Aunque reconoce que lo suyo no fue una vocación y se decantó por Derecho “porque entonces había menos cola para matricularse que en Filosofía”, Avelino Fierro Gómez (León, 1956) lleva más de treinta años trabajando como fiscal. Tras siete años en Tenerife, en 1988 llegó a León, donde en la actualidad, además del cargo de teniente fiscal de la Fiscalía Provincial, también se ocupa de la coordinación de las fiscalías de menores de la comunidad.

“Me gusta decir que soy fiscal de menores a mayores, porque no me dedico en exclusiva a la jurisdicción de menores, aunque sí estoy en ella desde la antigua Ley del año 92 y con mucha más dedicación desde la actual norma de 2006”, asegura este letrado que durante once años impartió Filosofía del Derecho en la facultad de Derecho de la Universidad de León, de la que es colaborador honorífico del Departamento de Derecho Público Básico. Además, también es profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de León desde 2007.

-¿Cuál es el principal motivo de que en los últimos años se venga registrando un incremento de los casos penales protagonizados por menores?

No se puede hablar de incremento; las cifras, salvo en algunas conductas, se mantienen estables. En la Memoria de la Fiscalía de Sala Coordinadora de Menores se habla incluso de que se detecta una tendencia a la baja, sobre todo en los grandes núcleos urbanos desde 2011, contextualizada dentro del marco de disminución global de la delincuencia. Algunas fiscalías también lo atribuyen a la eficacia de la Ley del Menor, a las bondades de un sistema penal juvenil, basado en la reeducación y resocialización social, que gira en torno a tres ejes: la prevención, la intervención educativa en estructuras o instituciones del ambiente social del menor, y la integración sociolaboral.

Por otro lado, explicar el entorno y factores que determinan la aparición de la delincuencia juvenil, desde exponer las teorías explicativas, que van desde lo psicobiológico a la cultura de la ilegalidad, a los contextos sociales, familiares, escolares, influencia de los medios de comunicación y redes sociales, grupos marginales… nos llevaría mucho tiempo. Como apreciación global diré que la política criminal, de educación dentro de un sistema de responsabilidad, aunque sea eminentemente penal, seguida por el legislador español, me parece adecuada. Yo hablo de que podía haber seguido el sistema de togas negras o el de batas blancas, de protección o bienestar social. El haber conferido la instrucción a los fiscales con la colaboración de los equipos técnicos, compuestos por psicólogos, educadores y trabajadores sociales, me parece un acierto.

-Según los datos que maneja, ¿cuáles son los delitos más comunes en la Comunidad?

Los delitos contra el patrimonio son siempre los más numerosos (robos violentos, robos con fuerza, hurtos, daños). En algunas memorias de las fiscalías de otras comunidades se dice que se han incrementado los robos y hurtos de objetos de oro, pero en Castilla y León se puede destacar que hemos tenido varios expedientes de hurto de cable de cobre del alumbrado público, que parece tener fácil y rentable venta. Después vendrían los delitos y faltas de lesiones. Las demás infracciones disminuyen mucho numéricamente. Seguirían las conducciones sin permiso, incluyendo ciclomotores y la violencia doméstica, algo relativamente novedoso y muy preocupante.

-¿En muchos de estos casos estamos hablando de agresiones de menores a sus padres? ¿Cómo afecta este delito a la Comunidad? ¿Ha habido un incremento?

Sí, desde 2005 el incremento en todo el Estado de la violencia intrafamiliar preocupa a fiscales, padres, terapeutas y entidades públicas. Por tratar de entender y para explicarme el fenómeno a mí mismo, he escrito un artículo sobre los menores maltratadores, sus causas, los remedios y la intervención de la justicia penal, llegando a la conclusión de que la cultura actual no cumple su tradicional función moderadora. El consumismo, el hedonismo, la inexistencia de límites o restricciones, la creación de necesidades artificiales y los modelos educativos o familiares inadecuados, el tratamiento informativo de la delincuencia juvenil, muchas veces sobredimensionado, y algunos trastornos sociales, son algunas de las causas. Son importantes la educación y la prevención para atajar el problema. Y amparar a los padres en el ejercicio responsable del derecho de corrección. Esto es elemental, y no es admisible la opinión de algunos que piensan que no podemos corregir razonable y moderadamente a nuestros hijos. Así se decía en el antiguo artículo 154.2 del Código Civil. El legislador se equivocó al suprimirlo. Estos últimos días hemos tenido que sacar a varios adolescentes, por cierto, más chicas que chicos, de sus familias, pidiendo que se adopte con ellos la medida de convivencia con grupo educativo, que es la que mejor resultados da. En nuestra Comunidad contamos con bastantes plazas, esto quiero resaltarlo porque en otras Comunidades no se puede adoptar tal medida al no contar con este recurso o ser pocos los pisos residenciales.

