El Sindicato de Enfermería SATSE exigió hoy a la Junta de Castilla y León que se replantee el modelo de las residencias de mayores e impulse otro con más profesionales sanitarios, a la vez que se elimine el modelo de negocio que actualmente tienen estos centros y que durante esta crisis sanitaria “ha dejado al descubierto los riesgos y las repercusiones negativas que implica para la salud y la seguridad de los mayores”.
Así, denunciaron que el modelo implantado en la Comunidad “dejaba carencias muy relevantes en las residencias, sobre todo en lo concerniente a los profesionales sanitarios”. SATSE insistió en la falta de personal sanitario suficiente, como son los profesionales enfermeros en estos centros, “lo que estaba impidiendo que se diera una adecuada asistencia a los residentes”.
Además, el Sindicato de Enfermería, tras la anulación en los tribunales del decreto regulador de estas residencias del 2017, ha mantenido su denuncia de que el nuevo modelo que quiere impulsar la Junta “empeora aún más la situación”. SATSE pidió en 2019 que se paralizara la tramitación del borrador del nuevo Decreto porque “éste no contenía modificaciones respecto al anterior y eliminaba la obligatoriedad de tener profesionales sanitarios en las residencias de Castilla y León”.
A partir de 2024 el borrador establece el requisito de tener una enfermera a media jornada de lunes a viernes a las residencias con más de un centenar de residentes, cuando la anterior normativa establecía que hubiera siete a jornada completa en centros con cien usuarios (20 enfermeras por cada 300 mayores).
SATSE ya denunció que las residencias eran “rentables negocios para los fondos de inversión”, en una Comunidad con el territorio más envejecido de Europa y el que tiene más octogenarios y nonagenarios, donde el 25 por ciento de su población supera los 65 años y el 9,5 por ciento los 80. Con un envejecimiento de la población tan acentuado “se ha abierto un nuevo nicho de negocio que ha estado atrayendo a diversos fondos de inversión internacionales a adentrarse en el sector del negocio de la dependencia”. Solo en Castilla y León, una de cada cuatro residencias está controlada por estos fondos, “cuyo único objetivo es conseguir elevar la rentabilidad de las mismas”.
“Lamentablemente, el tiempo le ha dado la razón al Sindicato de Enfermería. El elevado número de mayores fallecidos en las residencias de Castilla y León ha dejado al descubierto las carencias y falta de profesionales que hemos estado denunciando estos últimos años, falta de profesionales que se verá incrementada con en el nuevo modelo”, reprochó.
Por último, SATSE consideró que el Gobierno regional debe dar más protagonismo a los profesionales sanitarios en estas residencias y “eliminar ese nuevo modelo que es un negocio, dado el beneficio económico que supone a las empresas privadas en detrimento de la calidad de los cuidados prestados a nuestros mayores y del coste que también puede suponer para el Servicio público de Salud de Castilla y León”.