Piden investigar la atención que recibió la víctima del crimen machista de La Granja

Izquierda Unida Segovia ha remitido este viernes un escrito a la Subdelegación del Gobierno con relación a los posibles errores de protocolo cometidos por las autoridades que dejaron sin protección a Alina Erica, vecina de la localidad de La Granja de San Ildefonso asesinada presuntamente por su ex pareja el pasado sábado.

La organización solicita que se lleve a cabo una investigación sobre la atención que recibió la víctima el día 14 de agosto en el cuartel de la Guardia Civil de La Granja, a fin de aclarar qué falló en la interpretación o aplicación del protocolo de violencia de género y evitar errores de aquí en adelante, según ha informado a través de una nota de prensa.

En su escrito, IU también demanda una revisión urgente de los protocolos de violencia de género, de modo que la persona que se sienta en peligro encuentre protección de manera inmediata y de oficio, sin hacer depender la activación del protocolo de la efectiva interposición de denuncia formal.

Según las informaciones difundidas en los últimos días, el viernes 14  Alina acudió por la tarde al cuartel de la Guardia Civil en La Granja para pedir ayuda y expresar su miedo a su ex pareja, del que se había separado hace un mes y recibido varias amenazas.

Los agentes que se encontraban a la puerta le dijeron que el cuartel estaba cerrado y que podría volver al día siguiente si quería poner una denuncia.

“Desde IU entendemos de suma importancia que se aclare lo sucedido, pues un cuartel de la Guardia Civil no debería dejar de atender a nadie en el momento por acudir fuera de “horario de oficina”, según explican.

Posteriormente, una patrulla se desplazó al domicilio de Alina, quien relató los hechos sin que finalmente hubiera denuncia formal, por lo que no se puso en marcha el protocolo de violencia de género.

IU considera que aquí hubo un fallo, bien del protocolo o bien de su interpretación, puesto que la víctima había mostrado un temor sobradamente fundado.

La activación de la protección no puede depender de la decisión de una persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, sino que debería hacerse de oficio.

La formación señala que “es inadmisible que en numerosas infracciones el procedimiento se inicie de oficio y sirva como denuncia una mera comunicación verbal, y que por el contrario, cuando se trata de violencia de género, se cargue a la víctima la responsabilidad de decidir si inicia o no el procedimiento”.

Izquierda Unida considera que debería iniciarse el protocolo de protección en el momento en que la persona pide ayuda o manifiesta su temor ante cualquier autoridad pública.

Cierto es que un procedimiento penal tiene garantías para la persona denunciada, “pero no nos referimos a las formalidades penales ni a las medidas contra el denunciado, sino a la necesidad de protección de la mujer que se ve en peligro”.

Además, recuerda que la obligación de auxilio de cualquier persona hacia quien necesite ayuda  está recogida en el ordenamiento jurídico.

IU reclama que se garantice que en cada municipio o núcleo de población exista un lugar donde en todo momento pueda acudir cualquier mujer que sufra violencia de género o se sienta en peligro, a fin de asegurar su integridad física y pueda recibir asistencia inmediata por parte de personal cualificado (cuartel de la Guardia Civil, Comisaría, Centro de Salud, CEAS…).

La coalición además pide que las distintas Administraciones Públicas refuercen su trabajo coordinado en materia de violencia de género, teniendo presente la definición de violencia de género o violencia basada en el género, incluida en el Convenio de Estambul, firmado por España.

Por último, la formación exige que se difunda “de forma clara” entre la población dónde pedir ayuda en caso de violencia machista, señalando qué recursos existen y cuáles se recomienda utilizar de forma prioritaria.

Hay que remarcar que, según expresó la propia Subdelegada del Gobierno en Segovia, Lirio Martín, en la provincia se produce más de una denuncia al día por violencia de género, y hay cerca de 180 mujeres que están sometidas a medidas de vigilancia y de protección.

Además, el 80 por ciento de las mujeres asesinadas por violencia de género no había interpuesto denuncia.