El interno que agredió en el comedor de la cárcel de Segovia a un funcionario de prisiones jubilado por las secuelas psíquicas de la paliza le contó “absolutamente todo” lo ocurrido a un forense durante su estancia en la prisión de Dueñas (Palencia), según afirmó hoy éste durante la segunda y última sesión del juicio. Un testimonio que cuestiona la presunta pérdida de memoria del principal acusado, quien se negó a declarar, incluso durante la fase de instrucción, al asegurar que no recordaba “nada”.
La Audiencia de Segovia dejó el juicio visto para sentencia tras una jornada en la que prestaron declaración seis forenses y la médica que atendió al agresor tras el ataque, cuyos informes avalan en su mayoría que Abdelazuz A., de 33 años y nacionalidad marroquí, pudo actuar con sus facultades disminuidas a causa de su esquizofrenia, pero no con plena inconsciencia. Su abogada, sin embargo, subrayó la duda que arroja la declaración de otro forense, que no descarta que pudiera sufrir un brote que le anulara por completo, para apelar al principio de inocencia (‘in dubio pro reo’) y mantener su petición de libre absolución por eximente incompleta, es decir, a causa de su enfermedad mental.
Acusaciones y defensas ratificaron sus conclusiones, salvo un aumento de la petición de indemnización por parte de la fiscal a 87.160 euros con responsabilidad subsidiaria del Estado, tras valorar que el TSJ concedió en abril de 2014 la jubilación por incapacidad permanente total, con sólo 45 años, al funcionario agredido el 17 de octubre de 2008. Sufre trastorno por estrés postraumático, síntomas ansioso-depresivos y fobias asociadas al ámbito penitenciario tras un ataque del que salió con una costilla fracturada, heridas por distintas partes del cuerpo causadas con un pincho carcelario de 19,3 centímetros y otras contusiones por un cabezazo, puñetazos, patadas e impactos con una bandeja.
En concreto, el Ministerio Fiscal solicita 12 años de prisión para Abdelazuz A. por asesinato en grado de tentativa en concurso con atentado, aparte de una falta de lesiones; y para los dos acusados de animarle y tratar de impedir que otros presos ayudaran a la víctima (Ahmed A.B. y Said H., también marroquíes, de 33 y 37 años), sendas penas de siete años como coautores. El abogado del funcionario, por su parte, pide 14 años para el agresor y nueve para los otros dos, así como una indemnización de 116.980,46 euros que tendría que asumir el Estado.
La abogada del principal acusado insistió en la libre absolución de cualquier responsabilidad penal por la esquizofrenia y, en todo caso, señaló que el delito que habría cometido no debería tipificarse como asesinato en grado de tentativa, sino uno de lesiones por considerar que “si quisiera lo habría matado”, en lugar de darle “golpes como loco”. Y las defensas de los presuntos cómplices coincidieron en indicar que no está acreditada la implicación de sus clientes debido a las “contradicciones” de los reclusos que testificaron contra ellos.
Los letrados de Ahmed y Said también se aferran a la falta de otros testigos presenciales, ya que el funcionario agredido estaba solo en el comedor (su compañero había sido reclamado en la enfermería), nadie vio las cámaras de seguridad y no se grabaron imágenes por causas no aclaradas. Y además, los tres defensores denunciaron posible “indefensión” por “dilaciones indebidas”, al apuntar que el juicio se ha demorado casi seis años desde que se dio por terminada la instrucción.
Fuente: Ical
Foto: Primera sesión del juicio por la agresión a un funcionario del Centro Penitenciario de Segovia/Ical
