La Audiencia Provincial constituyó a lo largo del día el jurado que deberá decidir sobre el crimen de la plaza Circular de Valladolid, que acabó con la vida de María Aguña Martín, de 73 de años de edad, en octubre de 2018. Se sientan en el banquillo a los seis acusados, para los que la Fiscalía pide penas que suman 186 años de cárcel, y que está previsto que se prolongue desde mañana y hasta el 12 de noviembre.
Pasadas las 17 horas, el presidente del tribunal ofreció una lección didáctica a los miembros del jurado sobre el procedimiento del juicio, a los que tranquilizó a pesar de lo «tedioso» del caso y les transmitió que lo «fundamental son los hechos» y les instó a «estar atentos a la prueba». Posteriormente dio su turno a la lectura del escrito de todas las partes.
El Ministerio Fiscal, además de un delito de asesinato para Rubén Alonso Rocher, Arso Atanasov Iliev, Emil Artinov Minayan, Antón Androv Mihaylov, Gabriel Emilov Kamenov y Gabriel Mladenov Krasimirov, los cinco últimos de nacionalidad búlgara, con 18 años para cada uno, también les acusa de robo con violencia, con el agravante de abuso de autoridad, por el que se solicita cinco años, los mismos que por el delito de detención ilegal y tres más por pertenencia a grupo criminal. Es decir, 31 años a cada uno.
En el mismo sentido se posicionan las dos acusaciones, las que representan a los hijos de la fallecida. Sin embargo, mientras uno de los progenitores pide para los acusados prisión permanente revisable por el delito de asesinato, el otro lo sitúa en un homicidio y reclama 13 años de prisión, menos que la Fiscalía. En el resto de delitos las tres partes acusados son idénticas.
En cuanto a los escritos de las defensas, la de Rubén Alonso considera que no existe ninguna implicación en los hechos por parte de su defendido. Alega “lagunas” en el informe policial, ya que Alonso “no conocía” a la fallecida, sino a su hijo y novia, que “en todo momento han negado que informaran a Rubén de la existencia de la caja fuerte o que se guardaran joyas”. También, que desconocía “por completo” su existencia y que la Policía Nacional afirmó que Alonso y el resto de asaltantes se reunieron antes de los hechos en un local de La Rondilla, pero lo hicieron en otro que poseía Alonso, en arrendamiento, para “realizar obras de reforma menor para desarrollar en el mismo la actividad de clínica odontológica” en la calle Arca Real.
Y por último, el instituto armado acusa a Rubén Alonso, según el escrito, de ser el inductor del crimen “por descarte respecto de cualquier otra persona, con las que el hijo de la fallecida tenía contacto directo”. Los agentes reconocen en la instrucción que “solo quisieron juzgar a Rubén a pesar de que desconocen cómo pudo saber la existencia de la caja o contenido”. “Todas estas carencias hacen de él el inductor tras una acusación floja e inaceptable desde el punto de vista a la presunción de inocencia”, señala el escrito. Por todo ello, pide la libre absolución de Rubén Alonso.
Igualmente, la defensa de Arso Anatasov también pido su absolución al poner de manifiesto la “más absoluta indefensión”. Recuerda su escrito que ha solicitado diferentes diligencias para aclarar la ausencia de participación en el crimen, dado que la petición “tiene un base falsa”. Entre otros, citó que se le ha atribuido un número de teléfono desde el que han salido la mayor parte de las llamadas en el caso. “No se ha identificado el número real y verdadero del representado y sobre él no se ha realizado el estudio de tráfico de llamadas. Si se hubiera hecho, se hubiera demostrado que no ha llamado a ninguno de los demás acusados”, señala el escrito.
Señala que se dirigió a Rubén para solicitar la concesión de un crédito de 10.000 euros para adquirir un coche. Una vez concedida, le preguntó si conocía a alguien para hacer una obra.
Para Emil Artinov Minayan, su letrado pide también la libre absolución porque no estuvo ni antes ni durante en ese piso, “desconoce la sucesión de acontecimientos acaecidos en el interior de la vivienda ese día y no podía conocer la persona moradora podía llegar a fallecer a consecuencia de los hechos desplegados por otras personas”.
