Desde la formación magenta consideran que Javier Santamaría, Juan José Sanz Vitorio, Pedro Arahuetes, y Pedro Palomo deberían dimitir inmediatamente de sus cargos y defenderse desde fuera de las instituciones, ya que con esta citación en calidad de imputados «queda clara su implicación en el oscuro asunto de las prejubilaciones millonarias del señor Escribano y compañía».
Desde UPyD Segovia recuerdan las cifras que según sus estudios fueron adjudicadas con el beneplácito del Consejo de Administración para la Prejubilación de los distintos directivos. Y es que, «salvo error u omisión, figuran como derechos consolidados totales a 31 de diciembre de 2010 una cantidad de 14.951.180 euros para Manuel Escribano, otra de 6.956.823 euros para Miguel Ángel Sánchez Plaza, 2.606.079 euros para Enrique Quintanilla, 1.600.034 euros para Juan A. Folgado, 2.995.069 euros para Oscar J. Varas de la Fuente, y así hasta un total de 34.115.252 euros para los ‘ocho fantásticos’ que son junto a los ya citados, Juan B. Magaña, Malaquías del Pozo, y Antonio Tapias».
El grupo encabezado por Luciana Miguel recuerda que, «una vez más, todos estos directivos se desentendieron de la gestión de la entidad en sus últimos años con el único fin del enriquecimiento propio y totalmente desproporcionado en una serie de maniobras financieras donde, a parte de subir sus propios sueldos de manera impropia dada la situación de la entidad, dotaron millones de euros en fondos para cubrir estas pólizas que garantizasen sus planes de pensiones y prejubilaciones, aun a sabiendas que colaboraban a la ruina de la propia Caja de Ahorros».
Tanto por acción como por omisión, desde UPyD consideran que los miembros del Consejo de Administración son responsables «no solo por aprobar estas maniobras, sino que, haciendo grave dejación de sus funciones, fueron incapaces de prever y evitar tales maniobras, e incapaces también de actuar en beneficio de los verdaderos ‘accionistas’ de la Caja, los impositores a los que se suponía que representaban y salvaguardaban».
El grupo afirma además que el propio Arahuetes «llegó a afirmar que él no sabía ni lo que firmaba, pero lo cierto es que como licenciado en Derecho debería conocer que su responsabilidad en el Consejo es solidaria sobre los actos de los miembros del Comité de Dirección» por lo que todos ellos deben dimitir inmediatamente, y asumir de una vez por todas su responsabilidad en el Caso Caja Segovia.
Por último, UPyD Segovia, se congratula de que al fin la Justicia vaya avanzando en sus investigaciones para poder clarificar las extrañas maniobras que ocurrieron en los últimos meses de existencia de Caja Segovia, «que pasó de ser una entidad modélica en su gestión y solvente, a una fundación en ruinas y con todo su patrimonio expoliado».