No creo necesario recordarle al señor Gordo, que los supuestos de incompatibilidad con el cargo de Concejal están perfectamente regulados, y que ejercer la función de portavoz en la oposición de un Ayuntamiento sin dedicación exclusiva es una opción perfectamente legítima, pues permite compatibilizar esta actividad con el desempeño de otras actividades, por cuenta propia o ajena, dentro del marco que nuestra legislación establece.
Tampoco creo que haya que recordarle que el apoderamiento y la utilización, sin estar autorizado, de datos reservados de carácter personal que se hallen registrados en cualquier tipo de fichero o registro público, como son los datos fiscales de Hacienda, es un delito penado en nuestro Código Penal con pena de prisión, así como sancionable por vulnerar la Ley de Protección de Datos.
Y es por ello, por lo que tendrá que ser este representante político, quien deba ofrecer las oportunas y convincentes explicaciones ante la Justicia, la Agencia de Protección de Datos y, por supuesto, la ciudadanía, para justificar la manera en la que ha accedido sin mi permiso y, por tanto, de forma irregular, a mis declaraciones fiscales correspondientes a los años 2007 y 2008.
En todo caso, es de lamentar el camino escogido por el Sr. Gordo para hacer política, lanzando piedras y escondiendo la mano, tratando de confundir a la opinión pública con titulares torticeros y sembrando sombras de sospecha sin argumento alguno sobre el adversario político.
Lo cierto, es que tratar de sacar particular provecho del actual clima de desconfianza ciudadana hacia la política en general y los políticos en particular, esparciendo acusaciones injustificadas e insidias sin fundamento, supone un ejercicio de irresponsabilidad que tan sólo descalifica a quien así actúa.
Afortunadamente, somos mayoría los que pensamos que hay otra forma de hacer política, y en eso ocupamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo.
Y es por ello, por lo que una vez traspasados los límites de la admisible crítica política, bajo la excusa de un pretendido derecho al insulto, deberán ser los tribunales los que se pronuncien.
Y es que en política «no todo vale».
Beatriz Escudero, diputada del PP en Segovia.