-¿Son los adolescentes de hoy en día más antisociales y más agresivos que antes? ¿Qué motivos hay detrás de esta conducta?

Yo no lo creo, aunque parece un lugar común que los jóvenes de hoy ya no son tan estudiosos, dóciles o educados y que en su actitud con la familia, en la escuela y en la calle dejan mucho que desear. Pero sí, algo ha cambiado. La filósofa alemana Hannah Arendt decía que la educación en el mundo moderno no puede renunciar a la autoridad y a la tradición y, aún así, debe desarrollarse en un mundo que ya no se estructura gracias a la autoridad ni se mantiene unido gracias a la tradición. Un buen amigo, escritor y articulista, dice que los jóvenes de hoy se socializan no en casa ni en la escuela, sino en el ‘botellón’.

-¿Comparte usted la opinión de algunos sociólogos que asegura que estamos ante un problema cultural de una sociedad en la que se entroniza el éxito y se destierra el sufrimiento? ¿Ésta es una de las raíces del problema?

Totalmente. ¿Cómo vamos a generar individuos sanos, con esos ejemplos de la sociedad de mayores, que sepan asumir las limitaciones, el fracaso, como algo inherente al ser humano? Por eso muchos de nuestros jóvenes delincuentes acusan un bajo umbral de tolerancia a la frustración. Les estamos transmitiendo a diario la idea de que poco valen el trabajo y el esfuerzo, que es más rentable y vende más la procacidad y el mal gusto, las ocurrencias, el codazo y el ‘pelotazo’, el enchufismo y hasta un comportamiento delictivo. La irresponsabilidad, la avaricia y la corrupción tan extendidas en la sociedad de los mayores son ejemplos demoledores.

-¿Se denuncian más casos de violencia en las aulas?

Yo no lo he apreciado, no nos llama especialmente la atención. En este caso, como en todas las infracciones, no me gusta hablar de estadísticas, incrementos o porcentajes. Me preocupa la respuesta y el tratamiento que tenemos que dar, que sea efectivo y llegue bien a los destinatarios: menores, padres, profesores, comunidad escolar.

A veces los profesores aguantan demasiado, pero es cierto que tienen sus mecanismos de corrección o sanción. Cuando ésta se ha producido en las Fiscalías modulamos la naturaleza o la extensión de la medida que imponemos a los menores.

No la conozco y creo que no afectará a nuestro trabajo. Ya desde 2008 los fiscales, de mayores y menores, venimos considerando que las agresiones a funcionarios públicos en el ámbito sanitario y educativo tienen que ser calificadas como un delito de atentado.

No sé si esa ley servirá para incluir en ese ámbito a los trabajadores o empleados de empresas o instituciones privadas.

-¿Qué papel están desempeñando internet y las redes sociales?

Me definiría como ciberescéptico, y el mal uso que se hace con tanta frecuencia de esas herramientas creo que me da la razón. Hemos sufrido la burbuja inmobiliaria y, desde luego, estamos viviendo la burbuja informática. No sé cómo, dónde o cuándo pinchará, ni quién la volverá a inflar, porque creo que es algo irremediable. Todo eso de la revolución de la red, de la ciberpolítica, de la democracia digital, de esa especie de ‘Gran Hermano’ con los últimos escándalos del espionaje de americanos y británicos sirviéndose de empresas del mundo de las tecnologías tendrá que ir ‘asentándose’, y espero que lo haga en beneficio de los ciudadanos. Un filósofo decía hace poco que el principal problema moral que plantea internet es la veracidad. Y para mí, en el mundo de los jóvenes y la educación, la sustitución de la pizarra por el ‘Power point’ o el ordenador no es garantía de ningún tipo de aprendizaje. Mayores y menores se han apuntado a lo instantáneo y banal, a ese puro presente rápido, intrascendente, efímero y sin memoria. La adicción a las redes por no servir, parece que ni siquiera sirve a los adolescentes para aprender a relacionarse o ser mejores personas. Sherry Turkle dice que los adolescentes se esconden tras una pantalla y no saben relacionarse. Psicológicamente es fundamental aprender a conversar, a negociar, a sentir empatía, a pedir perdón. No es lo mismo pelearte con un amigo y enviarle un SMS o un mensaje en Facebook y seguir con tus cosas que sentarte frente a él, sudar, sufrir y decir: ‘Lo siento’. A su vez, quien lo escucha también siente, y persona, o se enfada, o pero siente. Es doloroso y es complicado, pero es fundamental. Es la manera en que aprendemos a construir relaciones humanas. Y hace unos días, un periodista decía, muy acertadamente, que en internet no puede haber leyes distintas de las que rigen en la vida analógica, que internet no puede ser un paraíso moral (ni fiscal) a salvo del Estado de Derecho. Y que le parecía grave la idea que ha cuajado en los adolescentes de que la vida es como internet: allí está todo lo que quieren, sin peajes ni normas. Sin que nadie les haga probar la manzana del bien y del mal.

