El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos presentados por la Junta de Castilla y León y por la empresa concesionaria de la estación de esquí del puerto de Navacerrada, lo que deja firme la sentencia que obliga a su desmantelamiento definitivo.
La resolución, fechada el 18 de marzo, confirma el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que en 2024 determinó que la administración autonómica debía declarar la caducidad de la concesión (expirada en 2021) y hacerse cargo de los trámites para la retirada de las instalaciones y la restauración del entorno natural en el Pinar de Valsaín, donde se ubica parte de la estación.
El alto tribunal rechaza los recursos al considerar que carecen de la fundamentación necesaria y que no plantean cuestiones con interés casacional, es decir, relevantes para fijar doctrina. En la práctica, esto supone el cierre definitivo de la vía judicial.
Un conflicto de años por la gestión y el impacto ambiental
El litigio se remonta a 2021, cuando Parques Nacionales decidió no renovar la concesión de las pistas situadas en la vertiente segoviana del puerto, alegando su impacto ambiental en un espacio protegido y el fin del plazo de explotación.
Sin embargo, la Junta de Castilla y León sostuvo que no era competente para gestionar la caducidad de la concesión ni ordenar el desmantelamiento, lo que derivó en un conflicto judicial. El tribunal autonómico corrigió esta postura y estableció que sí debía asumir esas funciones, una interpretación que ahora queda definitivamente respaldada.
El caso ha estado marcado por el choque entre dos modelos: por un lado, la defensa del valor económico, deportivo e histórico de una de las estaciones más antiguas de España; por otro, la prioridad de la conservación ambiental en pleno Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Qué consecuencias tiene la decisión
La inadmisión del Supremo tiene efectos inmediatos y de gran alcance. En primer lugar, convierte en firme la obligación de desmantelar las instalaciones, lo que implica la retirada de remontes, telesillas y cañones de nieve, así como la restauración del terreno afectado.
Además, la Junta de Castilla y León deberá ejecutar la sentencia: declarar formalmente la caducidad de la concesión, resolver su liquidación y supervisar la recuperación ambiental del espacio.
Para la empresa concesionaria, la decisión supone el fin definitivo de la actividad en estas pistas, mientras que para la zona implica la pérdida de uno de sus principales focos de atracción turística invernal.
En definitiva, con esta resolución, la estación de esquí de Navacerrada (con casi un siglo de historia) afronta su desaparición. La decisión judicial abre ahora una nueva fase centrada en la ejecución material del desmantelamiento y la recuperación del entorno natural.