Castilla y León fue la quinta Comunidad autónoma que mayor número de quejas presentó el año pasado ante el Defensor del Pueblo, con un total de 1.261, lo que supone un 6,3 por ciento del total nacional y un 30,5 por ciento más que un año antes, cuando se presentaron 966 quejas. Así lo refleja el informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2019 y que hoy se ha hecho entrega en las Cortes Generales.
Madrileños (5.659 expedientes), andaluces (2.417), valencianos (2.162) y catalanes (1.913), por este orden, lideraron el número de quejas recibidas en la institución por delante de las 1.261 de Castilla y León. Este informe anual 2019 se presenta en 2020, en un momento en que todo, la sociedad, la economía, la vida, se está viendo profundamente alterado por la crisis del coronavirus.
Por provincias, solo en Burgos disminuyó el número de quejas presentadas ante la institución, con un descenso del 10,9 por ciento hasta las 155 reclamaciones del año pasado. Por el contrario, crecieron un 85,6 por ciento en Salamanca (219 quejas); un 76,9 por ciento en Zamora (69 quejas); un 50 por ciento en Soria (42 quejas); un 35,3 por ciento en Palencia (115 quejas); un 34,4 por ciento en León (277 quejas); un 27 por ciento en Valladolid (249 quejas); un 17,5 por ciento en Ávila (67 quejas) y un 7,9 por ciento en Segovia (68 quejas).
También se presentaron en Castilla y León ocho expedientes de solicitud de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional, uno menos que el año anterior: uno en la provincia de Burgos, Salamanca, Segovia y Soria, y cuatro en la de Valladolid.
En cuanto a los expedientes de queja individual admitidos y tramitados ante las administraciones autonómicas, en Castilla y León ascienden a 49, de los que 30 ya están concluidos y 19 en trámite. De los 30 ya finalizados, 19 concluyeron que se trataba de una actuación correcta, en cuatro casos se subsanaron, en dos no se subsanaron y en cinco caso se obtuvo otro tipo de conclusión.
En relación a expedientes de años anteriores admitidos, 55 fueron tramitados por la Comunidad, de los que 19 están en trámite, 34 ya finalizados y dos en suspenso. De los concluidos, 11 han sido una actuación correcta, 12 se han subsanado, dos no lo han hecho y en uno de ellos se obtuvo otra conclusión diferente.
En 2019, el Defensor del Pueblo presentó dos recursos ante el Tribunal Constitucional. Uno contra un apartado de la Ley Electoral que permitía a los partidos políticos recabar datos personales de los ciudadanos para hacer perfiles ideológicos, y otro contra la Ley de Caza de Castilla y León. A lo largo de su historia, el Defensor del Pueblo ha presentado 31 recursos de inconstitucionalidad ante al Alto Tribunal.
En opinión del defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, “algunas de las resoluciones formuladas a las administraciones por el Defensor del Pueblo en 2019 pueden verse ahora, en esta situación inédita que estamos viviendo, fuera de contexto o pertenecientes a un mundo que tardaremos en recuperar”. Sin embargo, reconoció que otras de las recomendaciones y sugerencias pasadas, “tienen ahora más actualidad que nunca, ya que algunas carencias del pasado se están dejando ver en esta crisis con una mayor intensidad”.