Las denuncias por violencia de género en Castilla y León descendieron en el último año un 11 por ciento hasta alcanzar la cifra de 1980 denuncias en la Comunidad, según los datos del Sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VIOGEN). En lo que va de año, solo se registró una única víctima de “esta lacra social” el pasado 1 de octubre en la localidad leonesa de Boñar, que se suma a las 33 víctimas de todo el territorio nacional, como señaló hoy el delegado del Gobierno en la Comunidad, Ramiro Ruiz Medrano.

Durante la rueda de prensa posterior a la Comisión Territorial de Asistencia al delegado del Gobierno celebrada en Segovia a la que asistieron los nueve subdelegados del Gobierno en las provincias de la Comunidad, Ruiz Medrano señaló que de las denuncias registradas un 37 por ciento fueron formuladas por mujeres del ámbito rural de la Comunidad. En este sentido, incidió la necesidad de acentuar la concienciación en dicho ámbito para que “denuncien sin temer al qué dirán porque contribuye a salvar muchas vidas”.

Acompañado de la subdelegada del Gobierno en Segovia, Pilar Sanz García, Ruiz Medrano invitó a concienciar a la sociedad y a denunciar cualquier atisbo de violencia de género, además de implicar a los hombres y a la sociedad en general en el rechazo a la violencia machista. Al respecto, el 25 de noviembre se celebrará el Día Internacional contra la violencia de género al que se sumarán las diferentes Subdelegaciones del Gobierno en la región con campañas de prevención.

Hasta un total de 3.240 mujeres mantienen en Castilla y León atención policial activa según los datos del Ministerio del Interior a 31 de agosto de 2012. Por provincias, Valladolid lidera el número de asistencias con 715, seguida de Burgos con 620; León con 524; Salamanca, 352; Palencia, 271; Ávila, 238; Segovia, 189; Zamora, 181; y Soria.

Respecto a la nacionalidad, el 67 por ciento de las denunciantes son españolas, el 12 por ciento de América Latina, y otro 12 por ciento de países europeos. Por su parte, el 70 por ciento de los agresores son de nacionalidad española; un 12 por ciento de América Latina y un 12 por ciento de países de la Unión Europea.