La directora general de la Función Pública de la Junta de Castilla y León, Paloma Rivero, aseguró hoy en las Cortes que el trabajo no presencial ha venido para “quedarse”, por lo que será necesario que ese modelo esté regularizado, legal y con todos los “parabienes”. De esta manera, subrayó el sistema surtirá efectos en momentos de “extrema urgencia” y necesidad como ha ocurrido con el estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19 sino también de cara al futuro para la prestación de los servicios públicos de la administración. “Debemos mirar al futuro con optimismo porque ha quedado demostrado que somos capaces de trabajar de otra manera. El teletrabajo era desconocido porque había un sistema rígido y ahora es una oportunidad para repensar ir a algo atractivo para el empleado y la organización”, destacó.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Presidencia en el Parlamento autonómico, Rivero apostó por llevar a una cabo una reflexión “sosegada” del impacto del trabajo no presencial en estos dos meses. “Estamos aprendiendo de lo que estamos haciendo”, declaró. Por lo tanto, manifestó que cuando esta situación de pandemia termine, su dirección general llevará a cabo una reflexión “tranquila” y “sosegada” para elaborar unas memorias y unos diagnósticos de evaluación de las medidas adoptadas, de su impacto, de los pros y contras y de las soluciones alternativas para lograr el mismo fin de continuar con su aplicación en la administración ante situaciones “semejantes”.
“Hasta que no se acabe la carrera no podemos dar la medalla. Pero hay que ser conscientes que cuando pase esto, hayamos sacado cosas muy buenas para la administración porque ha quedado demostrado que los empleados públicos son capaces de trabajar en sus casas con los sistemas alternativos a los ordinarios. Es con lo que nos tenemos que quedar”, reiteró. Además, recordó que todos los estudios que analizan el trabajo remoto constatan que es “eficiente”, tanto para la administración como para la sociedad, que es quien recibe los servicios públicos.
Expuso que, a partir de ahora, cuando un jefe de servicio tenga que informar sobre la petición de teletrabajo sabrá que es un sistema que ha funcionado. “Quizás, sean más reticentes a denegarlo porque ha quedado demostrado que el teletrabajo se ha llevado a cabo correctamente durante dos meses”, manifestó.
Rivero reconoció, según recogió la Agencia Ical, que muchas de la toma de decisiones, sobre todo al principio de la declaración del estado de alarma, fueron rápidas porque el momento “lo requería” y la enfermedad “lo exigía”. Eso sí, aseguró que esas decisiones no fueron irreflexivas, aunque afirmó que es posible que, en algún momento, hayan sido equivocadas. “Eramos conscientes de que no había horario porque muchos de ellos han trabajado más de cinco días hábiles y más de las siete, ocho o nueve horas que podía corresponder por puesto”, subrayó.
Además, destacó que la Junta siempre adoptó medidas para minimizar el impacto en la prestación de los servicios públicos, como efecto colateral de la pandemia. En este sentido, apuntó que la actuación de la administración quedó paralizada, desde un punto de vista ordinario como la suspensión de plazos. Pese a ello, declaró que se trató de buscar un “punto de equilibrio” para que los derechos de “terceros” -de carácter económico o social- no fueran afectados y no se podían dejar de prestar. “Se ha tratado de minimizar el impacto de la suspensión de los plazos y del daño de carácter social y sanitario”, añadió.
Por ejemplo, ofreció el dato de que se han concedido 8.826 licencias a trabajadores público de acceso remoto, además de asegurar que a nadie se le ha denegado una solicitud, sin olvidar que todos tenían correo electrónico. En todo caso, se negó a hablar de una reincorporación de los empleados porque han estado todo este tiempo. No en vano, precisó que la “misión” de este personal es sacar adelante los expedientes.
La directora general de Función Pública apuntó que, en todo momento, se trató de trasladar un mensaje de tranquilidad y responsabilidad a los 86.000 trabajadores de la administración autonómica, además de coordinación y colaboración con todas las estructuras administrativas. “Al surgir la pandemia y al ver los efectos de la crisis sanitaria en la prestación de servicios públicos, las decisiones que se tomaban y los criterios para orientar los trabajos no podían ser adoptados de manera unilateral por parte de la Función Pública, porque era algo transversal”. De ahí, el contacto con las secretarías generales de cada consejería.
Rivero ofreció el dato que ha habido 505 bajas por contacto con el COVID-19 y 787 bajas por enfermedad del coronavirus, sin incluir el personal de las consejerías de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades.
Conciliación
También se refirió a la conciliación de la vida familiar y laboral, Teresa Rivero expuso que la consigna por parte de la Función Pública fue que los jefes de servicio no podían permitir, establecer o abrir un sistema de trabajo que tuviera a los empleados públicos en permanente contacto con la gestión de sus expedientes. En este sentido, mencionó la emisión de correos electrónicos o las peticiones que debían hacerse en unas horas “lo suficientemente cabales” para garantizar que el empleado público cumpla con sus horas de trabajado y, por lo tanto, garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral, sobre todo para el cuidado de hijos. “Si no se respetan esos tiempos de trabajo, la conciliación no existe”, aseveró.
