La Guardia Civil de Segovia ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la flora y la fauna, tras ser sorprendidas cazando aves protegidas con métodos prohibidos en un paraje de Segovia.
La actuación se inició gracias a la colaboración ciudadana. Una vez recibida la información, componentes del Seprona, se desplazaron al paraje conocido como ‘El Pinarillo’, donde localizaron a dos personas cazando jilgueros, para lo que empleaban varetas impregnadas con pegamento, utilizando otros pájaros como reclamos, además de teléfonos móviles que reproducían el canto de esta especie.
En el momento de ser sorprendidos habían capturado seis ejemplares, que fueron intervenidos junto con las varetas, el bote de adhesivo y dos jaulas. Asimismo, les fueron incautados los pájaros empleados como señuelos, ya que no se pudo acreditar su lícita procedencia al carecer de las anillas pertinentes.
Por dicho motivo, los agentes del Seprona procedieron a la investigación de los cazadores, atribuyéndoles la comisión de un delito relativo a la protección de la fauna por la caza de especies no autorizadas (fringílidos) empleando métodos no selectivos. Se instruyeron las correspondientes diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Guardia e Instrucción de Segovia.
Además de la investigación expuesta, en los últimos doce meses las unidades del Seprona de Segovia han intervenido en otras cuatro ocasiones con hechos relacionados con la captura de jilgueros y otros fringílidos. En estas actuaciones han sido denunciadas seis personas por vulnerar la legislación. Concretamente, se han contabilizado 27 infracciones por diferentes preceptos recogidos en la normativa medioambiental, entre las que destacan la caza con medios prohibidos no selectivos (redes, pegamento y liga), así como emplear para la caza sistemas no autorizados (reproductores electrónicos). Todas estas denuncias fueron remitidas al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de Segovia.
Las aves fringílidas están protegidas por la directiva de la Unión Europea Directiva Aves 2009/147/CE, así como por la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad y la diferente regulación del medio natural en Castilla y León, donde desde el año 2018, ya no está permitida la captura de estas especies.
Los autores se enfrentan a penas de prisión que van de seis meses a dos años o a multas de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, se exponen a la inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por un tiempo que oscila de dos a cuatro años.
Su captura para jaula y la disminución de plantas ruderales por causa de los herbicidas agrícolas, son las principales amenazas de estas aves beneficiosas para la biodiversidad y el medio ambiente.
