Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) de Castilla y León movilizan 6,6 millones de euros, gracias a las aportaciones de las administraciones públicas, empresas y particulares, para impulsar 25 proyectos que benefician a más de 121.0000 mujeres y niñas de países del Tercer Mundo. Proyectos que se desarrollan en países como India, Tanzania, Bolivia, Guatemala, Mozambique, El Salvador, Perú, y Senegal, entre otros, que tratan de ayudar en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 para disminuir la desigualdad de género.
Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo de Castilla y León (Coodecyl) ha elaborado una publicación digital -titulada ‘Aliadas violetas’- con los 25 proyectos impulsados por las asociaciones de la Comunidad en el Tercer Mundo, aunque también hay algunos en España con las campañas de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.
Las ONGD subrayaron que los rostros de la pobreza y la desigualdad son «mayoritariamente» femeninos. No en vano, precisaron que las mujeres sufren las peores consecuencias de la emergencia climática, las sequías y otras crisis medioambientales pero también padecen las hambrunas, las crisis económicas y las políticas. También señalaron el impacto de los conflictos en mujeres, adolescentes y niñas. Y es que añadieron que las más jóvenes sufren la doble discriminación por género y edad.
Según la información consultada por la Agencia Ical, los 6,6 millones de euros que permiten sacar adelante los proyectos en países de América (Bolivia, Colombia, Haití, Guatemala, Perú, El Salvador, República Dominicana, Ecuador) y África (Tanzania, Burundi, Ghana, Mozambique y Mauritania), además de India y Bangladesh están apoyados, principalmente por las administraciones de la Comunidad como la Junta de Castilla y León, diputaciones (Valladolid) y ayuntamientos (Burgos, Segovia y Valladolid) pero también de otras instituciones públicas de otras autonomías y donantes particulares, sin olvidar los fondos propios de las propias ONGD.
La Junta de Castilla y León ha cofinanciado, junto al Ayuntamiento de Madrid, los cerca de 500.000 euros del proyecto de Ongawa (Ingeniería para el Desarrollo Humano) para beneficiar a 5.200 mujeres y niñas de tres mancomunidades del norte de Tanzania para que pueden ejercer su derecho humano al abastecimiento del agua y al saneamiento.
También está detrás de los 374.000 euros del proyecto de Cruz Roja España para la mejora de las condiciones de seguridad alimentaria y desarrollo socioeconómico de 1.500 familias de Tanzania, con el objetivo de mejorar las condiciones y desarrollo de la población masái de en el distrito de Simanjiro de la región de Manyara. También los 242.000 euros del proyecto de SED (Solidaridad, Educación, Desarrollo) las huertas familiares gestionadas por mujeres y huertas ecoeducativas para el autoconsumo en zonas periurbanas de los municipios de El Alto y Achocalla (Bolivia).
El Ejecutivo autonómico aporta, junto a la Diputación de Ciudad Real, parte de los 141.000 euros para llevar a cabo la iniciativa de Proclade en India, que consiste en la construcción de 67 viviendas para mujeres dalits en Villupuram.
El Ayuntamiento de Burgos apoya el proyecto de la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), dotado con 58.000 euros, en cuatro municipios del Salvador (Zacatecoluca, Olocuilta, San Luis Talpa y San Pedro Masahuat) para fortalecer la prevención y la atención de las mujeres víctimas de la violencia de género.
Pero no solo hay administraciones por que el Club Rotario de Burgos ha recaudado 60.000 euros para crear una cooperativa de mujeres en riesgo de exclusión (maltratadas, viudas de guerra, abandonas y niñas) en el poblado de Buhoro, en Burundi. El proyecto pretende beneficiar a un centenar de mujeres con una granja para 500 poyos, un molino para moler grano y fabricar harina, un sistema de placas solares fotovoltaicas para la granja y la plantación de una hectárea de soja, patatas, plátanos y piñas.
Salud, educación y alimentación
Coodecyl subrayó que la pandemia del COVID y las numerosas crisis asociadas han puesto de relieve que la cooperación es una política «estratégica» para apoyar a las poblaciones que más sufren sus consecuencias. De ahí que muchos de los proyectos apuesten por la salud, la educación y la alimentación. «Son cruciales para construir sociedades más inclusivas y coherentes con el desarrollo sostenible, la igualdad, los derechos humanos, la democracia y el trabajo decente», expuso. En definitiva, el objetivo es construir un mundo más justo, inclusivo y sostenible para que las mujeres superen las brechas de desigualdad.
