La Junta de Castilla y León abonará unos 50.000 euros al año por el espacio que ocupará la Delegación Permanente de la Comunidad en Bruselas en la sede de la Embajada de España en la capital comunitaria. El traslado le permitirá un ahorro de 300.000 euros al Gobierno regional. El 1 de enero de 2013 la plantilla, formada por cinco trabajadores (dos de Excal) y cuatro becarios, se incorporará al trabajo no en el edificio donde han estado desde hace cuatro años, sino en el de la representación diplomática del Reino de España. Será así la segunda autonomía, tras La Rioja, que asienta su centro de representación ante la Unión Europea en la embajada española.
En abril de 2008, el Consejo de Gobierno aprobó el decreto por el que se abrió la Delegación Permanente de Castilla y León ante la Unión Europea con el objetivo de mantener relaciones de colaboración con las instituciones comunitarias y ejercer funciones de información, promoción y defensa de los intereses de la Comunidad. La Junta alquiló un edificio en la calle Louis Schmidt, donde se instaló la antigua Oficina en Bruselas, la Fundación ADEuropa y el Centro de Negocios. Ahora, ese inmueble se abandona y la Junta estima un ahorro anual de 300.000 euros, entre el alquiler y los gastos de funcionamiento.
“El traslado no afecta a las funciones ni a los programas y tiene beneficios para los intereses de Castilla y León porque se va a trabajar de manera coordinada con las personas del Gobierno que siguen los temas”, explica a Ical la directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de Diego, quien defiende más que el ahorro, aunque es “importante”, la eficiencia y la coordinación.
El programa de la Agenda de Acción Exterior 2012-2015, presentada por la Consejería de la Presidencia en marzo, uno de cuyos ejes es impulsar la presencia de la Comunidad en Bruselas, no sufrirá variación, afirma De Diego, quien añade incluso que las iniciativas incluidas en la Agenda de Acción Exterior se verán reforzadas.
La Junta de Castilla y León aceptó el pasado mes de enero la oferta del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, de trasladar los trabajadores de la Comunidad tanto de la Delegación en Bruselas como en centros comerciales gestionados por Excal a sedes del Gobierno de España. “Nos parece adecuado, sensato y oportuno”, defendió entonces el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, que así se lo comunicó al ministro por carta. El 12 de junio el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, rubricó con García-Margallo el convenio con el Ministerio, que se materializa a primeros de año.
Aunque está por “cerrar”, la Junta de Castilla y León abonará una cuantía en torno a los 50.000 euros al año por tener sus dependencias en la sede permanente de la Embajada de España ante la Unión Europea en Bruselas, precisa la directora general, que ejerce desde hace dos años las funciones de la Delegación en la capital comunitaria, ya que no se cubrió el puesto de jefe de la oficina que dejó María José de No.
“El trabajo de la Delegación es vital, desde aquí no se puede hacer el seguimiento diario que hacen las personas que trabajan allí”, sostiene De Diego, quien remarca que instalarse en la sede diplomática española “no limita” las funciones y objetivos que pretenden en Europa.
Aumento de la actividad
Con el acuerdo adoptado y firmado por Juan Vicente Herrera y José Manuel García-Margallo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación prestará una asistencia directa en la promoción de los intereses castellanos y leoneses, facilitará una mejor coordinación de funciones y permitirá una utilización de los recursos disponibles más eficaz. En el protocolo se especifica que el personal de la Junta de Castilla y León seguirá dependiendo orgánica y funcionalmente del Gobierno autonómico.
Castilla y León tiene una participación intensa en foros como los que analizan la Política de Cohesión, la reforma de la PAC o el sector del automóvil, destaca la directora general, quien recuerda que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, preside el Intergrupo del Automóvil. Otro aspecto que se resalta es el contacto directo con las políticas europeas, puesto que el 75 por ciento de la normativa autonómica se deriva de la europea y las regiones gestionan el 70 por ciento de las políticas europeas.
En la memoria de 2011 de la programación estable de la Delegación de Castilla y León ante la Unión Europea, se recoge, entre otras, la mesa redonda del Intergrupo del Automóvil, la implementación de la Directiva Marco de Energías Renovables, la presentación de la Macrorregión Resoe en el Parlamento Europeo, la semana de la energía sostenible, la estrategia europea para los vehículos limpios y eficientes, el seminario sobre cambio demográfico o la presentación de la Hoja de Ruta Energética para 2050, además de reuniones y visitas de colectivos, entre ellos universitarios o ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos).