La Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Castilla y León y el Foro por la Educación en la Comunidad celebraron hoy el acuerdo entre el Gobierno y las comunidades para la bajada de las tasas universitarias, pero advirtieron de que puede haber un “efecto huida” en la Comunidad si no se reducen como en el resto del país.
En un comunicado, recordó la oposición de la Consejería de Educación a este acuerdo aludiendo, en general, que no hay contraprestaciones económicas por parte del Estado, pero a su juicio «ocultando» que no se han alcanzado los niveles de ingresos debido a los recortes que el Partido Popular hizo en la educación.
El acuerdo con el Ministerio obliga a las autonomías que sobrepasan el 15 por ciento respecto al precio medio de las matrículas de 2011 (antes de la subida de la Ley Wert), a rebajar sus precios hasta un máximo de 18,46 euros por crédito, lo que supone, para un curso de 60 créditos, un importe máximo de 1.107,6 euros y también impide incrementar el importe de los máster.
Por ello, señaló que la Junta de Castilla y León tendrá que rebajar el precio de las tasas al menos el 2,68 por ciento ya que está entre las autonómicas, recordó, con las matrículas más altas. Aunque las rebaje a regañadientes, como dice que hará, la Comunidad seguirá situada en el techo máximo del coste de la matrícula.
«Después la Junta se quejará de que el alumnado se vaya a otras comunidades donde las tasas están por debajo del 85 por ciento del importe de 2011 tales como Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y la UNED», apuntó.
«Nos parece intolerable que la Junta se empeñe en mantener las tasas más elevadas, perjudicando al alumnado en general y a sus familias, especialmente a las más desfavorecidas, cuando en este momento de pandemia el sistema de becas se tiene que reforzar y mejorar para que ningún estudiante pierda la ayuda debido a los resultados académicos del actual», apuntó.
«Es imprescindible garantizar que el próximo todos los estudiantes de familias con dificultades económicas derivadas de la crisis del COVID-19 puedan acceder o continuar los estudios universitarios, implementando medidas complementarias, como hace el gobierno de la nación, eximiendo del pago de la matrícula a las y los alumnos de familias que tengan derecho al Ingreso Mínimo Vital de junio a diciembre», añadió la Plataforma.
Finalmente, pidió plantear de forma urgente una partida presupuestaria en Castilla y León para que el alumnado más desfavorecido tenga las mismas oportunidades para seguir o iniciar su formación universitaria.