El PSOE de la Diputación de Segovia aseguró que Atilano Soto reclamó un finiquito de 80.000 euros por la vía judicial a Segovia 21, sociedad que presidía. A través de un comunicado, el portavoz socialista, José Luis Aceves, explicó que además Soto habría reclamado en el juzgado de lo social «otras cantidades presuntamente no abonadas».
Aceves consideró «poco ético» que Soto reclame dicho montante «después de la información que demuestra las elevadas cantidades que recibía -unos 117.000 € al año- y el poco acierto en la gestión de la Sociedad a raíz de lo conocido».
Asimismo el portavoz de los socialistas en la Diputación tildó de «incongruencia» que antiguos miembros del cesado Consejo de Administración de Segovia 21, como Javier Santamaría o Jesús Postigo, continúen apoderados de la sociedad junto con el recientemente cesado, Jesús Sánchez Díez. Así lo asegura Aceves quien explica que comprobando el Registro Mercantil «resulta por lo menos extraño» que sigan figurando como apoderados incluso habiendo sido llamados a declarar por la Fiscalía de la Audiencia Provincial.
Aceves ha lanzado estas declaraciones tras la celebración de la sesión conjunta de las Comisiones Informativas de la Diputación Provincial convocadas para ofrecer información relativa a la sociedad Segovia 21. El socialista expresó su contrariedad por no haber sido informado previamente de la denuncia de un funcionario de la Diputación por una presunta irregularidad en la cesión de derechos sobre el agua de que disfrutaba la finca de Quitapesares y las instalaciones que sigue teniendo la Diputación en la misma a favor de la sociedad mercantil Segovia 21, S.A.
Dicho funcionario, según la información de la que dispone el Grupo Socialista, denunció ante la fiscalía de la Audiencia Provincial de Segovia al anterior Presidente de la Diputación, Javier Santamaría y al Vicepresidente y Diputado Delegado de Asuntos Sociales y Deportes, Miguel Ángel de Vicente, en mayo de 2010, por unos presuntos delitos de prevaricación, defraudación, malversación, contra el ejercicio de los derechos cívicos constitucionales y por falsedad.
Actualmente dicha denuncia según la información que tiene el grupo socialista sigue su trámite judicial y se han abierto Diligencias Previas en el Juzgado de 1ª Instancia e instrucción nº 5 de Segovia, sin que hasta la fecha nadie del grupo de gobierno informara de este extremo al grupo en la oposición, por lo que no es de recibo este oscurantismo.
«Esperamos explicaciones convincentes que nos indiquen los motivos por los que la Diputación, ostentando una quinta parte de los derechos de agua de la Comunidad de la Cacera de Navalcaz, ha transmitido sin más a la entidad mercantil Segovia 21 esa cantidad de agua que utilizaba para el Centro de Servicios Sociales Nuestra Señora de la Fuencisla y el Parque de Maquinaria de Vías y Obras, pasando a tener que suministrarse y abonar al Ayuntamiento de Palazuelos las facturas cuatrimestrales correspondientes al agua procedente del Rancho el Feo que suponen unos 12.000 € al año», señalan.
Para el PSOE, que la Residencia Nuestra Señora de la Fuencisla (Quitapesares) y el parque de maquinaria de la Diputación tengan que asumir unos gastos por consumo de agua que anteriormente no tenían supone en principio una cuestión discutible que esperaron que expliquen en profundidad y después esperar la decisión judicial sobre el asunto, apuntó Aceves.
