El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció esta tarde el acuerdo de cierre perimetral de Castilla y León entre las 14.00 horas del 30 de octubre y el 9 de noviembre a la misma hora ante “el riesgo extremo” de la Comunidad por la pandemia.

Así lo avanzó en una comparecencia junto a los presidentes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, mantuvieron una reunión en Ávila para la coordinación de las tres autonomías en la lucha contra la pandemia.

El delegado territorial, José Mazarías, y la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, han firmado esta mañana en el Ayuntamiento de la capital el protocolo de criterios operativos de actuación de la Policía Local para el seguimiento, control y vigilancia de las medidas de aislamiento y cuarentena adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria por la Covid-19.

Además del Ayuntamiento de Segovia, también el del municipio de Riaza y la Subdelegación del Gobierno colaboran con la Delegación Territorial de la Junta para el seguimiento y vigilancia de las medidas de aislamiento en estas poblaciones, reforzando el control de las personas que deben guardar cuarentena por orden sanitaria, y contribuyendo así a incrementar la seguridad de todos los ciudadanos.

Estas actuaciones se enmarcan en el Protocolo General para la Coordinación de Actuaciones en Aplicación de las Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la Covid-19 suscrito el pasado mes de septiembre entre la Junta y la Delegación del Gobierno en Castilla y León, que garantiza y formaliza la necesaria coordinación y apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la vigilancia del cumplimiento de las medidas contra la pandemia. Para ello, la Junta se compromete a comunicar, informar y asesorar a la Delegación del Gobierno sobre los criterios sanitarios autonómicos establecidos contra la Covid-19, y, por su parte, la Delegación del Gobierno presta apoyo al personal inspector y miembros de las policías locales, así como en la incoación de las denuncias por eventuales infracciones.

En el caso de poblaciones como Segovia, que cuentan con Policía Local, estos profesionales velarán junto a la Policía Nacional y Guardia Civil por el cumplimiento de las cuarentenas y en localidades como Riaza, lo hace la Guardia Civil.

Para llevar a cabo esta vigilancia, la Administración autonómica proporciona a los alcaldes, a través de la Subdelegación de Gobierno, un listado de datos básicos y mínimos para la identificación y localización de las personas que se encuentran sometidas al régimen de cuarentena, que tienen la obligación administrativa de permanecer en sus domicilios el tiempo fijado y comunicado por los profesionales del sistema sanitario. Este listado se facilita a los alcaldes con las garantías de confidencialidad y seguridad de la información mediante correo electrónico encriptado con una clave para acceder a su contenido que será remitida al mismo por SMS o correo electrónico.

Los profesionales de las Fuerzas de Seguridad comprobarán que la persona que aparece en el listado se encuentra en su domicilio, mediante visita domiciliaria. La actuación se realizará con el debido respeto al deber de sigilo y secreto profesional y la mayor discreción posible.

Se trata de que quienes deban estar confinados a consecuencia de pruebas Covid positivas, así como sus contactos, cumplan con el confinamiento, de modo que quienes no lo hagan sean objeto de expediente administrativo y, en última instancia, de orden judicial.