Un pueblo de Segovia en el limbo, al menos, la concentración parcelaria forestal, según denuncian los propietarios de montes de la zona.
Así, propietarios de montes de Nieva critican las trabas de la Junta para la declaración de utilidad pública al no contemplar la Ley Agraria la materia forestal y elevan una queja al Procurador del Común.
‘Un mar de pinares’
Desde el Mirador de Mesalta de Nieva, el poeta Jaime Gil de Biedma idealizaba el paisaje de los pinares segovianos, un paraje emblemático que inmortalizó en algunas de sus obras como un ‘mar de pinares’. No había uno de sus viajes de veraneo a esta comarca segoviana, de la que rápidamente se enamoró, en el que no subiera a lo alto del teso, desde el que observar, pensar, reflexionar y relajarse hasta alcanzar la creación a través de su pluma. Pero ese pinar que embaucó a Gil de Biedma ahora está gravemente herido; y solo tiene una cura, una inyección que pasa por la primera concentración forestal completa en Castilla y León.
La empresa suena sencilla en uno de los montes más simbólicos de la localidad segoviana: concentrar algo más de mil hectáreas de superficie forestal, repartidas en 1.530 parcelas (7.000 metros cuadrados de media) y que corresponden a 411 propietarios. Sin embargo, la realidad es diferente y es bastante complicado, pues el cien por cien del terreno es de carácter privado y 261 de los poseedores de estas parcelas cuentan con recintos menores a una hectárea.
La Asociación Forestal de Segovia (Asfose), que se ha puesto a la cabeza, ya ha conseguido lo más difícil: unificar a muchos de los propietarios, convencidos, en torno a la creación de una masa en común o asociativa, en copropiedad, que posibilite y facilite la gestión forestal. Pero hay una traba, una que paraliza, por el momento, todo el proceso, iniciado a partir de un incendio forestal que sufrió la zona en 2017, que alcanzó nivel 1 y arrasó más de 400 hectáreas, pero que favoreció la sensibilización de la sociedad. Las consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente de la Junta no se ponen de acuerdo sobre a quien concierne gestionar la concentración por las interpretaciones de la Ley Agraria y, por tanto, el expediente se encuentra en un limbo.
Al Procurador del Común
Al solicitar la declaración de utilidad pública del terreno, paso previo a la concesión de una concentración parcelaria, se encontraron con la negativa de la Administración regional. La razón: no existe en el ordenamiento jurídico esa figura, que sí es posible cuando la mayoría del terreno es de carácter agrícola. Por ello, Asfose se ha dirigido al Procurador del Común para elevar a este organismo la petición de inclusión de la propiedad forestal en la Ley Agraria, como lo está la agrícola y ganadera. Por el momento, ya está admitido a trámite, con lo que confían recibir un “aldabonazo importante” para dar solución a la situación creada actualmente, según explica a Ical la gerente de la Federación de las Asociaciones Forestales de Castilla y León (Fafcyle), Olga González.
El presidente de esta organización, Jesús Pestaña, explica que aunque la mitad del territorio regional es de carácter forestal, “resulta que en la norma no se considera agrario, mientras que a nivel nacional y a nivel europeo lo agro es todo, es lo agrícola, lo ganadero y lo forestal, porque realmente es medio rural”. De hecho, la propia Ley detalla que para permitir una concentración parcelaria al menos el 51 por ciento de la superficie sobre la que se pretende actual debe ser de carácter agrícola.
Héctor García Esteban, técnico de Asfose, señala que son “más de cuatro años de trabajos con los pequeños propietarios, porque se pasó a una fórmula asociativa y se consiguió lo más difícil”. Se constituyó la Asociación Forestal de Nieva, que era lo que ordenó la Junta. Se propuso una fórmula de gestión asociativa y se logró hacer entender a los propietarios la importancia que supone la gestión conjunta del monte “en aras de alcanzar superficies con un tamaño suficiente para su buen mantenimiento y aprovechamiento”. “Lo más difícil del proceso ha sido el apego que muchos particulares tienen sobre su pinar de toda la vida, pero ha prevalecido el no volver a ver las imágenes de llamas sobre su monte y la lucha contra el abandono que las lindes entre parcelas”, sostiene.
Declaración de utilidad pública
En la misma línea se posicionan Pestaña y la gerente de Fafcyle, Olga González, quienes señalan que la petición a la Junta de “utilidad pública” es de facto un refuerzo legal de cesión del terreno por parte de los propietarios, según explican fuentes expertas. “Y nos hemos encontrado que no se nos declaraba y no sabíamos el porqué. Nos dicen que hay un problema con la Ley Agraria”, explica, una norma que ya de por sí limita a 25 hectáreas la posibilidad de comenzar con una concentración, cuando en la Comunidad la base de partida “es terrorífica”, porque hay en torno a 700.000 propietarios forestales, con una media de tres hectáreas, es decir, “muy atomizado”.
El jefe del servicio de promoción forestal de la Junta, David Villada, esgrime que esta norma, que data de 2014, “señala que la superficie agraria es la agrícola y lo ganadero”. “Se han hecho muchas y ahora está en proceso en otros territorios”, expone a Ical.
En todo caso, Olga González, que pide “voluntad política”, replica que esta era una situación que desde Fafcyle “ya se había detectado” en el funcionamiento normal del sector forestal, sobre todo de cara a las ayudas de la PAC, donde se enmarca el Programa de Desarrollo Rural, y también con “las distensiones creadas en la ganadería en extensivo”.
Villada cree que la concentración es la “mejor forma” de que los propietarios dispongan de fincas de mayor dimensión que las actuales, “aumentado así la rentabilidad, competitividad y productividad de las explotaciones”. Pero admite que los fondos “son limitados” y ahora se está primando en reconcentraciones o regadíos, “quizás más interesantes desde el punto de vista productivo”. “La rentabilidad de concentraciones forestales es menor”, reconoce, si bien asume que esta medida “reduciría los incendios y mejoraría la explotación de recursos”.
Jesús Pestaña lamenta que en cada pueblo de Castilla y León “no haya una fábrica a partir de esta materia prima que son los montes”. “Podríamos fijar población y podríamos crecer, sobre todo en la Castilla y León rural, donde tenemos tanta superficie forestal”, comenta, para añadir que una concentración parcelaria “es una herramienta más para mejorar la gestión de las masas forestales, y una masa bien gestionada aumenta la captación de CO2 y disminuye el riesgo de incendios; ambas cosas beneficiosas para la salud de las personas”.
“Al final, todo forma parte de una estrategia para dar salida a toda esa España vaciada, elevar el visor y ver realmente todos los beneficios que puede tener una Ley Agraria que se desarrolle correctamente. Muchas veces hay un cierto triunfalismo en el hecho de ser la región con más superficie forestal de Europa, pero el orgullo debería incidir en la gestión de la superficie y no sólo en la cantidad. Ese sí sería el legítimo motivo de orgullo”, afirma Pestaña, quien considera que se requiere un pacto de todos los partidos políticos y tiempo para el desarrollo de las masas, “quizás 15 o 20 años”.
