El Gobierno de PP-Vox, presidido por Alfonso Fernández Mañueco y vicepresidido por Juan García-Gallardo, llega a los 100 días con algunos acuerdos, diferencias y con ciertas polémicas. El plan anticrisis, el recorte de las subvenciones a patronal y sindicatos que conforman el diálogo social, los incendios que han arrasado Zamora y otras zonas o la implicación del Ejecutivo central para salvar la galletera Siro han marcado este inicio de la legislatura. El presidente de la Junta ha tenido que “salvar”, en forma de respaldo explícito, a su ‘número dos’ y a los consejeros Juan Carlos Suárez-Quiñones y Mariano Veganzones ante la petición de dimisión por la oposición.
En estos primeros 100 días han surgido las diferencias entre los socios, cuando Vox reniega del estado de las autonomías, rechaza hablar de violencia de género pero sí de violencia intrafamiliar o incluye al Diálogo Social y sus subvenciones como gasto superfluo. Precisamente, han roto ya la disciplina de voto en las Cortes ante la Agenda 2030 y el respaldo al Diálogo Social. Aun así, PP y Vox sostienen que su Gobierno es sólido y estable.
El acuerdo suscrito el 10 de marzo para la gobernabilidad de la Comunidad y ampliado un mes después marca para los primeros 90 días la reducción de subvenciones públicas a sindicatos, patronal y organizaciones políticas -ya iniciada-, el inicio de los trámites para elaborar una norma sobre concordia que sustituirá al decreto de la memoria histórica y eliminar partidas presupuestarias para el efecto llamada hacia la inmigración.
Pacto anticrisis
La Junta se estrenó, en esta nueva etapa, con un plan anticrisis para la recuperación económica y social agravada por la guerra en Ucrania, aprobado en el primer Consejo de Gobierno celebrado el 21 de abril. Fernández Mañueco compareció ante la prensa para informar de las medidas, en total 75 valoradas en 470 millones, entre las que se incluyen una rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y varias tasas autonómicas.
En concreto, el tipo mínimo en el tramo autonómico del IRPF pasará del 9,5 por ciento al nueve por ciento, lo que dejará en el bolsillo de los contribuyentes 80 millones de euros en cuatro años. La modificación tributaria se hará mediante una ley cuya tramitación se iniciará de manera inmediata, con el objetivo de que llegue a las Cortes y se apruebe, con efectos retroactivos para este año, antes de que acabe el ejercicio.
Recorte al Diálogo Social
En plena campaña electoral andaluza, García-Gallardo y Mariano Veganzones, titular de Industria, Comercio y Empleo, convocaron a los medios para anunciar un recorte del 50 por ciento en la subvención a la representación de patronal y sindicatos, junto a la reducción en otras nueve líneas que cuantificaron en un ahorro de 20 millones, pero que no sería una medida aislada, sino que se aplicará en otras consejerías.
El anuncio de estas medidas coincidió con la firma en Madrid del acuerdo para el mantenimiento del empleo en las plantas de Siro en Castilla y León, al que acudieron el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Precisamente, la crisis de Siro fue el primer problema grave que enfrentó el nuevo Gobierno no sin polémica. La decisión de los trabajadores de no respaldar el plan de viabilidad de la galletera llevó a los inversores internacionales a dar marcha atrás a sus compromisos de inversión financiera en la empresa, lo que puso en riesgo sus fábricas y sus empleos. Ante lo que parecía una falta de decisión en abordar el problema del consejero de Industria, Mariano Veganzones, y ante las presiones de alcaldes y trabajadores, finalmente el presidente de la Junta tomó la iniciativa para reunir a las partes y buscar una salida. Ésta llegó en el despacho de la ministra de Industria, Reyes Maroto, quien de madrugada anunció un principio de acuerdo y la vuelta de los inversores internacionales.
La reducción de estas ayudas, pilar del Diálogo Social, ha enfrentado a los sindicatos -también la patronal se ha mostrado en contra- y oposición con la Junta. Fernández Mañueco y el PP han tenido que apoyar el recorte de subvenciones a los sindicatos, que desligan del modelo de concertación recogido en el Estatuto de Autonomía. No obstante, también respaldaron la PNL socialista a favor del Diálogo Social, en cuya votación el Grupo Vox se quedó solo.
Incendio en la Sierra de la Culebra
La gestión del incendio de la Sierra de la Culebra, que ha carbonizado unas 24.000 hectáreas, ha enfrentado a la Junta con la oposición, sindicatos y bomberos forestales por no haber adelantado el periodo de peligro alto cuando se declaró el fuego. “El fuego es una tragedia, pero hay responsables de que no haya medios”, afirmó el socialista Luis Tudanca en las Cortes, donde pidió el cese fulminante del consejero Suárez-Quiñones, al que Fernández Mañueco respaldó.
Mientras el presidente de la Junta apoyaba al consejero, durante la celebración del pleno de las Cortes, en la entrada de la sede parlamentaria bomberos forestales y sindicatos criticaban la gestión desarrollada ante un siniestro, cuya extensión y propagación de las llamas atribuyen Fernández Mañueco y el consejero a causas meteorológicas.
Sin embargo los incendios han seguido siendo un quebradero de cabeza para el Ejecutivo de coalición, pues al de la Sierra de la Culebra le siguió otro en Losacio, que se cobró dos vidas, la de un brigadista y la de un pastor. También se registraron fuegos de relevancia en Ávila, Salamanca y El Bierzo (León). Todo ello llevó al consejero Suárez-Quiñones a reunir a la Comisión Forestal del Diálogo Social, que se saldó con un acuerdo para reforzar en esta legislatura el operativo, con la conversión en fijos del personal fijo discontinuo y la ampliación de los meses de trabajo de los operarios de empresas privadas.
Polémicas manifestaciones de Gallardo
En su comparecencia para exponer su programa en las Cortes, el vicepresidente sin cartera planteó que Castilla y León sea una “región maternal” para contribuir a atajar la “emergencia demográfica”. “Reivindico la figura de las mujeres, portadoras y dadoras de vida, y su papel fundamental en la sociedad a todos los niveles”, afirmó, en una propuesta criticada por la oposición.
García-Gallardo aprovechó su intervención para afirmar que el estado de las autonomías “es un lujo que no nos podemos permitir” y criticar que se adoctrine a niños en las aulas o que “se pervierta” a los menores con la educación sexual. Sus polémicas declaraciones siguieron al vincular la despoblación con una hipersexualización de la población.
Igualmente, la respuesta que ofreció en las Cortes a la procuradora socialista con discapacidad, Noelia Frutos, de que la iba a “tratar como si fuera una personas como todas las demás”, levantó otra polvareda y el PSOE pidió su reprobación por la Cámara. El PP, en desacuerdo con lo dicho por el ‘numero dos’ de la Junta, le salvó de la censura de la oposición.
El presidente de la Junta ha tenido que responder a las preguntas sobre las manifestaciones del vicepresidente, de las que se ha alejado y ha enmarcado en opiniones personales. Fernández Mañueco ha insistido en que se juzgue a su Gobierno por los hechos, no por la polémica.
