La Plataforma Solución a la Travesía de San Rafael exige a Óscar Puente una solución al problema de la travesía. Para ello, han enviado una carta al responsable de Transportes en la que dan un ultimátum al ministro.
Así, la plataforma vecinal de San Rafael toma una medida más en busca de «una solución definitiva al grave problema de seguridad vial que vivimos».
Carta de la Plataforma Solución a la Travesía de San Rafael a Óscar Puente
Como usted sabe, la localidad de San Rafael es atravesada por su centro urbano por dos carreteras nacionales, las N-6 y N-603, las cuales soportan una inasumible cantidad de tráfico debido a que son las alternativas gratuitas de las paralelas autopistas de peaje AP-6 y AP-61 respectivamente.
Ello provoca desde hace décadas una grave situación de seguridad vial en San Rafael, una localidad de casi tres mil habitantes y que llega a triplicar su población en verano, en la que se han producido multitud de accidentes incluso mortales debido al paso, según los últimos datos oficiales de su Ministerio (año 2022), de una Intensidad Media Diaria de 12.834 vehículos, de los cuales 1.752 son vehículos pesados.
El verano de 2022, cuando San Rafael roza los 10.000 habitantes, la intensidad de vehículos casi llega a los 16.000 vehículos. Para hacernos a la idea de lo que hablamos, por el centro de San Rafael circulan más vehículos que por la circunvalación de Valladolid, su ciudad natal.
Competencia del Ministerio de Transportes
El Ministerio de Transportes que usted preside es el competente de dichas vías, y por lo tanto tiene la obligación de establecer una solución definitiva a este problema de seguridad vial.
Sin embargo, los sucesivos Gobiernos de la Nación han cometido una intolerable dejación de funciones desde hace décadas al no acometer una solución definitiva que, por el contrario, sí se dio a la vecina localidad de Guadarrama hace ya más de veinte 2 años. Incluso este pasado agosto de 2024 la Subdelegación del Gobierno en Segovia ha prohibido a los vecinos de San Rafael realizar dos manifestaciones contra esta situación convocadas por el alcalde de El Espinar, alegando precisamente la existencia de una gran cantidad de tráfico y las posibles retenciones que se provocarían, lo cual es intolerable en un estado de Derecho.
Esta Plataforma ha denunciado esta inaguantable situación ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (Petición 1191/2022) y ante el Defensor del Pueblo de España (Exp. 23016477), manteniendo actualmente el Defensor del Pueblo, D. Ángel Gabilondo Pujol, una investigación abierta a su Ministerio por este problema y gracias al cual obra ya en las manos de su Ministerio nuestra denuncia en la que se reflejan todos los detalles de la situación de inseguridad y desigualdad que sufrimos desde hace décadas.
Promesas incumplidas
El Ministerio de Transportes tampoco ha atendido las peticiones realizadas por la Subdelegada del Gobierno en Segovia, Dña. Marian Rueda Cayón, quien nos prometió actuaciones inmediatas para poner solución a este grave problema que sufre San Rafael en la reunión que mantuvimos el 22 de febrero de 2024.
Es intolerable que el Ministerio de Transportes oculte información clave respecto a la situación de la concesión de las autopistas AP-6/AP51/AP-61, manifestando reiteradamente en sus notas de prensa que la actual concesión acabará <> el 19 de noviembre de 2029, pero obviando de forma totalmente consciente que se debe de realizar una nueva licitación de siete años más hasta el año 2036, tal y como España se comprometió con la Comisión Europea el 30 de marzo de 2011 para cumplir la sentencia del 22 de abril de 2010 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el Asunto C-423/07. Así lo estipula el artículo 3 del RD 525/2012, de 9 de marzo, y así nos lo ha confirmado la propia Comisión Europea el 28 de agosto de 2023 en su contestación a nuestra denuncia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
‘Baile’ de fechas
De hecho, usted mismo declaró el 6 de febrero de 2024 en sede parlamentaria en el Senado que no sabía qué iba a suceder con estas tres autopistas a partir de 2029, reafirmándose en una entrevista realizada en marzo de 2024 a Promecal en la que manifestó: ‘La única certeza que tenemos es que hasta 2029 va a haber peaje, y lo que estamos haciendo es encargar un estudio para tomar una decisión antes de esa fecha sobre qué hacemos, qué decisión tomamos: licitar por unos años más, prorrogar la concesión o rescatarla y hacerla libre de peaje. Esta decisión no hay que tomarla ahora. No me corresponde a mí tomarla’.
Pues bien, le informamos de que esta Plataforma ha conseguido a través del Portal de Trasferencia de la Unión Europea el documento en el que España y la Comisión Europea acordaron los términos para cumplir con la mencionada sentencia del TJUE, y hemos podido comprobar cómo España ha incumplido dichos términos de forma clara.
Sin embargo, el preámbulo del decreto de modificación de la concesión (RD 525/2012, de 9 de marzo) dice que esta licitación de siete años se acometerá ‘a partir de noviembre de 2019’.
«Vulneración del compromiso de España»
Está claro que “en 2019” no es “a partir de 2019”, y de hecho el Gobierno aún no ha realizado esta licitación, lo que supone una clara vulneración del compromiso de España con la Comisión Europea y, en consecuencia, un incumplimiento de la sentencia del TJUE.
Por todo ello, desde esta Plataforma SOLICITAMOS que, antes de que acabe el año 2024, mantengamos con usted personalmente una reunión para poder tratar este problema y, en segundo lugar, que su Ministerio inicie inmediatamente las negociaciones con la concesionaria de las autopistas AP-6/AP-51/AP-61 para bonificar estos peajes tanto a usuarios 4 recurrentes como a vehículos pesados al igual que ya se hace en otras autopistas como la AP-9 o la AP-66, con el objetivo de poder liberar así del ingente tráfico en la travesía de San Rafael.
Ultimátum
Si usted no cumple con estas dos peticiones antes de que acabe el año 2024, denunciaremos a principios del año 2025 ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el incumplimiento de España de la sentencia del 22 de abril de 2010 del TJUE, al no haberse cumplido lo comprometido por España con la Comisión Europea para su ejecución.
Está en sus manos solucionar de una vez por todas el problema de seguridad vial de la travesía de San Rafael, pues el no hacerlo supondrá que será su Ministerio el que tendrá que establecer las condiciones de la nueva licitación a requerimiento de la propia Unión Europea al no haberse hecho en el año 2019, y entonces podremos comprobar si verdaderamente usted cumple su palabra de que en el año 2029 se acabe por fin el peaje físico en estas tres autopistas. Existen diferentes opciones, como establecer un peaje en la sombra, o liberalizar las tres autopistas utilizando el artículo 264.h) de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, pero San Rafael no puede esperar más tiempo.