-¿Qué implicaciones legales tiene un fenómeno como el acoso entre menores utilizando las nuevas tecnologías?

El legislador ha regulado en el Código Penal estas infracciones, entre ellas el ciberacoso, y los fiscales tenemos ya ciertos criterios para actuar. Las repercusiones legales son variadas, aunque las conductas más habituales entre menores las solemos calificar no como delito, sino como faltas de injurias o amenazas. También las hay, por supuesto, de más gravedad. Lo importante, como en casi todo lo relacionado con los jóvenes, es la educación y la prevención. Yo he colaborado en algunas guías destinadas a ello, como en la del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco) contra el ciberacoso, disponible desde octubre del 2012. En su página web hay otras guías sobre estas materias con detalles técnicos, jurídicos y recomendaciones para padres, profesores y adolescentes.

-¿Algunos delitos como la desaparición de Marta del Castillo hacen que muchas veces la sociedad se queje de que la Ley que se les aplica es muy permisiva o insuficiente. ¿Cuál es su opinión en este sentido? ¿Hay que endurecer la ley?

Las noticias sobre sucesos de ese tipo no aportan nada para lograr una mejora en una adecuada política preventiva de la criminalidad juvenil. Los políticos lo suelen aprovechar mal y para llevarnos por la senda equivocada del populismo punitivo. Y, desde luego, no sirven para dejarle claro a los ciudadanos que la Ley del Menor no es permisiva ni insuficiente. Es una ley muy correcta técnicamente y en la que las medidas de internamiento cerrado pueden llegar a los diez años.

-¿Es partidario de rebajar la edad penal de 14 a 12?

Sí, y esto no entra en contradicción con lo anterior. En el trámite parlamentario de la ley se barajaron varias opciones sobre límite de edad, y nos solemos olvidar de que en la norma anterior las edades estaban entre los 12 y 16 años. La tendencia mayoritaria entre los Fiscales de Menores es la de rebajar a los 12 la edad, pero no de forma general, sino sólo para casos muy concretos y dejando amplias facultades al fiscal instructor para incoar un expediente en casos de extrema gravedad. Imaginemos agresiones sexuales u homicidios o robos violentos reiterados cometidos por menores de 13 años. La aplicación de la ley sería excepcional. Por otro lado, el argumento no es válido sólo desde el prisma del Derecho Penal juvenil. En el Código Civil y en la Ley de Protección del Menor los 12 años hacen que sea obligatorio contar con la voluntad del menor, y en el campo de la psicología ya Piaget fijó en 12 años el momento del paso de una moral heterónoma a una moral autónoma.

-¿Cree usted en la reinserción?

Si no creyera en ello estaría deprimido constantemente. Claro que creo en que las respuestas rehabilitadoras que persiguen la reeducación dan fruto a menudo. Es uno de los fines primordiales de la ley, sin olvidar el de la defensa social y los derechos de las víctimas. El amplio abanico de medidas que pueden imponerse con la ley, combinando lo educativo y lo sancionador, busca la recuperación individual y social del menor infractor.

-¿Cuentan las fiscalías de menores con los suficientes medios materiales y humanos para realizar con garantías su trabajo?

Hace unos días la fiscal de Sala Coordinadora de Menores me pidió que le diera cuenta de por qué se hacía poco uso en algunas provincias de la Comunidad de las soluciones extrajudiciales. Explico que uno de los grandes principios y aciertos de la Ley es la posibilidad de llegar a conciliaciones o reparaciones del daño causado, bien mediante trabajos en beneficio de la Comunidad, o adaptadas a las necesidades del sujeto, cuyo beneficiario puede ser la víctima o la sociedad en general, sin necesidad de que haya juicio. En estos casos, el expediente de reforma se tramita con mucha más rapidez —para mí la celeridad en el proceso de menores es casi una obsesión—, anticipando la respuesta legal. Pues bien, en este aspecto, la inexistencia en algunas provincias de entidades que colaboren para esas soluciones extrajudiciales (con la excepción en muchos casos de la Cruz Roja), controladas por la Fiscalía de Menores y los equipos técnicos, es un grave inconveniente.