“Un Reglamento bipartidista no permite que la voz de todos los ciudadanos entre en el Parlamento”. José María González está convencido de que esa norma limita su objetivo de trasladar a la Cámara todas las voces e insiste en su reforma. El procurador de IU y portavoz del Grupo Mixto de las Cortes habla de su modelo territorial, asentado en las comarcas, con menos poder de las diputaciones y más de los municipios, muy alejado del propuesto por la Junta, por lo que estima difícil el acuerdo. Acusa al PP de “austericidio” con sus medidas de ajuste y censura que “sólo se fije en menos gasto público, caiga quien caiga”. González defiende otro modelo fiscal, en el que pague más quien más tiene, y no duda de que con más ingresos se evitarían los recortes en los servicios básicos. Es tajante sobre la responsabilidad de los ‘populares’ en la extinción de las cajas y en que no fraguara el proyecto de una entidad autonómica: “Quien tenía que llevarlo a la práctica, es quien tiene la mayoría absoluta, y no lo ha hecho”. En momentos de descrédito de los políticos, apuesta por la transparencia para recuperar la actividad pública y defiende que los procuradores tengan la opción a elegir un sueldo, eso sí, conocido por los ciudadanos y acorde a la media de la Comunidad. “No he venido a las Cortes a ganar más que como maestro”, afirma.

 

¿Cuál es su posición sobre el modelo de ordenación territorial que en breve llegará a las Cortes?

Creo que todo lo hecho sobre ordenación del territorio debiera de haberse hecho una vez que Madrid tome las decisiones. ¿Va a entrar en febrero? Es la gran pregunta. Porque si antes de terminar enero se aprueba el texto que se negocia entre PP y PSOE sobre la modificación de la ley de bases de régimen local es posible que el anteproyecto presentado por la Consejería de la Presidencia se haya quedado anticuado. Nuestra postura es clara: Castilla y León necesita una ordenación pero no por hacer un mapa diferente, sino porque el territorio se ordena en base a unos servicios que hay que dar a la ciudadanía. Hay que mantener la población mediante servicios públicos, estructuras económicas y posibilidades de poder vivir en la parte del territorio que quieran.

 

Es decir, primero el mapa de servicios y después la asociación en mancomunidades.

Debiera ser en paralelo. Para nosotros este modelo nace de forma peligrosa porque insiste en uno de los graves problemas que ha tenido Castilla y León, que es la existencia de las diputaciones. Reforzar las diputaciones es avanzar en la ademocracia. Se las da más competencias y serán competencias que no van a tener los ayuntamientos, que son los verdaderos representantes del pueblo en cada municipio. Los ayuntamientos deben tener las competencias y los recursos para dar los servicios. Además, hasta dónde se va a llegar con las mancomunidades. Creo que el Gobierno central no quiere mancomunidades. IU pide desde hace tiempo la estructuración de los servicios en base a las comarcas, que rompan el territorio provincial, como se ha hecho con los centros de salud.

 

Habla de comarcas como centro de servicios o de comarcas con un gobierno como El Bierzo.

También hablamos de gobierno, pero no tiene que ser duplicar las estructuras administrativas. Habría que ir a un modelo avanzado. Pero el PP y el PSOE se niegan a hablar de comarcas. Admitieron el término en el Estatuto, pero han renunciado a su definición. IU demanda un modelo de comarcas, menos diputaciones y más municipios.

 

¿Entienden que con ese modelo se mantiene más la población en los pueblos que con la propuesta de la Junta?

Lógicamente, si va unido a recursos económicos, se evitaría la inmigración dentro de la Comunidad y hacia fuera.

 

Es un modelo muy distinto de lo que plantea la Junta y el acuerdo parece difícil.

Con ese modelo, no va a existir el acuerdo con IU. Vamos a trabajar, como hemos hecho en la mesa de ordenación, para que lo que salga sea lo mejor posible para los ciudadanos, pero nosotros no vamos a apoyar el aumento del poder de las diputaciones y vamos a demandar una estructura comarcal, que no tiene que ser incrementar las competencias en diferentes estructuras.

 

¿Considera que hay que dar un giro a las políticas de población, recogidas en medidas en una agenda?

