas normativas en las que se incluyen el mantenimiento de las distancias de seguridad, la apertura de los recintos 120 minutos antes del inicio o el uso de almohadillas desechables, entre otras.

También se refirió a la coordinación policial, algo en lo que aseguró que se trabaja “en dos sentidos” para permitir la incorporación de nuevos efectivos en las plantillas policiales, en especial después de que estas se vieran “mermadas en un número importante” al disminuir la edad de jubilación, lo que produjo “una avalancha” de peticiones que hizo que “muchas plantillas se resintieran”.

En esta línea, desde Protección Civil se trabaja con la Federación Regional de Municipios y Provincias para suscribir un convenio en el que la Junta se compromete para hacerse cargo de la gestión de un único proceso selectivo de agentes de Policía Local, al que podrán unirse “los municipios que tengan interés en ello”. Por otro lado, se trabaja en un cambio de régimen referido al modelo de las bases para la convocatoria de acceso a la categoría de agente, al entender que “se han quedado obsoletas” y requieren de una modernización del proceso y de los temarios para disponer de unos agentes en la Comunidad “mucho más cercanos a la realidad que se maneja hoy en día”.

Cortés aseguró que la estructura habilitada para hacer frente al COVID-19 así como el refuerzo del Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 se mantendrá “hasta que sea necesario” y se supere la incidencia de la pandemia en la Comunidad. Igualmente insistió en que durante todo este periodo de incidencia “no se ha quedado ninguna llamada de emergencia sin atender” aunque reconoció que todavía se trabaja “bajo el paraguas” del COVID-19 porque “el virus no se ha ido”.

Estado de alarma

La directora de la Agencia de Protección Civil cifró en 822 las actuaciones desarrolladas, a fecha de 15 de mayo, de desinfección de instalaciones. De ellas 104 en hospitales y centros de salud; 101 en otro tipo de instalaciones y 617 en residencias de ancianos. También hizo referencia a algunos de los gastos de Protección Civil como los 55.915 euros en la adquisición de 44 hospitales de campaña para su instalación en caso de refuerzo; 6.772 euros en material de desinfección; más de 7.000 euros en vestuario de emergencia; 21.175 euros en mantas; o 8.781 euros en material de protección y vestuario para voluntarios, entre otras partidas.

Cortés puso de relieve el comportamiento “responsable y ejemplar” que “de forma general” está desarrollando la población desde la declaración del estado de alarma, y tuvo un reconocimiento para los castellanos y leoneses, los profesionales sanitarios y sociosanitarios, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y voluntarios de Protección Civil, empleados públicos y trabajadores de todos los sectores esenciales, entre otros.

En relación a la actividad del Servicio de Emergencias de Castilla y León 112, cifró en 130.197 las llamadas recibidas durante el mes de marzo, con una media diaria de 4.200 cuando en “un año bueno” la media de ese mes ronda las 2.800 llamadas diarias. En abril se redujo el número de llamadas a 89.391, con 2.980 diarias (frente a las 3.311 diarias de abril del año pasado); y hasta el 15 de mayo se contabilizan 43.801 llamadas, con 3.129 de media (frente a la media de 3.164 del año pasado en este mismo periodo).

En este sentido, Cortés explicó que con la declaración del estado de alarma y el correspondiente confinamiento, el número de llamadas se redujo de forma importante y en un momento previo las llamadas “explotaron”. De cara a un posible rebrote, ya se trabaja para “reforzar” la capacidad de respuesta, tanto del 112 como de Emergencias Sanitarias a través de la habilitación de una nueva sala de respaldo con capacidad máxima de 30 puestos de trabajo en una ubicación “diferente” a la del 112 y Emergencias Sanitarias, y que se intentará llevar a cabo “a la mayor brevedad posible” y en la que se avanza “contrarreloj”.

Por último, Cortés reiteró el agradecimiento a la sociedad en general por el comportamiento que está teniendo y quiso trasladar la “certeza” de que se ha actuado “con la máxima se salvar vidas” y que ahora se hace también para volver “a la normalidad social, económica y sanitaria de la forma más rápida y segura posible”. En este momento llamó a la población a no relajarse porque se sigue en una situación de emergencia sanitaria en la que “se siguen perdiendo vidas a diario” y se está aún “muy lejos” de la inmunidad de grupo.

Elogio a los voluntarios

Si en algo coincidieron todos los grupos políticos en las Cortes fue a la hora de elogiar el trabajo que están desarrollando los voluntarios de las diferentes agrupaciones de Protección Civil de la Comunidad. “Es digno de reconocer y me sumo totalmente a esta especial consideración”, reconoció Irene Cortés después de que el procurador del Grupo Mixto, Luis Mariano Santos, quien quiso tener una “especial consideración” con este colectivo porque “no cobran un salario y lo hacen de forma voluntaria” arriesgando su vida “sin tener un desempeño profesional ni un sueldo”.

También el procurador del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Gavilanes, consideró “fundamental” las actuaciones desarrolladas por los voluntarios de Protección Civil que “arriesgan su vida de forma diaria por ayudar a los demás” y con una dedicación “altruista”. Desde el Grupo Socialista, el procurador Eugenio Miguel Hernández puso de relieve que han sido los ayuntamientos y sus agrupaciones quienes “han tomado la iniciativa” ante la “soledad” en la que se encontraban “en especial en las primeras semanas de la pandemia”. “Son un ejemplo de servicio público en su máximo exponente”, añadió la procuradora del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Blanca Delia Negrete, quien agradeció “su heroica implicación, tesón diario e implicación pública”.

