La obra pública se disparará en 2023, un año muy electoral con dos citas con las urnas, y se aproximará a la barrera de los 2.000 millones de euros en Castilla y León, una cifra no vista desde los tiempos de la ‘burbuja’ inmobiliaria y que se acerca al volumen de inversión que las constructoras ha reclamado de forma insistente a las administraciones durante los últimos años.
Las previsiones que maneja la Cámara de Contratistas de Castilla y León para este ejercicio, tras revisar los presupuestos de las instituciones, sitúan la previsión de la licitación en los 1.890 millones de euros, de los que casi la mitad, 720, corresponden a la Administración General del Estado, frente a los 690 de la Junta y los 480 que imputa a las entidades locales.
“Las expectativas sobre el volumen de la obra pública son muy positivas para 2023, porque empezamos a acercarnos al objetivo estable y sostenible de 2.500 millones, la inversión necesaria para asegurar la competitividad de la Comunidad”, aseguró en declaraciones a Ical el presidente de la Cámara de Contratistas, Enrique Pascual.
De hecho, la previsión de este año supera notablemente la cifra licitada en 2022, que fue de 1.639 millones en Castilla y León, por lo tanto estiman que crecerá más de un 15 por ciento, fruto del impulso de las administraciones en un año electoral, pero también al despliegue de los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Además, las administraciones han recuperado el ritmo inversor puesto que en 2019, año en el que se celebraron dos elecciones generales, las municipales, autonómicas y europeas, la licitación de obras se quedó en 1.119 millones en la Comunidad, lo que contrasta con los 1.890 previstos para este 2023. Se trata de un aumento en cuatro años del 68,9 por ciento y del 45,9 por ciento en relación a 2021, cuando se pusieron en el mercado 1.376 millones.
Enrique Pascual destacó que de los 1.890 millones que se licitarán por las administraciones en Castilla y León, si cumplen lo prometido, se esperan adjudicaciones por 1.244 millones, lo que supone una tasa de cumplimiento del 65,82 por ciento. La Cámara espera que el Gobierno y sus entes contraten en la Comunidad por 504 millones, mientras la Junta lo hará por 380 y las entidades locales, 360.
Bajas al mínimo
El aumento de la inversión en infraestructuras en la Comunidad llegará este año marcado también por otro cambio sustancial, la caída hasta el mínimo histórico de las bajas de adjudicación. La Cámara de Contratistas estiman que este año se situarán de media por debajo del diez por ciento en Castilla y León, lo que contrasta con el 20 por ciento que tenía hace cuatro años en 2019. Esto se producirá tras situarse en el 12 por ciento en 2022.
Detrás de este cambio está el aumento del volumen de obras, que reduce la competencia entre las constructoras, al haber más ‘tarta’ para repartir, así como por la reducción del número de empresas, no porque se haya producido una concentración del tejido productivo, sino por el cierre, ante las dificultades económicas o la falta de relevo generacional.
Además, Ferrovial, miembro de la Cámara de Contratistas, ha comunicado que cambia su sede social y se marcha fuera de España debido a la necesidad de captar capitales en el mercado bursátil. Enrique Pascual justificó esta decisión empresarial al recordar que la base accionarial ya no es española, sino extranjera, puesto que la compañía desarrolla su actividad en un 95 por ciento fuera del país. También remarcó que sigue siendo la principal constructora que opera en Castilla y León y afeó la respuesta del Gobierno a la compañía.
Finalmente, este año dejará también un mejor acceso de las empresas a la obra pública, pues los contratistas esperan que la tasa de éxito, que mide lo adjudicado sobre lo licitado para un determinado empresario, pase del 30 al 40 por ciento.
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