Tras la entrada en vigor del Decreto Ley aprobado ayer por el Gobierno regional y que deberá ser convalidado por las Cortes en el mes de marzo, al menos ocho consejeros de Caja Segovia deberán abandonar la entidad y no podrán ser reelegidos. Entre ellos figura el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes; el presidente de la Diputación, Javier Santamaría, y los dos vicepresidentes de la entidad, Manuel Agudíez y Elena García. En esta lista se incluye también el portavoz adjunto del PP en las Cortes, Juan José Sanz Vitorio, y otros miembros como José Pablo Lozoya Martín, Fernando Acebes González y Concepción Monte de la Cruz.
El Decreto Ley aprobado avanza en la profesionalización de las entidades, elimina la presencia de cargos públicos y políticos electos en los consejos de administración de las cajas y endurece la consideración de conflicto de interés que pudiera surgir entre empresarios y la propia administración de la entidad.
Entre las medidas que afectan a la entidad segoviana también cabe destacar que el texto aprobado en Consejo de Gobierno refuerza las mayorías necesarias para que las asambleas generales de una entidad aprueben un proceso de fusión, integración en un SIP o la transformación de la misma en una fundación al pasar de dos tercios de los consejeros generales a cuatro quintos, lo que complica las asambleas de Caja de Ávila y Caja Segovia previstas para el próximo 14 de septiembre que deben dar el visto bueno a su integración en el SIP liderado por Caja Madrid.
Los empresarios con créditos no podrán presidir las entidades
Si analizamos este Decreto Ley obtenemos también importantes conclusiones como que aquellos empresarios con créditos en una caja de ahorro con sede en Castilla y León no podrán presidir la entidad, aunque podrán permanecer en los Consejos de Administración como miembros no retribuidos de los mismos, según se recoge en el Decreto Ley aprobado hoy por la Junta que adapta a la Comunidad la normativa estatal sobre entidades de ahorro. En la práctica, esta disposición afecta al presidente de Caja España, Santos Llamas, que podrá permanecer en el Consejo de Administración de la entidad durante dos años más, pero no podrá optar a la presidencia al serle aplicado el nuevo régimen de incompatibilidades que incorpora el decreto. Del mismo modo, José María Arribas, presidente de Caja de Burgos, en las actuales condiciones, deberá dejar el primer puesto de responsabilidad en marzo, cuando se constituya la nueva asamblea de la entidad, al igual que el presidente de Caja de Ávila, Agustín González, al quedar vetados en los órganos de gobierno de la entidad los cargos públicos en ejercicio.
Conflicto de intereses
Lo más novedoso de la nueva regulación tiene que ver con las medidas establecidas para evitar un conflicto de intereses y que afecta, sobre todo, a la presencia de los empresarios en los órganos de gobierno de las cajas. Con la redacción aprobada por la Junta los empresarios con intereses en las cajas sólo tendrán vedado el acceso a la Presidencia ya que se establece que no podrán asumir ese cargo –que tendrá dedicación exclusiva y es incompatible con cualquier otra actividad- quienes tengan créditos con la entidad. Asimismo, se crea la figura del consejero retribuido, que tampoco podrá tener créditos, avales o garantías con la caja, pero se mantiene el régimen actual para el resto de consejeros, de tal manera que el Consejo de Administración podrá aprobar un préstamo para actividades empresariales a los miembros de este órgano siempre que su presencia en la caja no sea remunerada, es decir, que sólo perciba las dietas por asistencia. Se establece también un límite de permanencia en los órganos de dirección de las cajas de 12 años.
Nuevo reparto de los grupos
El Decreto Ley adapta las disposiciones de la nueva legislación nacional a Castilla y León y reordena el peso de los distintos grupos con representación en las cajas. Así, los impositores crecen un cinco por ciento en representatividad y supondrán el 37 por ciento de los miembros de los distintos órganos de gobierno; las Cortes y Corporaciones municipales ven reducido su peso un cinco por ciento cada una de ellas y tendrán un 16% en el primer caso y un 21 por ciento, en el segundo. Las entidades fundadoras mantienen el cinco por ciento; los empleados el 11 por ciento y las entidades de interés general ganan otro cinco por ciento, que deberá reservarse al Consejo de Diálogo Social, que de este modo entra en la representación de las cajas de ahorro.
Calendario
La nueva norma ha entrado en vigor este viernes, tas su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, Bocyl. Desde ese momento, las cajas tendrán tres meses para adaptar sus estatutos y reglamentos a este decreto, por lo que el 3 de diciembre deberá estar listo. Entonces, la Junta o el Ministerio de Economía deberán dar su visto bueno en un mes, mientras que la nueva asamblea general y los demás órganos de gobierno de las cajas deberán constituirse antes del 3 de marzo. Es en ese momento cuando deberán cesar de sus cargos aquellos miembros de los consejos que incurran en incompatibilidad, bien por ser cargo público o electo, bien por sus intereses empresariales, pero sólo en Caja de Ávila, Caja de Burgos, Caja Segovia y Cajacírculo. Los nuevos nombramientos ya deberán efectuarse atendiendo a los requisitos e incompatibilidades que establece el decreto.
Caja España y Caja Duero
En la entidad que surja de la fusión de Caja España y Caja Duero el calendario es distinto. La norma aprobada por el Gobierno autonómico establece que se mantiene un periodo transitorio de dos años en el que permanecerán los órganos de gobierno pactados en el proceso de fusión. Las incompatibilidades sólo afectarán a aquellos cargos que deban ser nombrados tras la constitución del nuevo consejo de administración, es decir, al presidente y, en su caso, a los vicepresidentes. De este modo, y como la norma entra en vigor mañana mismo, Santos Llamas, el actual presidente de Caja España, no podrá ser el máximo responsable de la entidad fusionada. Asimismo, se veta esta posibilidad a los políticos en activo presentes en el Consejo, aunque podrían serlo si dimitieran de sus responsabilidades públicas, siempre que no hayan tomado decisiones sobre cajas de ahorro. El resto de los órganos de gobierno no se verán afectados por las incompatibilidades hasta el final del periodo transitorio, informa Ical
Con el fin de evitar la proliferación de procesos electorales, el decreto establece también que los miembros elegidos entre enero y febrero para la nueva asamblea en el grupo de corporaciones locales y Cortes prorroguen su mandato hasta después de las elecciones de 2015, lo que supone que no se producirá renovación de los órganos de gobierno tras los comicios de mayo del próximo año. Del mismo modo se retrasan las elecciones a impositores y empleados, que deberían celebrarse en el último trimestre del año para hacerlas coincidir con este proceso, si bien en este caso su mandato se reducirá hasta 2013 para evitar que en el futuro los dos procesos electorales sean simultáneos.
