El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mostró hoy su preocupación por un repunte de casos “en una semana o diez días” por la apertura laboral en parte de la construcción y actividades industriales no esenciales que se inicia hoy y que en Castilla y León afecta a unas 200.000 personas. En este sentido, remarcó que no todas las comunidades “tienen la misma situación” y, de hecho, se refirió a la diferencia incluso entre las nueve provincias. “Tenemos que reflexionar sobre esto, porque unas sufren la pandemia de forma más intensa que otras”, comentó.
En este sentido, Fernández Mañueco pidió la convocatoria de una reunión de todos los expertos del Gobierno y las comunidades autónomas que permita poner sobre la mesa los informes de cada uno y flexibilizar acuerdos en torno a la apertura de la economía por el covid-19, uno de cuyos primeros capítulos se escribe a partir de este lunes. “Por eso le pedimos que reúna la comisión de expertos científicos que han recogido el bagaje de cada comunidad y tomar las decisiones en conjunto” para “abrir la economía y que no se hunda mucho el pozo económico”, pero siempre “con garantías de seguridad”.
Así lo señaló durante una entrevista concedida al programa ‘Más de uno’, de Onda Cero, en el que reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “mensajes claros y coherentes”, después de que durante la Conferencia telemática celebrada este domingo el jefe del Ejecutivo argumentara que la decisión de regresar al tajo estuviera avalada por los expertos. “Yo le dije que los nuestros nos han dicho que era recomendable esperar y él contesto que no hay consenso científico. De ser así creo que es mejor esperar y recuperar la normalidad económica, pero hacerlo con seguridad. Y ahí son los expertos los que pueden hacerlo con más claridad”, incidió, en la línea de su rueda de prensa de ayer.
En este sentido, apostó por “mirar al presente y futuro” y consideró que ha habido medidas que “tenían que haberse tomado antes con más decisión y no se tomaron”. “Ya habrá análisis para enjuiciar las decisiones del Gobierno y las comunidades autónomas”, espetó Mañueco, quien no obstante recordó que a quien informó la Organización Mundial de la Salud (OMS) es al Gobierno. “Probablemente todos pudimos haber actuado antes”, mostró autocrítico Mañueco, quien subrayó que su labor ahora es “salir adelante con la máxima seguridad posible, proteger a las personas, la vida, el abastecimiento y, por último, el empleo y actividad económica, “pero con garantías”.
Así, insistió en que antes de iniciar la apertura laboral lo “mejor era haber esperado a que bajaran más los nuevos casos, la ocupación de las UCIs y la hospitalización”.
Además, criticó que la guía de buenas prácticas del Ministerio de Sanidad se entregara el sábado, cuando entra hoy en vigor, mientras que ayer se publicó un BOE por la tarde sobre qué actividades de la construcción que no arrancan este lunes. “Más días, más consenso y agrupar más expertos hubiera sido más beneficioso para la seguridad de los trabajadores y evitar el contagio de otras personas, porque algunas son asintomáticas y estás contagiadas y sin querer se puede propagar el virus”.
Más test
Mañueco aprovechó para reclamar más test PCR y abogó por la puesta en marcha de un carné de inmunidad, como el que propone la Junta desde hace días. “Si los expertos creen que es una prueba válida será óptima para el futuro, para saber si podemos o no contagiar. Es una respuesta de un país moderno, porque la que hemos dado es antigua y atrasada. Necesitamos un esfuerzo de cara al futuro, porque vendrán nuevas oleadas, y hay que dar respuestas del siglo XXI”, apeló.
Igualmente, recordó que cuando la Junta de Castilla y León notó la situación del covid-19 “fue la primera en reclamar al Gobierno medidas duras, algunas de ellas en privado, por lealtad”. Entre ellas, insistió, reclamar el estado de alarma el mismo 14 de marzo.
Por último, abogó por un “esfuerzo de máxima transparencia”, con criterios “homogéneos a la hora de determinar qué fallecimientos lo son por covid-19 o con síntomas compatibles”, como Castilla y León hace con las residencias de ancianos. “Deben tener todos ellos la consideración de fallecidos por coronavirus”, dijo.