El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Segovia, Pablo Pérez, anunció hoy la presentación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo “por presuntas irregularidades” el contrato de 2021 del servicio de asistencia técnica de La Cárcel-Centro de Creación, al hermano de la concejal de Turismo y exresponsable de Cultura, Gina Aguiar. Según Pérez, existe “una clara voluntad de conceder el contrato a una persona determinada y, a mayores es el hermano de la concejal”.
Para el grupo de concejales del PP, será el juez el que “dirima si este contrato es irregular o no lo es”. El PP acude a la justicia por segunda vez tras el conocido como Caso Trípode, en el que se denunció el contrato menor de la Concejalía de Cultural a la asociación Trípode Cultural para el Festival de Cine. Contrato que el juez dijo que no se ajustaba a derecho.
Ahora se interpone una demanda contra el contrato de Luis Aguiar para los servicios técnicos de La Cárcel Centro de Creación, por considera que vuelve a ser un ejemplo del mal uso de un contrato menor. La demanda se tuvo que poner antes de lunes, al vencer el plazo para impugnar el contrato de 2021, aunque los populares tuvieron acceso al expediente completo durante la jornada de ayer.
El viceportavoz del grupo, Marco Sandulli, sostuvo que acudieron al juzgado con esta demanda “casi a ciegas” porque apreciaban que las irregularidades eran “claras y tan evidentes”. En primer lugar, apreciaron “una fragmentación artificiosa” del contrato de servicios adjudicado a Luis Aguiar para prestar servicios de asistencia técnica de enero a junio de 2021, sabiendo que “no es único sino uno de los reiterados contratos que se le vienen haciendo desde hace años”.
Sandulli argumentó que un contrato menor no está concebido para que se hagan tareas permanentes ya que La Cárcel es un “centro que está abierto todo el año, con actividades y eventos a lo largo de todo un año. No es una necesidad puntual o esporádica”.
El viceportavoz del PP sostuvo que un contrato menor es “improcedente” en este caso porque expulsa del proceso de contratación para que el Ayuntamiento pueda licitar y adjudicar a quién puede ofrecer “el mejor servicio al mejor precio” y se le otorga “a quién quiere alguien que está dentro del Ayuntamiento”.
Este contrato de enero a junio de 2021 es de 13.500 euros más IVA. Según Sandulli, el segundo error es el parentesco entre el adjudicatario y la concejala de Cultura en ese momento, Gina Aguiar, que es “el servicio que propone el gasto al Ayuntamiento”.
Pablo Pérez añadió que sin ver el expediente ya intuían las carencias del mismo, quer no aparece por ningún sitio “los 90 o los 180 bolos de los que la alcaldesa dijo que tenía contratado”, por lo que se han visto forzados a acudir a la justicia.
Factura del IMD
Los concejales del PP insisten en que se siguen haciendo dobles pagos al técnico de La Cárcel, que tiene suscrito un contrato con el Ayuntamiento y luego le pagan las asociaciones a las que se les cede este espacios para eventos, incluida la Fundación don Juan de Borbón.
En la rueda de prensa del PP, fijada tras la comparecencia de Clara Luquero sobre la Junta de Gobierno Local, Pérez expuso a los periodistas una factura del 3 de marzo de 2020, de 190 euros del Instituto Municipal de Deportes, por los servicios técnicos para la emisión de un documental en la Sala ‘Julio Michel’ de La Cárcel-Centro de Creación.
“El señor Aguiar está cobrando al propio Ayuntamiento por unos servicios que el Ayuntamiento ya tienen pagado por el servicio de asistencia técnica de La Cárcel de 27.000 euros más IVA”, remarcó. Para el PP, existe “una defectuosa tramitación cargada de errores judiciales de forma voluntaria para conceder a dedo el contrato de lo servicios jurídicos de la Cárcel”.
Pérez no descartó que según lo que pase con esta demanda ante el Contencioso Administrativo, el PP pueda acabar llevando al Ayuntamiento a la vía penal porque si se comprueba que hay “una trama de ilegalidades, lo más lógico es acudir a la justicia penal” .
Dimisión de Aguiar
Pablo Pérez recordó que la moción que se vota en el pleno de mañana para pedir la dimisión de la edil de Turismo, Gina Aguiar, que va a recibir el apoyo de todos los grupos de la oposición va a dejar al equipo de Gobierno, a la alcaldesa y a Gina Aguiar en una situación “muy debilitada y complicada”.
La moción, resaltó, no tiene consecuencias fácticas pero sí tiene consecuencias políticas porque son todo los grupos los que “pedimos la dimisión” de una concejala que está “protegida por la alcaldesa”. Pablo Pérez sostuvo que el socio de Gobierno, IU, ya ha anunciado su respaldo e inclusos sabe que hay concejales socialistas que está a favor de la dimisión de Aguiar.
“Lo que va a ocurrir es que el Gobierno de la ciudad se queda muy debilitado a raíz de estos casos de irregularidades. No tengo duda y por el buen gobierno, la ciudad de Segovia no tiene por verse arrastrado por estas crisis de gobierno y menos en estos momentos tan duros. La concejala tiene que dimitir”, sostuvo Pérez.
Respaldo a Marco Costa
Por último, el portavoz del PP defendió la legalidad de los contratos de la Diputación sobre su compañero Marco Costa como director del Teatro Juan Bravo. “Si el grupo socialista tiene la más mínima duda de algo, les enseño dónde están los juzgados, que es donde se tiene que denunciar las dudas”.
Pablo Pérez sostuvo que no tienen ninguna duda del contrato de Marco Costa y que se “enmarca dentro de la más absoluta legalidad y transparencia”. El portavoz del PP dijo al Partido Socialista solo busca “levantar una cortina de humo para tapar las vergüenzas de la Concejalía de Cultura”.