Las políticas de población si no van acompañadas con puestos de trabajo y servicios sociales no sirven, como se viene demostrando con lo realizado en los últimos años en esta Comunidad. Ha habido teóricas potentes inversiones, pero los resultados han traído la pérdida de población en las zonas rurales e incluso en Castilla y León.

 

Entonces se requiere un giro.

Hay que dar un giro total, que tiene que ir hacia recursos al dinamismo económico y para infraestructuras sociales que mantengan la población en las zonas. Lo que está haciendo ahora el PP es contradictorio con los objetivos que se plantea la Agenda de Población. Porque si se cierran centros de urgencias durante una parte del día, estas expulsando a la población.

 

¿Le convence la explicación de que el cierre obedece a la escasa demanda, pero que no se cierran urgencias médicas nocturnas porque existen en los centros de salud?

El PP habla de racionalización de los servicios en salud, en educación. La racionalización no puede ir cargada de austericidio. Quieren hacer coincidir la solución a la crisis y la estabilidad presupuestaria recogida en la reforma de la Constitución con lo que no digo que sea necesaria racionalización. Esos elementos de racionalidad, que eran necesarios, están absolutamente deformados porque el PP sólo se fija en menos gasto público, caiga quien caiga.

 

¿Cuáles son las líneas rojas para IU en la racionalización del gasto?

Son claras: no vamos a apoyar ninguna política ni en Castilla y León ni en el resto del Estado que signifiquen menos derechos para los ciudadanos. Y los derechos fundamentales para nosotros son el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a una vida digna.

 

¿Cuál es su alternativa a las medidas de austeridad? ¿Cree que habrá una marcha atrás en los recortes? 

Todo tiene vuelta atrás. Si las medidas de austeridad y de puesta de lo público a intereses meramente privados, como los financieros, vienen dados por una decisión política, una decisión política puede volverlo atrás. La solución es una política fiscal diferente. Que los que más tienen, más paguen. Y en Castilla y León estarían solucionados los problemas de la población sobre la pérdida de derechos en salud o en educación. He hablado de unas propuestas de IU para recaudar 1.500 millones de euros más de ingresos.

 

¿No es una propuesta exagerada?

No es exagerado. La propia Junta admite que las subvenciones fiscales superan los 1.300 millones de euros. Estamos en contra de cualquier subvención fiscal, porque sólo benefician a los que más tienen. ¿Quién se está comprando una vivienda en Castilla y León en estos momentos? Pues aquel señor que tiene en su bolsillo el dinero para ir y comprar a mano. Ningún trabajador, ningún pequeño empresario puede acceder a un crédito a una hipoteca para comprarse una vivienda porque no se la da la banca. Están invirtiendo los que más tienen y son los que se benefician de esas subvenciones fiscales. No es una cifra exagerada, ni lo ha dicho así la consejera, que lo ha volcado hacia la política fiscal de IU, diciendo que siempre estamos con lo mismo. Siempre estamos con lo mismo porque no es ético desde el punto de vista político y de las personas que 100.000 personas sean beneficiadas sobre 2.300.000.

 

No están entre las 100.000 que se benefician de bonificaciones fiscales las personas con rentas más bajas.

Son los que se benefician de una política fiscal del PP que no quiere tocar la tabla autonómica del IRPF a partir de los 53.000 euros, ni de los 100.000. Que no quiere recuperar la totalidad del impuesto de patrimonio ni del de sucesiones y donaciones, que beneficia las transmisiones hasta 175.000 euros. ¿Qué me digan cuántas personas de Castilla y León tienen capacidad para trasmitir ese valor catastral? Una persona normal que vive de su salario o de una pequeña empresa, no tiene una vivienda con ese valor catastral. O los beneficios fiscales al juego, qué sentido tienen. El PP dice que resguarda el empleo en el sector del juego, pero a cambio está dinamitando el empleo público y el derecho a la salud y la educación. En 2012 se han perdido mil empleos de docentes.

 

Sin embargo, algunas comunidades que han subido el IRPF autonómico han cerrado con más déficit y paro.

