La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, criticó el reinicio de las obras del palacio de congresos y exposiciones que se construye en Palazuelos de Eresma a través de una sociedad participada mayoritariamente por la Diputación Provincial. Tras reunirse recientemente con responsables de la Asociación Provincial de Industrias de la Construcción de Segovia (APIC), destacó que “ellos están molestos porque ven falta de transparencia” en el proceso de adjudicación de la segunda fase, “que por cierto” llevará a cabo “una UTE de la que forma parte una empresa vinculada al caso Gürtel”.
Luquero se refería así a Ortiz Construcciones y Proyectos, y “esto hay que decir que preocupa bastante”, señaló en declaraciones a la prensa recogidas por Ical. El Grupo Ortiz, que para este proyecto ha constituido una unión temporal de empresas con Segesa Obra Civil y Edificación, “fue precisamente el que pagó 2,1 millones entre 2006 y 2008 a diversas sociedades vinculadas al entonces diputado del Partido Popular Jesús Merino, que todos sabemos que tuvo que dimitir en relación con este caso”, relató.
“Ésta fue una de las dos empresas que más trabajó con el Ayuntamiento de Pozuelo durante el mandato de (Jesús) Sepúlveda, que sabemos que fue el momento en el que se coció toda la trama Gürtel, o cuando empezó”, prosiguió Luquero, quien de esta manera reafirmó su manifiesta oposición a este proyecto, como ya hiciera su predecesor en la Alcaldía segoviana, Pedro Arahuetes. “Desde el primer momento hemos dicho de forma contundente que estamos en contra de que se destine dinero público a una sociedad que tiene participación privada, y más cuando se nos está diciendo que no hay recursos económicos para abordar por ejemplo el centro de salud de Nueva Segovia o la segunda fase del Campus María Zambrano”.
La primera edil aludió al palacio de congresos como “el incrustado, un nombre que le aplicó en su momento Javier Giráldez”, el concejal de Empleo y Nuevas Tecnologías, y que calificó de “muy apropiado” por considerarlo “una mala solución para cubrir los problemas de una sociedad que está en concurso de acreedores”, dijo sobre Segovia 21 que, concretamente, se encuentra en preconcurso. “Estamos en contra y la opinión de más de 13.131 ciudadanos que firmaron en contra (en una consulta popular convocada por el Consistorio segoviano) nos avala”, incidió.
“Si a esta postura en contra se une una adjudicación que plantea dudas, que se tacha de oscurantista por parte de la asociación de empresarios de la construcción de Segovia, y que una de las empresas adjudicatarias en UTE ha estado vinculada a la trama Gürtel, no es una buena noticia que empiecen las obras”, resumió Luquero.
