El Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) impulsado por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, permitió la contratación de 7.322 desempleados en Castilla y León, durante un periodo medio de 95,04 días, según un informe del Tribunal de Cuentas. El conocido como Plan E, uno de los programas estrella de Rodríguez Zapatero, impulsó estos empleos en la Comunidad, a través de un total de 3.934 proyectos, con un coste de 443,78 millones de euros, lo que supone que el importe ejecutado para emplear a cada uno de esos parados ascendió a 60.609,24 euros.
En este contexto, el tribunal fiscalizador constata que la mayor parte de los trabajadores que acometieron las actuaciones del plan, ya trabajaban para las empresas adjudicatarias. En este sentido, en el documento se expone que “el 67 por ciento de los trabajadores empleados en la ejecución de los proyectos que formaban parte de la estructura de la empresa con anterioridad al FEIL, continuaban prestando sus servicios en la misma en el segundo semestre de 2011. Únicamente el cuatro por ciento de los que fueron contratados específicamente para la ejecución de los proyectos FEIL continuaron en dicha fecha trabajando en la empresa”. Asimismo, las empresas adjudicatarias incumplieron el compromiso de contratación de desempleados en el once por ciento de los contratos suscritos.
El tribunal también expone que en su conjunto, el 21 por ciento de los contratos fueron adjudicados a empresas que declararon que generarían un número de puestos de trabajo inferior a las previsiones comunicadas por las entidades locales en la solicitud de fondos y el 12 por ciento de los proyectos fueron adjudicados a empresas que no se habían comprometido a la contratación de ningún trabajador procedente del desempleo. El 66 por ciento de las entidades no realizaron ninguna actuación de seguimiento de la creación de empleo, objetivo básico del fondo.
Contratos menores
En cuanto a las modalidades de contratación, el estudio refleja que Castilla y León fue donde se celebraron mayor número de contratos menores, el 60 por ciento de los tramitados por las entidades de esta Comunidad. Para el conjunto de Estado, el tribunal detecta en el FEIL, que se dotó con 8.000 millones de euros, que se distribuyeron entre 8.090 entidades locales para financiar 30.698 proyectos, que se produjo fraccionamiento del objeto del contrato en el 13 por ciento de los proyectos, y en el once por ciento de los contratos menores financiados, “con objeto de eludir el límite de cinco millones de euros establecido en el Real Decreto-Ley 9/2008 y que permitía acudir a la financiación del FEIL, o tramitar los contratos mediante el procedimiento negociado sin publicidad o el de contrato menor, no garantizándose una adecuada publicidad y concurrencia en la contratación”.
Asimismo, cabe recalcar la conclusión del tribunal que constata que en el 70 por ciento de los expedientes no se acreditó adecuadamente la necesidad pública de la inversión, cuestión que además de ser un requisito básico para la adjudicación, supone una garantía de que los fondos públicos se destinen a un fin necesario para la entidad local.
El 70 por ciento de las entidades no valoró más proyectos de los que finalmente se presentaron para su aprobación por el Ministerio, porcentaje que, en las entidades mayores de 50.000 habitantes fue del 50 por ciento. Muchos de los proyectos fueron así actuaciones que ya habían sido diseñadas pero no habían podido ejecutarse por falta de fondos, y no nuevas medidas para el nuevo fondo.
El documento también refleja que el importe solicitado en la Comunidad para 3.969 proyectos fue de 447,42 millones, el adjudicado ascendió a 427,25, lo justificado a 444,53 millones, y lo recibido, a 443 millones. Así, el tribunal sentencia que las entidades ejecutaron las inversiones por el importe solicitado sin que prácticamente se produjeran bajas en el gasto ejecutado.
Las conclusiones se basan en el estudio de una muestra efectuada a 700 entidades locales españolas y 1.270 proyectos.
