El Grupo Socialista de las Cortes, a través de su portavoz en Sanidad, Victorina Alonso, ha planteado una ofensiva de iniciativas parlamentarias en las que pide a la Junta de Castilla y León que ejerza un mayor control sobre los menús que se ofrecen a los niños en los comedores escolares ante el aumento “alarmante” de la obesidad infantil en la Comunidad Autónoma, cuya prevalencia se sitúa en el 16 por ciento y 30.000 menores comen todos los días en los 462 comedores de los centros educativos.
La ofensiva de iniciativas parlamentarias de la procuradora, que ha declarado la guerra a la obesidad infantil, se produce tras conocerse los primeros datos del programa Perseo del Ministerio de Sanidad, centrado en mejorar la salud de los escolares mediante un cambio en los hábitos de la alimentación, y en el que participó Castilla y León, junto a otras cinco comunidades.
El programa evaluó a 14.000 menores de entre seis y diez años en 67 centros escolares de seis comunidades autónomas (Andalucía, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia) y concluyó que la prevalencia detectada es del 19,8 en niños y 15 por ciento en niñas. En el mismo análisis se establece que los niños consumen un 40 por ciento de grasa en la ingesta energética, cuando se recomienda el 30 por ciento.
Estos niños tendrán problemas de salud en el futuro, como diabetes, hipertensión o insuficiencia renal, explicó la procuradora, que ha presentado una proposición no de ley, en la que pide un plan específico con actuaciones en el campo educativo, sanitario, familiar y empresarial, y tres preguntas parlamentarias.
Además de un plan específico, basado en los dictados de la estrategia Naos (Nutrición, actividad física y prevención de la obesidad) del Ministerio de Sanidad y apoyada por la Organización Mundial de la Salud, la parlamentaria solicitó la creación de la figura del nutricionista-dietista en los comedores escolares de Castilla y León para que supervise y controle la calidad de los menús.
Alonso lamentó que la Consejería de Sanidad no tenga una estrategia ni medidas específicas y destacó el ejemplo de Murcia, que ha regulado por decreto menús saludables en los centros escolares de esta comunidad. Sus iniciativas, según explicó, se asientan también en denuncias recibidas de padres en las que se quejaron de que a sus hijos se les daba “mucha grasa y poca perdura”.
Por otro lado, requirió información a la Consejería de Sanidad sobre los talleres que se han puesto en marcha para fomentar y promocionar una alimentación variada y equilibrada, sobre el presupuesto destinado a esos talleres o sobre los métodos para informar a los padres. Igualmente, solicitó datos sobre las máquinas expendedoras de alimentos instaladas en los centros y si hay alguna reglamentación o se regulan los alimentos que deben ofrecer.
En otra de sus iniciativas, reclamó información de los niños en educación escolar que utilizan los comedores públicos, cuántos de ellos sirven a través de catering y por la cuantía económica de los convenios firmados por esas empresas. También se interesó por los centros en los que existe la figura del nutricionista y en caso de no ser así por quién supervisa y controla la calidad y adecuación de los menús.
Finalmente, preguntó a la Consejería de Sanidad por los criterios para la elección de los colegios participantes en el programa Perseo y si piensa continuar con la implantación de esta iniciativa y en qué colegios. Los comedores escolares, en opinión de la procuradora, no deben ser sólo lugares en los que se tomen alimentos seguros y saludables, sino que deben ser elementos donde se adquieran modelos de una conducta alimentaria encaminada a conseguir una buena salud y un correcto desarrollo físico y mental.