De cara al futuro, también apuntó que la Junta hará una valoración del impacto de la enfermedad y del impacto de la salud de los empleados públicos así como las herramientas en que se pueda prestar el servicio. Rivero señaló que, en la actualidad, se elabora una planificación “inmediata” de la incorporación de los trabajadores y valorar la forma de continuar con la prestación de los servicios públicos.
La directora general de Función Pública apostó por un “replanteamiento” del sistema en sí para luego “redimensionar el empleo público” porque, recordó, que está pendiente de adoptar varios pasos en la gestión. En este sentido, se refirió a la necesidad de modernizar “mucho” el funcionamiento de la Función Pública, que pasa por una modernización y una simplificación de la administración como la teletramitación. “Hay que cambiar la carcasa pero también las tripas y la gestión”, manifestó.
Plantillas «muy recortadas»
La portavoz socialista en la Comisión de Presidencia, Yolanda Sacristán, denunció que la crisis sanitaria ha dejado clara la falta de personal y de recursos para luchar contra la pandemia. A su juicio, la política de personal de la Junta en la lucha contra el coronavirus no se puede circunscribir al área de Presidencia sino que se han visto afectadas otras consejerías como Sanidad, Educación y Familia. A su juicio, las medidas implementadas por la Junta en el ámbito personal han demostrado que son “insuficientes, deficientes y con plantillas muy recortadas”, además de existir una falta de coordinación entre las consejerías.
Y es que Sacristán aseguró que se ha partido de un sistema público “muy debilitado” por los recortes llevados a cabo desde 2008. Fue entonces cuando se refirió a la recuperación de la jornada laboral de 35 horas para el personal público, que la Junta acordó con los sindicatos aplicar en octubre del año pasado, además del abono de los fondos adicionales de 2018 y 2019 y la recuperación gradual de las ayudas sociales. “Fue el enorme engaño del Partido Popular que tuvo como víctimas a los empleados públicos dependientes de la Junta. El único fin de ese acuerdo fue apuntalar a un candidato a presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco”, expuso.
A su juicio, el personal de la Junta se ha visto, una vez más, “desdeñado y engañado» pese a haberse dejado la piel y la vida para prestar los servicios públicos durante la pandemia. “Más de 88.000 trabajadores no solo pueden recibir bonitas palabras”, declaró. También se refirió a que la Junta no ha garantizado la seguridad de los sanitarios, a los que se ha enviado a la UCI con “mascarillas de mentira”. Por otro lado, criticó la “cascada” de ceses de trabajadores sanitarios que fueron contratados con un compromiso de larga duración. “La Junta habla de que no son despidos sino renovaciones o finiquitos de contratos pero debían ser mantenidos en la sanidad pública y en atención residencial ante la previsión de que se les pueda llamar ante un repunte de la epidemia en otoño. No se les puede llamar para jugarse la vida ayer, por un salario mínimo; despedirles, hoy, y esperar a que vuelvan mañana cuando les necesitamos. No es leal ni justo por parte de la Junta”, añadió.
La directora general de Función Pública dejó claro que tanto la Consejería de Sanidad como las de Familia y Educación adoptan sus propias decisiones y tienen un sistema organizativo en materia de personal. “No tengo competencia en ese ámbito y no puedo contestar”, respondió. Además, recordó que la mayor parte del personal de Sacyl (Atención Primaria y Especializada) es estatutario y depende de la Dirección General de Profesionales de la Gerencia regional de Salud.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, aseguró que es el momento de dejar de “utilizar” al personal público, del que alabó su trabajo durante la crisis sanitaria del COVID-19. En este sentido, cargó contra la portavoz socialista por desmarcarse del Pacto de Comunidad que negocian el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, que apuesta, en un uno de sus puntos, en el sostenimiento de los servicios públicos, que se sustenta en los empleados públicos. “Ese el momento del consenso y lamento que no esté en la línea del señor Tudanca”, apuntó, en referencia a Yolanda Sacristán. A juicio de Leticia García, los empleados públicos no son un “ente” sino los responsables directos de la gestión sanitaria, la educación, los servicios sociales y otros servicios públicos.
Sin recortes
La procuradora de Podemos, Laura Domínguez, quien representó al Grupo Mixto, aseguró que los empleados públicos de la administración autonómica lo han dado “todo” durante el estado de alarma por la pandemia y consideró que ahora le toca dárselo “todo” al Ejecutivo. Consideró que la única manera de salir a las crisis sanitaria y económica que se avecina es que “nadie se quede atrás”. En este sentido, mostró su preocupación que los empleados públicos sufran, a partir de ahora, una mayor desigualdad laboral, más precariedad y más recortes, como se hizo en la crisis de 2008. Expuso que las plantillas son insuficientes, sobre todo en sanidad, educación y servicios sociales, que son deficiencias “de antes”.
Domínguez hizo referencia a la conciliación de la vida familiar y laboral de todos los empleados públicos y no solo para los que tienen hijos. No en vano, recordó que también está el cuidado de personas mayores y dependientes, y otros trabajadores tienen una red social.
