Este 24 de septiembre, en respuesta a la llamada de Día de Acción Global por el Clima convocada por Juventud por el Clima–Fridays for Future, miles de personas han salido a las calles exigiendo justicia frente a la emergencia climática en más de una veintena de municipios del país. Estas movilizaciones internacionales surgen como una respuesta unánime y tajante ante las medidas obsoletas y los insuficientes compromisos de todos los gobiernos, que están acelerando la crisis ecológica actual.
Al grito de “Gobierne quien gobierne, el clima se defiende”, el movimiento ha realizado concentraciones, marchas y manifestaciones en 24 municipios de 12 Comunidades Autónomas: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia. En el caso de Madrid, la manifestación ha concluido frente al Tribunal Supremo, donde se ha leído el manifiesto final.
En el manifiesto se indica que el último informe del IPCC es “una nueva señal de alarma”. “Una señal que alerta”, dice el texto, “de que apenas queda una década para actuar, mientras que los escasos compromisos de los países conducen a un futuro con graves consecuencias para la vida en el planeta, con especial crudeza sobre la humanidad. No tomar las medidas necesarias para enfrentar la emergencia climática es una condena para muchas personas en las que los gobiernos son responsables: la justicia no puede mirar para otro lado. Recientes sentencias como las de Holanda o Francia muestran el camino a seguir para ampliar el marco de derechos y libertades protegiendo el futuro común compartido”.
La aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, según las organizaciones, ha concluido con compromisos insuficientes de reducción de emisiones, algo incompatible con el Acuerdo de París y su objetivo de limitar el incremento de la temperatura global en 1,5ºC. A pesar de las movilizaciones y protestas de los últimos años, el Gobierno y los representantes políticos del Congreso de los Diputados han sido incapaces de sacar adelante un texto normativo a la altura de la crisis ecológica. Por ello, estas movilizaciones muestran su apoyo al Juicio por el Clima impulsado por varias organizaciones ecologistas y sociales frente a la falta de ambición del Estado español.
Para las organizaciones convocantes “no es opcional cumplir las indicaciones científicas, los representantes públicos tienen como primera obligación defender el interés general y están fallando”. “Salimos a las calles”, añaden, “para reivindicar nuestros derechos fundamentales, para defender el futuro y para mostrar la demanda ciudadana de una sentencia judicial valiente que atienda a la gravedad de la crisis climática. Que elijan defender nuestro presente y nuestro futuro y que, como sus colegas en muchos otros países de Europa, tomen la decisión correcta y fallen a favor de la vida y el planeta”.
Precisamente este miércoles el Tribunal Supremo ha desestimado de forma definitiva la petición de la Abogada del Estado para cerrar uno de los procesos abiertos en el Juicio por el Clima. La Abogacía del Estado consideraba que, tras la aprobación en Consejo de Ministros en marzo de 2021 del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el Gobierno cumplía con las obligaciones reflejadas en la demanda, pero el Supremo estima que no es así. Las organizaciones demandantes consideran que se trata de una victoria muy importante y confían en que la justicia empuje al Gobierno a cumplir con sus obligaciones internacionales.
Este Juicio por el Clima no es el primero en llegar a un Tribunal Supremo ni será el último. En países como Holanda, Francia y Alemania ya se ha fallado a favor de la ciudadanía. Estos procesos continuarán y no estarán únicamente dirigidos hacia los gobiernos, sino a muchas de las empresas cuyo modelo de negocio se basa en la depredación de recursos naturales y humanos. Cabe recordar que son las personas y los países con menos recursos quienes sufrirán con mayor dureza las consecuencias del cambio climático, a pesar de ser los menos responsables de esta crisis ecológica. Por el contrario, las grandes empresas responsables de la situación actual actúan con impunidad y tratan de venderse como una “solución verde”, con la complicidad de los poderes públicos.
“Encontrar el amparo de la justicia en España no solo es posible, sino una obligación moral de toda la ciudadanía”, en palabras de las organizaciones convocantes. “Está en mano de la sociedad civil recordar al Tribunal que, en pleno siglo XXI, la concepción de la justicia debe incorporar de forma nítida el derecho de las generaciones presentes y futuras a una vida digna en un planeta sano”.
