Medio millar de personas secundaron este sábado la manifestación segoviana contra la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado al considerar que éstos “van a hundirnos aún más en la crisis, y van a a incrementar nuestra dramática tasa de paro”. La convocatoria, anticipada para no hacerla coincidir con una marcha popular, abrió la ronda de manifestaciones que se producirán este domingo en Castilla y León así como en el conjunto nacional en contra de las cuentas. Convocada por la plataforma Unitaria contra la Crisis Cumbre Social de Segovia -que aglutina a partidos políticos, asociaciones y sindicatos- recorrió las calles más céntricas de la capital entonando consignas como «el próximo parado que sea un diputado» y cuestionándose la «falsa democracia» así como reclamando una política fiscal que persiga “decididamente el fraude”.
En declaraciones recogidas por Ical, la secretaria regional de Organización de UGT, Luz Blanca Cosío, advirtió que si el Gobierno no rectifica los PGE, se producirá una convocatoria de huelga general, fijada para el 14 ó 15 de noviembre, y que intentará congregar a numerosos países europeos como España, Portugal, Francia, Italia y Grecia, mediante la confederación de sindicatos. A su vez, líderes sindicales de CC.OO y UGT, en la provincia de Segovia, incidieron en que las cuentas generales del Gobierno de Rajoy se traducirán en un fuerte incremento del desempleo, cuya previsión no pudieron cifrar en Segovia, así como en el aumento de la recesión y exclusión social, en parte consecuencia del recorte que experimentará la Ley de Dependencia.
En este sentido, el secretario provincial de CCOO, Ángel Velasco, aseguró que la Junta de Castilla y León ya ha iniciado el envío de notificaciones donde se detalla a las familias las reducciones experimentadas en las ayudas que, hasta ahora, recibían al tener a personas con dependencia a su cargo.
La cita concluyó en la Plaza Mayor de la capital con la lectura de un manifiesto, y tras ir sumando a decenas de personas que, durante el trayecto, se fueron incorporando a la convocatoria. En el documento, la plafatorma asegura que la ciudadanía «está al límite de su capacidad de aguante» ante “un flagrante fraude electoral”.