El pleno no se preveía tranquilo, y no lo fue. Aunque el punto más polémico del orden del día era una moción de Centrados, en la que se pedía la reprobación a la concejala de personal, Marisa Delgado, la proximidad de las elecciones se dejó notar, y mucho, lo hizo antes, como viene siendo la tónica general de los últimos meses. La Junta de Portavoces aprobó la lectura, por parte de la alcaldesa, Clara Luquero, del balance de Gobierno municipal de 2018. Hasta aquí, todo normal. La lectura se hizo, sí, pero casi en solitario, tras el abandono del Salón de Plenos de los partidos políticos de la oposición PP, Centrados e IU, todos los grupos en la oposición salvo Ciudadanos. El motivo, el conocimiento por parte de éstos de que el grupo naranja había tenido acceso a una memoria (en proceso de ejecución) de las acciones de urbanismo del Ayuntamiento durante los años 2013 y 2016.
El debate fue previo, la acción de Gobierno pasó a un segundo plano. Ni las cosas efectuadas o no en materia de Cultura, Servicios Sociales, Obras o Deportes, entre otros, importó. El cruce de acusaciones explotó. La jefa de la oposición, Raquel Fernández, acusó de «prevaricación e información privilegiada el acceso a este contenido» y aseguró que esa información afecta al balance de 2008: «Estamos aún pagando sentencias que condicionan los presupuestos», recordó. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida consideró que no tener esa información hacía llegar al debate a los grupos en distinta posición mientras que, por su parte, Centrados, criticó duramente la circunstancia y, como ya había anunciado, abandonó el pleno.
La imagen, un salón de plenos casi vacío. La realidad, falta de consenso.