La situación de Castilla y León respecto del paro no tiene que ver con el de otras comunidades. En época de “vacas gordas” se mantuvo una tasa de actividad muy baja, igual que en este momento y el porcentaje del paro no puede ser el mismo cuando partes de la misma tasa de actividad que entonces. Hablar del porcentaje del paro en esta comunidad no tiene sentido si no se pone en relación con la tasa de actividad. Ocurre lo mismo con el número de castellanoleoneses registrados en el paro: 230.000 es una verdadera exageración pero si todos los puestos de trabajo que se han perdido y si no hubiesen emigrado y se hubieran registrado, hablaríamos de un mínimo de 275.000 parados.

 

¿No cree que las políticas que defiende aumenten el déficit y el paro?

Para nada. Las políticas que aumentan el déficit son aquellas que no tienen en cuenta la capacidad de ingresos de la Comunidad y aquellas que no generan dinamismo económico.

 

¿Ve algún síntoma de recuperación para este año 2013?

Me gustaría decir que sí, pero no lo vemos por ningún sitio. Soy un optimista histórico, pero no puedo serlo ante la situación económica en Castilla y León. Por mucho que a final de 2013 se pare la sangría de pérdida de puestos de trabajo, de pequeñas y medianas empresas y de población que abandona la Comunidad para hablar de brotes verdes, habría que hablar de inicio de recuperación y eso no va a ser posible con las políticas del PP para todo el Estado y del PP en Castilla y León.

 

¿Cuál es la propuesta de IU para algunos sectores en crisis, como la minería?

Defendemos históricamente que el carbón debe ser un sector estratégico para esta Comunidad. No nos podemos permitir el lujo de que a las comarcas mineras de León las pase como a las de Palencia. El carbón es el 20 por ciento del PIB de León, si esa provincia se encuentra en esa situación de marginalidad, manteniendo el carbón, qué ocurriría si desaparece. Apostamos por el carbón y estamos en una situación de muy difícil retorno por las políticas de los dos partidos mayoritarios en España y en Europa. Se han desaprovechado las oportunidades históricas que hemos tenido en los últimos doce años para afianzar una política en la que el carbón autóctono fuese elemento del dinamismo económico y social de Castilla y León.

 

¿Hay que mantener minas no rentables sujetas a las subvenciones?

Alguien tendrá que explicar qué se considera minas no rentables cuando en estos momentos en otras comunidades hay peticiones de aperturas de nuevas minas. La rentabilidad del carbón autóctono hay que ponerla en relación con el precio del carbón internacional, con el de la energía, con el mix energético y con las centrales térmicas que tenemos, que están preparadas para quemar carbón autóctono.

 

Y para Garoña, ¿qué alternativa plantean?

Nos hemos opuesto históricamente a la existencia de nucleares en España y de Garoña porque entendemos que la energía nuclear pone en riesgo el futuro de la población. La alternativa la venimos exigiendo desde hace mucho tiempo: inversiones públicas y privadas en la comarca donde está Garoña. Inversiones que se tenían que haber iniciado hace mucho tiempo. Hay una hoja de ruta por la que se sabía que cualquier central tiene unos límites en su producción. Ni el Gobierno central, del color que haya sido, ni el autonómico, han trabajado para una alternativa a la población cuando llegase el cierre.

 

Usted ha sido muy critico con la situación del sistema financiero, llevó el asunto a la Fiscalía. ¿Considera que se les dará la razón?

Me siento como alguien que ha cumplido con una obligación que tenía, que era llevar a los tribunales lo que consideramos como una ilegalidad sobre actuaciones que se estaban dando en las cajas de ahorro de Castilla y León. Sigue su trámite. El hecho de que la Fiscalía General del Estado haya asumido lo planteado por el fiscal superior de Castilla y León y que ahora este en manos de Anticorrupción quiere decir que no estábamos equivocados. Esto es positivo desde el momento que consideran que hay indicios de ilegalidad. Lo positivo hubiese sido que IU no hubiera tenido que ir a los tribunales. También es grave que se haya permitido por quienes tenían poder para haberlo evitado que los ahorros de los castellanosleoneses generen dinamismo fuera de la Comunidad y que haya una fuerte pérdida de empleo en el sector y que se deje a muchas localidades importantes sin una oficina financiera.

 

Hay casos que investigan los tribunales, ¿pero no cree que ha faltado la responsabilidad política?

