El concejal de Segovia en Marcha, Guillermo San Juan, lleva años poniendo varias propuestas sobre la mesa que abarcan desde desarrollar ayudas municipales al alquiler para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para frenar la pérdida de población, declaración de zonas tensionadas para comenzar a controlar los precios o aumentar la vivienda pública en nuestra ciudad tanto reclamando a la Junta su desarrollo como llevando a cabo promociones por iniciativa municipal.
Otra de las cuestiones que incide directamente en el desorbitado precio de la vivienda es la proliferación de pisos turísticos, es decir, viviendas destinadas a estancias de carácter turístico de muy corta duración a precios muy elevados, que generan una rentabilidad muy alta a los propietarios, pero supone que la oferta de vivienda para alquileres dirigidos a población estable sea cada vez menor y, por lo tanto, más cara. “El registro de este tipo de pisos turísticos, tanto los habituales como los supuestamente ocasionales, es responsabilidad de la Junta de Castilla y León, pero controlar este tipo de viviendas, que cuenten con los permisos necesarios y se ajusten a las exigencias urbanísticas pertinentes es competencia de los ayuntamientos. En Segovia, el registro oficial de pisos turísticos de la Junta de Castilla y León, o dicho de otra forma, los pisos turísticos que podríamos considerar legales, son únicamente 18. Si hacemos en el día de hoy una búsqueda rápida sólo en una de las plataformas más utilizadas de este tipo de alojamientos, AirBnB, la oferta es de 145 pisos turísticos. Según estos datos, en Segovia hay cinco veces más pisos turísticos que los que tienen registrados las administraciones competentes”, denunciaba San Juan.
El concejal de Segovia en Marcha explicaba además que a la presión al alza en los precios de la vivienda que suponen estos pisos turísticos ilegales se suma el de los alquileres estacionales como al alumnado de la IE, que afecta cada vez a más barrios de la ciudad. “La proliferación de este negocio turístico está perjudicando al sector y, junto a los alquileres IE, está haciendo imposible el acceso a la vivienda para las familias segovianas en cada vez más barrios de la ciudad. En esta situación el gobierno de Mazarías tiene la obligación legal de actuar sobre estas viviendas turísticas, y, además, tiene que tomar partido: o está del lado de los vecinos y vecinas y del interés general, o se posiciona del lado de unos pocos propietarios que se están haciendo de oro saltándose la normativa y haciendo cada vez menos asequible la vivienda en Segovia”, finalizaba San Juan.
