La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) otorgó hoy un 6,95 al servicio sanitario público de Castilla y León, lo que supone casi un notable. Además, los usuarios consideraron «regulares» los niveles de asistencia, con 87 puntos de los 130 posibles, frente los 98 que consiguió la sanidad de el País Vasco o los 97 de Navarra, informa Ical.
Los ciudadanos dan a la sanidad de Castilla y León casi un notable, en concreto del cero al diez, obtiene una nota de 6,95. El porcentaje de personas que opinan que la atención sanitaria funciona bien o bastante bien se eleva al 76 por ciento y el 74,3 por ciento tienen una percepción buena respecto a la atención recibida durante la pandemia.
El informe dado a conocer hoy revela que en el ranking de comunidades con mejor sanidad, Castilla y León ocupa el sexto lugar en 2021, y bajó un puesto, ya que en 2019 ocupaba el quinto lugar.
Desde el año 2004 desde la Fasdsp se realizan informes sobre la situación sanitaria en las comunidades autónomas, debido a la preocupación ante la posibilidad de que la finalización de las transferencias sanitarias en 2001 hubiera producido un aumento de las desigualdades entre los servicios sanitarios de las mismas y por lo tanto el acceso a una atención sanitaria de calidad por parte de la población.
Asimismo, en cuanto al presupuesto sanitario per cápita 2021 en la Comunidad se sitúa en 1.817,94, solo superada por Asturias que invierte 1.949. Respecto a las camas de hospitalización se sitúan en 2,7 por cada 1.000 habitantes y cuenta con 0,1 quirófanos por cada 100.000 habitantes.
El informe recoge que cuenta con 2,03 profesionales médicos de atención especializada por cada 1.000 habitantes y de enfermería la cifra se eleva hasta los 3,53. Además, los profesionales de atención primaria por cada por cada 1.000 habitantes se elevan a 1,12.
En Castilla y León se hicieron 22,89 cesáreas y 1.098 intervenciones quirúrgicas al año; y el coste del alta hospitalaria se sitúa en 941,76 euros.
El gasto farmacéutico en Castilla y León es de 285,86, solo superada por Extremadura y Asturias. La lista de espera quirúrgica se eleva a 161 y la lista de espera para especialista está en 127.
La Federación calificó de «serio» problema, la falta de transparencia de las administraciones sanitarias, que no ha mejorado de manera significativa a pesar de la aprobación de una autodenominada ley de Transparencia, de manera que el acceso a los datos del funcionamiento del sistema sanitario público sigue siendo muy difícil para la población y los investigadores.
«Es una vergüenza y un atropello que los datos de la Sanidad Pública, que se financia con los impuestos de la ciudadanía, continúen secuestrados, una responsabilidad que por supuesto comparten el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas», destacó.
Con la crisis económica se produjo un proceso de recortes que afecto a todas las comunidades autónomas, aunque en medida distinta. El resultado fue un deterioro importante en los recursos, especialmente en los humanos, y en las infraestructuras, mientras de manera paralela se incrementaba el proceso privatizador que ya estaba presente en la mayoría de ellas.
«Aunque en los cinco últimos años se ha producido un aumento presupuestario, este ha ido dirigido de mayoritariamente al incremento del gasto farmacéutico (29 por ciento entre 2014 y 2020) y a las privatizaciones. Bien es cierto que los presupuestos sanitarios para 2021, en las comunidades en las que se han aprobado, es decir todas menos Madrid, Cataluña y Murcia, han incrementado notablemente los mismos, superando los existentes previamente a la crisis económica anterior», destacó.
Estos recortes se evidenciaron sobre todo en los recursos humanos disponibles (los trabajadores sanitarios) que han sufrido una disminución general aparte de un notable empeoramiento de sus condiciones de trabajo, pero también en el funcionamiento del sistema sanitario, especialmente en lo que respecta a las listas de espera, que han empezado a generalizarse de forma preocupante en Atención Primaria (el 34,7 por ciento de la población señala que le citan en AP con más de seis días de demora) por lo que la opinión de la ciudadanía sobre el mismo ha empeorado.
