Segovia dobla el número de deudores concursados
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Los deudores concursados disminuyeron un 11,1 por ciento en el primer trimestre del año en Castilla y León frente al incremento del 1,7 por ciento nacional. En concreto, Castilla y León cerró el trimestre con 48 procesos, mientras que en España en este periodo se registraron un total de 1.648, según los datos provisionales de la Estadística del Procedimiento Concursal publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por Comunidades, Cataluña y Comunidad de Madrid concentran el 47,1 por ciento del total de deudores concursados en el primer trimestre de 2019, con 538 y 239 deudores concursados respectivamente, mientras que las comunidades de La Rioja (nueve), Extremadura (once) y Cantabria y Navarra (13) fueron las que contabilizaron un menor número de concursos entre enero y marzo.
Por provincias, los mayores incrementos de los deudores concursados se registraron en Soria, donde se pasó de uno a seis; en Salamanca, donde se triplicó, de dos a seis; o en Segovia, donde se dobló, desde dos deudores del año pasado a cuatro. También aumentó en Ávila, donde se registraron tres deudores concursados frente a ninguno del año pasado; y en León, se pasó de nueve a diez.
Por el contrario, el número de deudores concursados cayó en un 66,6 por ciento en Zamora (se pasó de seis a dos) y en Palencia (se pasó de tres a uno); en Valladolid, en un 57,8 por ciento (se redujo de 19 a ocho); y en Burgos, en un 33,3 por ciento (de 12 a ocho).
En función del tipo de concurso, la gran mayoría fueron voluntarios (39) frente a nueve necesarios. Mientras, cinco se resolvieron mediante procedimiento ordinario y 43 de forma abreviado. Delos 48 deudores concursados, 18 eran personas físicas sin actividad empresarial, mientras que los restantes eran empresas (23 sociedades limitadas, tres sociedades anónimas y dos personas físicas).
En cuanto a la actividad económica principal de empresas concursadas en Castilla y León, dos se dedicaban a la construcción y otras tantas al transporte y almacenamiento; ocho al comercio al por mayor; cuatro al comercio al por menor y vehículos; tres a la hostelería y una a la agricultura y pesca.
Por lo que respecta al número de trabajadores en nómina, las empresas más afectadas por estos procedimientos fueron las compañías con entre uno y dos empleados, seguida de las que tenían entre 10 y 19 trabajadores.
