Castilla y León, una de las regiones más ricas de Europa en cuanto a patrimonio cultural y natural, considera que está muy lejos de ser el ejemplo a seguir por aquellas otras que sin tanta y tan diversa experiencia tienen la obligación de preservar su patrimonio. La ausencia de voluntad política para priorizar la protección del patrimonio (más allá de aquel que ya ha sido distinguido mundialmente), la lenta catalogación y protección legal de bienes (siendo incompleta en la mayoría de los casos) y la escasa inversión económica en el mantenimiento y conservación de los mismos (por parte de todos los implicados) denotan cómo en Castilla y León todavía hay mucho por hacer.

Así lo asegura la Federación por el Patrimonio de Castilla y León con motivo del 40 aniversario de la aprobación de la ‘Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural’, más conocida como ‘Convención de París’. Un documento que sentó las bases para implicar a 188 países en la protección y conservación del patrimonio de todos.

A su juicio, el modelo actual está basado en la promoción turística de los bienes más relevantes que “tampoco reciben toda la atención que merecen”. “Es un modelo basado en la rentabilidad económica y en la aportación de atractivos para el sector servicios. La prioridad debe ser proteger y conservar con rapidez y capacidad, puesto que la diversidad patrimonial de esta región es un hecho que la distingue”, asevera.

En este sentido, la Federación considera que “conservar el patrimonio y protegerlo es la mejor promoción que se puede hacer del mismo; la difusión económica debe basarse en una amplia valoración del patrimonio por parte de la población local y del público exterior y la inversión en materia de patrimonio debería incrementarse, puesto que se trata del principal y más distintivo recurso que tenemos”.

El Estado español, que ratificó la Convención de París, en virtud de la cual se convierte en uno de los países con más bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, “no debe excusarse en la transferencia de competencias para dejar de vigilar el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Patrimonio Mundial o de la propia legislación nacional”.

Las normas, recomendaciones, directrices, programas, iniciativas y pautas que emanan del texto de la Convención son reconocidas por todos esos países, los cuales son guiados de forma efectiva en la conservación de los bienes más relevantes que atesora la humanidad. Así, se comparte un compromiso y unos principios para proteger esos bienes y poder trasmitirlos a las generaciones venideras en toda su integridad.

La ‘Lista del Patrimonio Mundial’ otorga un marchamo de calidad y singularidad a los bienes que en ella se inscriben. No sólo por ser merecedores de tal distinción por su valor, sino también por las garantías que los Estados han dado en cuanto a su protección y conservación.

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