Los procuradores de las Cortes de Castilla y León sin dedicación exclusiva perciben una media de 1.800 euros mensuales por su asistencia a las sesiones de plenos y comisiones, más el kilometraje. Son 66 los que cobran dietas de un hemiciclo de 84 parlamentarios. Los que se conocen como liberados, es decir con nómina del Parlamento, forman un grupo de 18 en esta legislatura, uno de cinco. En el caso de los socialistas no llega integra la cantidad, pues su grupo les retiene sobre un 15 por ciento para funcionamiento interno. Los que perciben retribución fija son dos menos que en la anterior legislatura, al optar el PP por no cubrir las dos plazas a las que tiene derecho.
El Parlamento de Castilla y León es, junto con el de La Rioja, el único que no tiene extendida la dedicación exclusiva y funciona con dietas y un grupo de liberados, que se encargan del día a día de la institución, desde su constitución en 1983. Los procuradores con sueldo son los cinco miembros de la Mesa de la Cámara (tres PP y dos PSOE), los portavoces y viceportavoces de los grupos (tres PP, tres PSOE y dos Mixto) y cinco procuradores rasos (dos PP y tres PSOE). Entre 2006 y 2012, la retribución de la Presidencia se ha reducido casi un 25 por ciento, mientras que el salario de los miembros de la Mesa y portavoces ha descendido un 12, 35 por ciento.
Las Cortes destinan este año 1.528.708 euros en concepto de ‘indemnización por razón del servicio’ de los que 1.344.580 euros van a dietas y 184.128 euros a locomoción, lo que representa un descenso del 20,6 por ciento respecto al anterior año, y para el año 2013 la cuantía bajará otro 3 por ciento. La partida de sueldos de altos cargos se eleva a 1.464.000 euros, que se mantiene invariable en las cuentas que se han presentado para 2013, en las que el capítulo de dietas se rebaja en 44.580 hasta 1.300.000 euros.
La indemnización que percibe un parlamentario por su asistencia a las sesiones depende del número de convocatorias. Con carácter general, las Cortes celebran dos plenos al mes, que se desarrollan en dos jornadas cada uno. En total 18 plenarios al año, en nueve meses. Además de dos comisiones permanentes al mes de cada materia, que se corresponden con las nueve consejerías de la Junta. Sin embargo, esta actividad decae en los meses de enero, julio y agosto, que son los de vacaciones parlamentarias y sólo se convocan sesiones extraordinarias por motivos de actualidad, como la Diputación Permanente, o urgencia, la agilización de alguna ley.
La dieta por asistencia es de 180 euros y 0,20 céntimos por kilómetro, cantidades congeladas desde hace años, según fuentes parlamentarias. De esta manera, la media tipo al mes de un procurador no liberado suma los dos plenos mensuales, en dos jornadas cada uno, 720 euros, y las tres comisiones que se reúnen dos veces, 1.080 euros, según los datos consultados por Ical. La mayoría de los parlamentarios pertenece a tres comisiones, que en esta legislatura se han reducido, igual que las consejerías, si bien luego están las de Estatuto, Procuradores, Procurador del Común y Reglamento, cuyas sesiones son menores. También su coste porque tienen en su composición más miembros liberados, como es el caso de las de Estatuto y Reglamento.
Este esquema general tuvo una variación este año. El mes de julio, que es oficial de vacaciones, se convirtió en uno de los de más actividad. La Cámara le habilitó para la celebración de comisiones para rematar los presupuestos y para dos plenos, el de la aprobación de las cuentas de 2012, que la Junta había retrasado por primera vez, y la celebración del debate sobre el estado de la comunidad.
La tramitación de dos presupuestos este año hace que el protagonismo recaiga en la Comisión de Hacienda, la única que tradicionalmente preside un procurador del Grupo Socialista. Así, esta comisión se ha reunido en lo que va de año en 24 ocasiones, a las que se suman las celebradas en octubre, así como en noviembre y diciembre para analizar las nuevas cuentas de 2013. Cada sesión de la Comisión de Hacienda cuesta una media de 1.980 euros, ya que en ella participan 11 no liberados, de sus 14 componentes.
En lo que va de legislatura se han celebrado 190 comisiones. Detrás de Hacienda han seguido por número las sesiones de las de Sanidad, Fomento y Medio Ambiente, Educación, Presidencia, Economía y Empleo, Cultura y Turismo y Economía y Empleo. De manera excepcional, la Comisión del Procurador del Común computa tres reuniones, ya que este año se reeligió al defensor de los ciudadanos castellanos y leoneses, cuya propuesta eleva al plenario este órgano.
Conforme al número de componentes liberados y no liberados que forman cada comisión, su gasto cada vez que se reúne es de 2.160 euros Presidencia; 1.980 euros Hacienda; 2.520 euros Agricultura y Ganadería; 2.340 euros Fomento y Medio Ambiente; 2.520 euros Economía y Empleo; 1.980 euros Sanidad; 2.160 euros Educación; 2.520 euros Familia e Igualdad de Oportunidades: 2.700 euros Cultura y Turismo.
Austeridad y volumen de trabajo
En el caso del kilometraje, cuya cantidad no varía en las cuentas para 2013, depende el lugar del que se traslade el parlamentario. Los 184.128 euros destinados a este gasto no tienen una división lineal. No es igual quien reside en Valladolid o Palencia que quienes se trasladan desde puntos periféricos de la Comunidad. Hasta las Cortes llegan procuradores de Arcos de Jalón (Soria), Villarcayo (Burgos), Béjar (Salamanca), Guardo (Palencia), Toreno (León), Ponferrada (León), El Tiemblo (Ávila) o Guijuelo (Salamanca). Desde Arcos de Jalón a Valladolid el parlamentario Jesús Ángel Peregrina (PP), alcalde de esa localidad, hace 525 kilómetros. Es quien más distancia recorre para acudir a las sesiones de la Cámara.
Este esquema mixto (dietas y reducido número de liberados) tiene sus defensores y detractores. En las filas del PP se destaca la austeridad, sin que merme la participación, como valor. Por el contrario entre parlamentarios y exparlamentarios socialistas y de otros partidos de la oposición se opina que no es igual el volumen de trabajo y competencias de hace 20 años que ahora. Además, se ha quitado en la reforma del Estatuto de Autonomía la limitación de 120 días hábiles al año.
Algunos procuradores que son profesores, médicos o enfermeros han tenido problemas para acudir a las sesiones, con la dificultad de que los alumnos o pacientes pasen a otro profesional o bien se queden sin la atención por falta de sustituto, según han comentado algunos de ellos. Quienes rechazan este sistema, recuerdan que la Cámara está poblada de funcionarios, que tienen más fácil pedir permiso sin que peligre su empleo. Una novedad en esta legislatura es el número de alcaldes que son procuradores, diez, de los que nueve lo son por parte del Grupo Popular.