Algunos defectos

Los grupos parlamentarios del PSOE y Grupo Mixto estimaron que en la gestión por parte de Protección Civil ha habido algunos defectos que habría que mejorar de ahora en adelante aunque ambos grupos trasladaron estas aportaciones de forma constructiva. Desde el PSOE se incidió en que la intervención ha sido “insuficiente en algunos aspectos” y se lamentó que no haya existido la “coordinación óptima que requería la pandemia” ni haya habido una coordinación regional, aunque la directora general de Protección Civil defendió que el contacto era diario.

El procurador del Grupo Mixto evidenció la existencia de “algunos defectos” y se interesó por los criterios que determinaron la desinfección de unos centros y no de otros, además de que se informó de las quejas de algunas agrupaciones de Protección Civil sobre la falta de contacto con la Dirección General.

El procurador del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, elogió el buen trabajo desarrollado desde la Consejería y aseveró que “de existir alguna queja, seguro que es del todo involuntario” porque las comunicaciones “han sido permanentes”. Sin embargo, pidió que se mantengan este esfuerzo y no cese ese contacto, además de que se siga trasladando material de protección y desinfección porque “son quienes conocen las necesidades y las personas que no necesitan”.

Clara Luquero asegura que “Castilla y León es un ejemplo de política con mayúsculas”

 

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, afirmó hoy que Castilla y León es “un ejemplo de política con mayúsculas”, preocupada por el interés general de los ciudadanos, con cooperación y trabajo conjunto y lamentó “profundamente” no ver este mismo ejemplo a nivel nacional. En su opinión, en la situación actual, “no cabe otro planteamiento ético” que no sea sumar esfuerzos y arrimar todos el hombro.

A Clara Luquero le duele la falta de lealtad institucional nacional en unos momentos tan duros, con fallecidos, personas enfermas y cuando está en riesgo la salud pública, remarcando que hay medidas restrictivas que exigen mantener el estado de alarma. “Hay medidas que sí no son difíciles de aplicar porque conllevan la restrincción de derechos, pero tiene que ser así porque hay un bien superior que es la vida y la salud de los ciudadnano”, argumentó.

Luquero puso a Castilla y León como ejemplo de “cooperación, racionamiento sensible y trabajo conjunto” entre todas las administraciones que están “arrimando el hombro en la medida de sus compentencias y sus responsabilidades”, criticando con dureza a quienes están llevando a cabo “la peor de las políticas, la más barata y mezquina”, la que antepone los intereses de partido cuando está en juego la salud de las personas.

Las bibliotecas de la Junta reabrirán el 1 de junio, con horario de mañana y tarde

Las bibliotecas públicas gestionadas por la Junta de Castilla y León reabrirán el 1 de junio, con horario de mañana y tarde de lunes a viernes y de mañana los sábados, con el cierre a mediodía para llevar a cabo las necesarias tareas de limpieza y desinfección en el cambio de turno. De momento, se retomarán algunos de los servicios de las bibliotecas como la devolución de documentos (que pasarán una cuarentena de 14 días antes de volver a ser prestados); el préstamo de documentos mediante el sistema de préstamo bajo demanda y la consulta e información bibliográfica a los usuarios.

La Consejería de Cultura y Turismo apuntó en un comunicado que en esta primera fase de apertura estará prohibido el libre acceso a las colecciones; la consulta y lectura en sala y la utilización de los ordenadores de la biblioteca. También permanecerán cerradas las secciones infantiles y no podrán llevarse a cabo actividades culturales, actividades de estudio en sala o de préstamo interbibliotecario.

En las dependencias de las bibliotecas se instalarán medios informativos sobre las medidas higiénicas y sanitarias para el correcto uso de los servicios bibliotecarios, se marcarán los itinerarios que tendrán que seguir los usuarios, así como la distancia interpersonal entre ellos, para recibir los servicios señalados. De esta manera, se busca la protección de la salud de los empleados públicos de las bibliotecas y del público.

Esta reapertura se complementa con los servicios virtuales de los que dispone la Red de Bibliotecas de Castilla y León (eBiblio Castilla y León, CineCyL, Biblioteca Digital de Castilla y León, Club de Lectura Virtual, Tumblebooks y Pregunte, las bibliotecas responden) que han sido reforzados durante todo este periodo de cierre de los centros y que han contribuido de forma notable al mantenimiento y fomento de la lectura, la formación y el ocio de los castellanos y leoneses.

Igualmente, durante el periodo de confinamiento el personal bibliotecario ha gestionado otros proyectos como la ampliación de las políticas de préstamo, y se está trabajando el cambio de versión del programa de la Biblioteca Digital y preparando la próxima actualización de AbsyNET, el programa de gestión bibliotecaria, a la versión 2.2.

Formalizado el contrato de las obras de los nuevos juzgados de Segovia

El Ministerio de Justicia anunció hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la formalización del contrato de las obras de continuación del nuevo edificio de juzgados de Segovia por algo más de 9,9 millones de euros con la UTE Geoxa.

El proyecto de construcción de este edificio lleva más de un año paralizado por los concurso de acreedores de las dos empresas a las que se adjudicaron los trabajos y desde el Gobierno se espera que las obras pueden estar concluidas en el otoño del próximo año.

El edificio de los nuevos juzgados ocupará una parcela de 13.087 metros cuadrados y contará con una planta sótano, y tres plantas sobre rasante. El proyecto incluye la urbanización del espacio que rodea al edificio, incorporando un total de 130 plazas de aparcamiento así como zonas verdes.

Este proyecto fue adjudicado por primera vez a finales de 2015 por 12 millones de euros y plazo de ejecución de 55 meses.

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