El PSOE señala a Segovia como ejemplo de ciudad donde declarar una zona tensionada de vivienda

Segovia ha vuelto a situarse en el centro del debate sobre el acceso a la vivienda. El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, reclamó este sábado a la Junta que declare zonas tensionadas aquellas ciudades donde el precio de la vivienda dificulte el acceso de los residentes, y citó expresamente a la capital segoviana como uno de los ejemplos más claros de esta situación.

Durante su participación en una manifestación convocada en Valladolid por UGT y CCOO, Martínez aseguró que en Segovia existe una creciente tensión entre la demanda de vivienda de los vecinos y el auge de los alquileres turísticos y vacacionales, especialmente en el centro de la ciudad. Por ello, defendió que la Junta atienda las peticiones de los ayuntamientos que soliciten esta figura y aplique las medidas previstas en el Plan Estatal de Vivienda para facilitar el acceso a la vivienda habitual.

Por esa razón, Martínez pidió a la Junta de Castilla y León, desde “la obligación de cumplir todos los requisitos y obligaciones que pone el Plan Estatal de Vivienda”, que plantee la declaración de zonas tensionadas en determinadas capitales “cuando lo pidan los ayuntamientos implicados”.

Todo ello tras acusar hoy a la Junta, en declaraciones recogidas por Ical, de “dar la espalda” al problema de la vivienda tras 40 años de gobierno en los que “se ha entregado a la especulación del mercado”, por lo que exigió al Ejecutivo, que se conformará tras la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente autonómico, que se acoja a las medidas del Plan Estatal del Gobierno de España.

Carlos Martínez llamó a poner “pie en pared” ante la actitud de la Junta y exigir que “se tome en serio, de una vez por todas, el problema de la vivienda”. Sugirió, para ello, que ponga en marcha el Consorcio de la Vivienda y el Suelo en la Comunidad para “poder hacer una estrategia de medio-largo plazo que intervenga en el mercado de la vivienda de la mano de los ayuntamientos” como “tenedores del suelo” que permitirán, con su cesión, “la mayor promoción de vivienda pública” de la Comunidad, sin olvidar “la rehabilitación y los incentivos” para que los propietarios pongan vivienda a disposición de los ciudadanos.

También planteó Martínez la posibilidad de reconocer el derecho a la vivienda como “subjetivo”, de cara a que las administraciones públicas tengan la obligación de “garantizar el acceso a la misma”, recuperando así la promoción y protección pública que, recordó, cuando entró el PP en la Junta de Castilla y León “era de cuatro de cada diez viviendas” y, actualmente, es solo de una de cada cien.

“Se ha convertido en una cuestión de lujo”, lamentó Martínez, que volvió a reivindicar “la necesidad del reconocimiento de que el acceso a la vivienda es un problema” y que, para su solución, necesita de “una intervención de políticas públicas con una apuesta clara por ese Plan Estatal de Vivienda al que la Junta ha llegado a rastras y a regañadientes, porque ya sería muy grave que hubiera rechazado más de 200 millones de euros de apoyo del Estado”.

Sin embargo, Martínez cuestionó la voluntad real de la Junta al eliminar el área de Vivienda de cualquier Consejería, pero recordó al Ejecutivo que se conforme tras la investidura de Mañueco del martes que “acogerse al Plan Estatal requiere acogerse a sus medidas y una serie de obligaciones que tienen que cumplir las comunidades autónomas”.

Por otra parte, Carlos Martínez justificó su presencia en la manifestación no solo por la importancia de la vivienda como “uno de los problemas fundamentales” que afecta no solo a la sociedad castellana y leonesa, sino también a la española y europea, sino por mostrar su “respaldo” a los dos sindicatos de clase “mayoritarios en nuestro país” por su puesta en “entredicho” en el acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox en Castilla y León.

“Hoy hay que estar respaldando, agradeciendo y reconociendo el papel fundamental que están jugando en la democracia y en la configuración de una sociedad como la de Castilla y León, en la que las libertades y el reconocimiento a los agentes sociales y el diálogo social se ponen en entredicho por el acuerdo entre Partido Popular y Vox”, sentenció.