Bien, no entiendo como el PP de Castilla y León, con mayoría absoluta, que gobernaba las cajas de Castilla y León, no ha planteado sus propias responsabilidades políticas o no la ha exigido a aquellos que le representaban en la dirección de las cajas. He pedido la comparecencia del consejero de Economía y Empleo para hablar de cómo va a quedar lo poco que queda del sistema financiero de las extintas cajas de ahorro. Tenemos una gran preocupación con los ahorros de Ávila y Segovia, y de lo que está pasando en Caja España-Duero y los puestos de trabajo.

 

Atribuye la responsabilidad directa al PP por qué sus cargos provinciales no apoyaron el proyecto de una caja única autonómica.

Aquí todas las fuerzas políticas, sociales y económicas apoyamos un sistema financiero fundamentado en una caja para toda la Comunidad. He de hacer historia y recordar que Antonio Herreros ya planteó en las Cortes una única caja. Esa ha sido nuestra apuesta, pero después todos firmamos un documento para plasmar ese proyecto. Quien tenía que llevarlo a la práctica, es quien tiene la mayoría absoluta: el PP, y no lo ha hecho. Ahí, está la responsabilidad.

 

¿Está convencido de que con ese modelo se habrían evitado los actuales problemas de las extintas cajas de la Comunidad?

En IU estamos convencidos que no se hablaría de los despidos en España-Duero y no habríamos hablado de las prejubilaciones que se han dado en época pasada.

 

¿Cree que en este año y medio de procurador ha conseguido que la voz de quienes no la tenían haya entrado en las Cortes, que es uno de sus objetivos?

Era y es un objetivo, no conseguido al cien por cien.

 

¿Qué se lo ha impedido?

El Reglamento que tenemos aquí, que piensa más en el interés bipartidista de la Cámara. Y el ejemplo más claro ocurrió el pasado mes de diciembre cuando el Grupo Mixto no pudo expresar su posición en contra de un proyecto de ley. Es sumamente grave, porque la fijación de postura puede hacer que uno se quede a gusto consigo mismo, pero no es expresar una postura. No figura que el Grupo Mixto esté en contra de ese proyecto, aunque hayamos votado en contra. Un Reglamento bipartidista no permite que la voz de todos los ciudadanos entre en el Parlamento. Ahora sólo tenemos derecho a dos proposiciones no de ley en pleno al año y dos de comparecencia anuales. No ha entrado la voz de la ciudadanía, tal como intentaba y quería, pero eso está en el haber de los partidos mayoritarios. Igual que sólo podemos invitar a cada pleno a una persona. ¡Anda que no hay asientos entre el público!

 

El grupo de trabajo creado para una serie de reformas, entre ellas la del Reglamento, ¿está parado?

El PP y el PSOE se comprometieron conmigo a que antes de terminar junio del 2012 estaría finalizada la reforma del Reglamento. Y nunca más nos hemos vuelto a reunir desde que se aprobaron los cambios en la Iniciativa Legislativa Popular.

 

El portavoz del PP ha invitado a aprobar en lo que se está de acuerdo y aparcar el resto porque entiende que el Grupo Mixto quiere una reforma total.

Eso que ha expresado en un medio de comunicación, en ningún momento lo ha hecho en el grupo de trabajo. Es más, se trabajaba sobre aquello en que se conseguía acuerdos. No puede decir eso, es absolutamente incierto. El grupo de trabajo ahora está muerto, no se ha vuelto a reunir.

 

¿Cómo son sus relaciones con el PSOE? ¿No suman acuerdos?

Hablo del sistema bipartidista. No se me dejo intervenir en diciembre en contra de una ley por un planteamiento del Grupo Socialista en la Junta de Portavoces. Más claro. Estamos convencidos de los acercamientos, si alguien no piensa desde el punto de vista electoral. Si se piensa así es imposible. Estamos abiertos a cualquier acuerdo en base a unas propuestas y al objetivo final. Si la mayor dureza y oposición a la enmienda a la totalidad del Grupo Mixto a la ley de Estabilidad la hace el Grupo Socialista, están en la línea de poner lo público al servicio del déficit y de los grandes intereses financieros.