Antón Androv Mihaylov asegura que desconocía, cuando fue recogido por Emil, el tipo de trabajo que tenía que realizar. No tenía relación con ningún acusado, según el escrito leído, a excepción de Emil, que le reclamaba dinero que le había sido prestado “y al ue ejercía una gran presión sobre él y su familia”. El defendido tuvo conocimiento el trabajo que tenía que desempeñar la misma mañana del suceso. Reconoce que acudió a la vivienda “pero no se abalanzó, ni amordazó, ni impidió levantarse, ni amordazó ni inmovilizó a la moradora”. Tuvo la certeza, además, de que la víctima respiraba “cuando salió de la vivienda” y no tuvo una “participación directa ni conocía que la mujer sufriera determinadas patologías y mucho menos que pudiera fallecer a las pocas horas”. Al no existir, según el abogado, las calificaciones de las acusaciones y Fiscalía “no cabe hablar de autoría”. Y en el supuesto de que respondiera de algunos de los hechos, sería de aplicación una atenuante. Por todo ello se solicita la libre absolución, ya que en todo caso “solo se trataría de un delito de robo en casa habitada, en grado de tentativa”, lo que supondría una pena de un año de prisión (fue detenido en diciembre de 2019).
Sobre el quinto de los acusados, Gabriel Emilov Kamenov, también mostró su disconformidad con las calificaciones. Recuerda que su patrocinado no participó en ninguno de las acusaciones que se le inculpan y procede la absolución con “toda clase de pronunciamientos favorable”. Sin embargo, de acreditarse su intervención en los hechos y considerarse que son ilícitos, lo serían de un delito de lesiones, homicidio imprudente, imponiendo dos años, seis meses y un día de prisión, según el escrito de su defensa. También un delito de robo en casa habitada, en grado de tentativa, con un año de prisión o seis meses (en función del grado).
Por último, la defensa del último acusado, la de Gabriel Mladenov Krasimirov, reclama el sobreseimiento porque “nada tiene que ver con los hechos que se le pretenden imputar”, dado que en la fecha de los hechos se encontraba en la ciudad de León, “de hospitales y con su mutua, al haber sufrido un accidente en el trayecto de Mayorga a Valencia de Don Juan”. “Es un hombre con arraigo y domicilio conocido y que había dejado su teléfono a su cuñado en esos días”, señala el escrito. El registro domiciliario se efectuó sin presencia de abogado, “porque no había hecho nada”, residiendo en Valencia, “encontrándose trabajando y no conociendo al resto de investigados”. Además, el abogado comentó que no son sus huellas ni su foto las que se aportan y que, “quien aparece en ellas lleva guantes y los guantes no dejan huella”. Pide absolución por la presunción de inocencia e ‘in dubio pro reo’. Plantea, igualmente, la nulidad de grabaciones y audios como prueba documental “por vulnerar el derecho fundamental de imagen” y por romper la custodia. Al igual que varios del resto de acusados, de tenerse en cuenta su participación, debería tenerse en cuenta un delito de lesiones.
Claves del juicio
Una de las claves del juicio será conocer quién informó a Rubén Alonso, dueño de una clínica dental de Pajarillos y recientemente condenado a casi once años por liderar una banda dedicada al robo de coches a punta de pistola, y a Arso Atanasov de que en la casa de la víctima había una caja fuerte en la que de forma habitual se guardaban importantes cantidades de dinero. Ambos, según el relato del Fiscal, diseñaron un plan para asaltar la vivienda y recabaron también la ayuda de Emil Artinov.
Según sostiene el fiscal, la violencia ejercida sobre la víctima la provocaron una situación de estrés que, unida a los traumatismos y a la dificultad para respirar que la provocaba la cinta americana, le causaron una insuficiencia cardíaca aguda que, escasas horas después de que los atacantes se marchara de la casa, le originó la muerte. Los acusados eran conscientes, cuando huían, de que la situación en que dejaban a la víctima le podía causar al muerte.
El cadáver no fue descubierto hasta el día siguiente, cuando su familia llamó a la policía alertada al no responder a sus llamadas telefónica ni abrir la puerta de casa.
