El Sindicato de Enfermería, SATSE, denuncia que las enfermeras de Servicios Sociales de varias provincias de Castilla y León, que están bajo mínimos, tengan que realizar las pruebas de detección de COVID-19 a los propios trabajadores de los centros además de realizárselo a los internos, según han informado a través de una nota de prensa.
El procedimiento redactado desde la Consejería de Sanidad para el nuevo cribado de la infección por SARS-Cov-2 en residencias de personas mayores y otros centros sociosanitarios pretende dejar establecer cómo, cuándo y quién realiza las pruebas. Por un lado, dice claramente que serán los profesionales de enfermería de los Equipos de Atención Primaria los responsables de la realización del estudio y posteriormente, en las residencias que cuenten con personal sanitario serán estos los que se encarguen de esta determinación. Hasta aquí todo correcto salvo en lo que se refiere a hacer las pruebas a todo el personal del centro y de nueva incorporación además de a los internos de la residencia.
«Como ya hemos denunciado en muchas ocasiones, las plantillas de enfermeras de los centros y residencias de Servicios Sociales son muy escasas para la atención a los internos y más en estas fechas estivales donde no se ha realizado una correcta contratación de sustitutos para cubrir las vacaciones reglamentarias del personal», según señalan.
Además de la sobrecarga asistencial habitual del personal enfermero a la que se añade la sobrecarga que ha supuesto y supone aún esta pandemia por coronavirus, ahora obligan a estos profesionales a realizar pruebas de detección a los trabajadores de los centros, pruebas que según recoge también el procedimiento, deben realizarse en los centros de salud.
A juicio de SATSE esta prueba de detección a los trabajadores debería hacerse por sus mutuas ya que se trata de la vigilancia de salud de los trabajadores, mutuas que, desde el inicio de la pandemia «han estado desaparecidas dejando desprotegidos a sus trabajadores».
El sindicato ha enviado sendos escritos a la Consejera de Sanidad y a la Directora de Función Pública, instando a que se aclare dicho procedimiento ya que entra en contradicciones y que se remita la realización de las pruebas de los trabajadores, bien al centro de salud o las mutuas, porque son las responsables de hacer un seguimiento de la evolución de la salud de los trabajadores, y no las enfermeras de los centros sociosanitarios.