Tras ocho jornadas de fase oral, el juicio de la prejubilaciones de Caja Segovia quedó ayer visto para sentencia con los informes finales de los cuatro abogados de los seis exdirectivos y exaltos cargos de la entidad que se han sentado en el banquillo, para quienes solicitaron la absolución  de los delitos de administración desleal y apropiación indebida, además de pedir a los tres magistrados de la Audiencia Provincial la condena en costas a las acusaciones de la Fundación Caja Segovia y de Izquierda Unida.

El primero en tomar la palabra en esta última sesión fue Jesús Tovar, abogado de la exvicepresidenta y exresponsable del Comité de Retribuciones  de la entidad financiera, Elena García Gil, que sostuvo que su cliente no cobró prejubilación alguna  y que además no se ha probado que hubiera “el ánimo” o “un acuerdo de voluntades” entre los cargos de la Caja para favorecer a los directivos, también acusados, Manuel Escribano, Antonio Tapias y Enrique Quintanilla.

Sobre el debate abierto por la representante del Ministerio Fiscal, que Tovar adjudicó a los medios de comunicación, sobre que las prejubilaciones pueden ser “amorales” pero “legales”, el letrado sostuvo que “la legalidad no oculta la inmoralidad” porque de hecho “la legalidad tiende, en el Estado de Derecho, a la moralidad” y es importante, reclamó, “cuidar estos hechos”.

Jesús Tovar defendió que ningún exdirectivo “ha cobrado más” de lo que se derivó del acuerdo firmado y no hubo daños para la Fundación Caja Segovia, reiterando que, en los últimos años de la entidad financiera, con beneficios entre los 33 y los 35 millones de euros, la Obra Social y Cultural, recibió entre ocho y diez millones de euros al año. El abogado defensor resaltó que justo antes de la integración en el SIP, en 2010, con 16 millones de beneficios, se dotó a la Obra Social con 7,7 millones de euros, casi el 46,5 por ciento del total.

Para Tovar, el contrato de integración de Caja Segovia en el BFA-Bankia deja muy claro que el dinero de las dotaciones del plan de prejubilación “nunca se hubiera quedado” en la Fundación sino que “hubiera ido a BFA” y ésta es “la realidad probada” mientras que todo los demás “son elucubraciones”, por lo que reclamó una sentencia absolutoria porque “no se ha probado el perjuicio económico”.

Pinchar en hueso

En el mismo banquillo que García Gil, el expresidente y el exvicepresidente de Caja Segovia, Atilano Soto y Manuel Agudíez, escucharon el informe final de su abogado, Joaquín Rodríguez, que utilizó un símil taurino para afirmar que las acusaciones “han pinchado en hueso” durante todo el juicio oral de las prejubilaciones. Al letrado de IU, Alberto López Villa, le dijo que “no se lo tomara a mal” pero que se había equivocado de toro porque el tribunal “no es un mitin ni una sede parlamentaria”.

Al abogado de la Fundación, Rafael Yturriaga, le espetó que se quedó sin perito financiero, que no se presentó a la vista oral, porque “se hubiera puesto colorado” al tener que defender lo que decía su informe. Para Rodríguez, los testimonio de los exconsejeros dejaron claro que tuvieron toda la información a su disposición, que nadie les negó las aclaraciones que solicitaron, y que la actas eran “fidedignas”, reflejando lo que había ocurrido.

Mala fe y temeridad procesal

Como ya anunció en la elevación de las conclusiones finales, Luis Rodríguez Ramos, abogado defensor del exdirector general y del exsecretario general de Caja Segovia, Manuel Escribano y Antonio Tapias, afirmó que las acusaciones particular y popular ha operado con “mala fe procesal” y “temeridad” por intentar “sostener una argumentación insostenible”.

El último letrado en intervenir fue Fernando Polo, en defensa del exdirector de Recursos Humanos, Enrique Quintanilla, que igualmente pidió la libre absolución, al no determinar el importe apropiado y que “no se ha justificado retracción de cantidad alguna”. Para Polo, las acusaciones no han hecho “ninguna precisión concreta” y “estamos en la vía penal” y no en un juicio por delito societario. Al igual que el resto de las defensas, aseguró que los acusados sí han sido “ajusticiado públicamente” y que a su cliente “no han podido reprocharle nada”.