El PSOE pide a la Junta medidas para combatir la proliferación de pisos turísticos ilegales en Castilla y León. La senadora socialista segoviana, Lirio Martín, ha instado a la Junta de Castilla y León «a ponerse las pilas y cumplir sus competencias».
Para el PSOE, se trata de «un problema crítico que afecta a vecinos, pymes, autónomos, empresas y a los propios turistas, que desconocen que carecen de cualquier tipo de derecho y protección».
Por ello, consideran que la Junta debe de legislar para ayudar a los ayuntamientos para que «la proliferación de pisos turísticos ilegales no se convierta en un problema de complejas soluciones».
En este sentido, apunta Lirio Martín, «se debe de vincular los pisos turísticos a la actividad económica relacionada con el turismo y desvincularlo del uso residencial».
De hecho, pone como ejemplo que «en la ciudad de Segovia, el Plan Estratégico y de Gestión de la Ciudad Vieja de Segovia y su Acueducto, recientemente aprobado, lo contempla de forma evidente».
El PSOE acusa a la Junta de estar de «brazos cruzados»
De esta manera, el PSOE pide a la administración regional “una mayor contundencia” con las inspecciones de pisos turísticos de la ciudad. “Mientras la Junta está de brazos cruzados e ignora un problema que es una de las razones que está disparando el precio del alquiler en Segovia, situándolo entre los más altos de España, con un crecimiento del 26,5% en los últimos años, los pisos turísticos ilegales están parasitando la oferta turística”.
Para Martín, “la existencia de estos alojamientos ilegales no solo supone una competencia desleal para los profesionales del sector hostelero que cumplen con la legalidad, viendo perjudicados sus ingresos y su capacidad de operar en un mercado justo, sino que también representa un problema significativo para los vecinos. Estos alojamientos no regulados pueden ocasionar molestias, problemas de seguridad y una clara disminución de la calidad de vida de la ciudadanía”.
Sistema de control riguroso
Desde el PSOE de Segovia, instan a la Junta de Castilla y León a implementar un sistema de control más riguroso. De ese modo, persiguen que se garantice que todos los alojamientos cumplan con las normativas legales vigentes. Esto implica inspecciones periódicas más rigurosas y sanciones severas para aquellos que operen al margen de la ley. También habría que concretar cómo tiene que ser un alojamiento de este tipo. Cuando una persona o empresa abren un hotel, se saben las condiciones que debe tener. Sin embargo, cuando lo hace una vivienda turística hay muchas zonas oscuras.
En su opinión, la Junta «está ignorando esta cuestión de manera irresponsable, circunstancia que está yendo en detrimento de las viviendas de uso residencial». Por ello, añade, «todo esto genera una degradación de la convivencia».