El viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Juan José Sanz Vitorio, se mostró “optimista” de cara a una “posible” rebaja del precio de los abonos que pagan segovianos y abulenses para viajar a Madrid en autobús, pero sin alcanzar los beneficios de los ciudadanos de Toledo, Cuenca y Guadalajara. Para conseguirlos, el Gobierno regional tendría que aportar “entre tres y cuatro millones más al año”, cuando “hay que priorizar” en una Comunidad de “94.000 kilómetros cuadrados, 2.248 municipios y 6.000 núcleos de población”.
El senador ‘popular’ por Segovia explicó que Castilla y León destina en la actualidad alrededor de 11 millones de euros al año, unos cinco menos que antes de la crisis, “pero evidentemente ha habido que hacer ajustes”, reconoció en declaraciones a la prensa recogidas por Ical durante una rueda de prensa en la sede del PP segoviano. Y aun así es “casi el doble” de lo que dedica Castilla-La Mancha (“en torno a seis”), con la salvedad de que la autonomía gobernada por María Dolores de Cospedal reserva “dos terceras partes” al convenio con Madrid.
Sin embargo, “Castilla y León tiene 2.248 municipios, el 75 por ciento con menos de 500 habitantes, la Junta tiene un compromiso de mantenimiento de conectividad de estos núcleos, y eso supone detraer recursos importantes con destino a transporte”, reseñó Sanz Vitorio. De ahí que la Consejería de Transporte considere “inviable” un convenio para Segovia y Ávila similar al de Guadalajara, Toledo y Cuenca.
En concreto, como apuntaba recientemente la plataforma ciudadana Abono E de Ávila y Segovia, los abonos mensuales de los castellano-manchegos, denominados E1 y E2, cuestan 110 y 132 euros, frente a los 185 y 250 (C1 y C2) que pagan segovianos y abulenses. Y además, guadalajareños, toledanos y conquenses disponen de mejores frecuencias porque pueden combinar autobuses y trenes, entre otras ventajas.
En cualquier caso, “en estos momentos se está trabajando en mejorar las condiciones” del convenio de Castilla y León, “una vez garantizado el que había”, según hizo público Sanz Vitorio tras confirmárselo “hace cuatro días” el director general de Transporte de Castilla y León, José Antonio Cabrejas, con quien habla “una vez a la semana” para seguir la evolución de la negociación. “¿Hasta dónde llegaremos? Pues literalmente hasta donde se pueda, y es evidente que en la medida en que la situación económica vaya a mejor también podremos destinar más recursos”, señaló el viceportavoz ‘popular’ en las Cortes.
El convenio manchego, “inviable” para Castilla y León
El senador segoviano subrayó que conoce las reivindicaciones de la citada plataforma, que reclama equiparar su convenio al de las provincias castellano-manchegas limítrofes con la Comunidad de Madrid, aunque entre comprenderlas y satisfacerlas hay un trecho difícil de salvar. “Es ese tipo de cosas en las que a uno le encantaría equivocarse pero, sinceramente, me parece complicado llegar a E1 o E2; mejorar las actuales condiciones sí me parece posible, y en esa línea trataremos de presionar, ¿hasta dónde? Hasta lo mejor posible, pero la negociación no está siendo fácil”, incidió.
“El dato no es oficial, pero (para alcanzar el convenio de Castilla-La Mancha) estaríamos hablando probablemente de en torno a tres o cuatro millones anuales, aparte de lo que ya se está poniendo”, prosiguió Sanz Vitorio, quien admitió que desde la Consejería de Transporte le trasladan que “llegar a esa situación es inviable desde el punto de vista económico”. Sobre todo, por el dinero que también hay que dedicar al mantenimiento de las conexiones de “pequeños núcleos donde a lo mejor tres señores a la semana cogen el transporte, pero es su única comunicación con el exterior”, valoró en relación a un servicio “absolutamente deficitario”, pero necesario para fijar población.
Para mejorar el convenio de Segovia y Ávila, la Junta viene reclamando la colaboración económica de las instituciones provinciales y locales y, en este sentido, Sanz Vitorio agradeció la implicación de la Diputación de Segovia, a la vez que lamentó la “falta de sensibilidad” del Ayuntamiento de la capital de esta provincia. Al respecto, advirtió que “la alcaldesa (Clara Luquero) miente o a estas alturas todavía no se ha enterado de quién son las competencias”, ya que corresponden al Gobierno central, no al autonómico, tal y como reseñó en respuesta a la reivindicación de la regidora municipal de un mayor compromiso por parte del Ejecutivo regional.
“Empeoramiento claro” de La Sepulvedana
Por otro lado, Sanz Vitorio admitió que, aparte del debate sobre el precio de los abonos, “se ha producido una situación no deseada de empeoramiento claro del servicio” que presta la empresa concesionaria, La Sepulvedana. “En mi opinión, desde el Ministerio (de Fomento) no puede consentírsele, y así se lo he trasladado a los parlamentarios para que trabajen en este asunto”, avanzó.
El senador ‘popular’ explicó que la empresa de transporte ha empeorado “servicios y frecuencias” con una “doble incidencia”. Así, puso de ejemplo que la supresión de servicios directos entre Segovia capital y Madrid ha tenido una “influencia directa” para los habitantes de la capital segoviana, pero también “directísima” para los del medio rural, ya que ahora los primeros utilizan más los autobuses con escalas y esa circunstancia “deja sin plazas a la gente de los pueblos”. Y por ello, “quien otorga la concesión (el Ministerio) no puede consentir esta merma en la calidad de la prestación de este servicio a La Sepulvedana”, sentenció.
